La advertencia de Moody's sobre el gasto rígido que interpela a Uruguay y a las potencias de la región

"Las altas y rígidas necesidades de gasto están complicando la consolidación fiscal en muchos países de América Latina y el Caribe. El gasto obligatorio legalmente vinculante y el gasto difícil de reducir desde el punto de vista político o social limitan la flexibilidad presupuestaria y dificultan que los gobiernos reduzcan los déficits, estabilicen la deuda y respondan a shocks", afirma el informe de la calificadora de riesgo Moody's titulado "La rigidez del gasto y la polarización política limitan las perspectivas de consolidación fiscal", que incluye a Uruguay.

La calificadora recuerda que "los ratios de deuda aumentaron en 14 de los 18 soberanos entre 2019 y 2025, y la mediana subió al 55% desde el 45% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo cuatro registraron ratios de deuda/PIB inferiores en 2025 respecto de 2019, incluyendo Argentina y Ecuador (calificación de Caa1 con perspectiva estable), que reestructuraron parte de su deuda en 2020. Nueve soberanos registraron cargas de deuda equivalentes al menos al 60% del PIB" (Uruguay entre ellos, donde el ratio deuda/PIB aumentó nueve puntos).

"Estos niveles iniciales de deuda más elevados reducen la capacidad de los gobiernos para absorber futuros shocks y aumentan la importancia de mejoras duraderas en el balance primario para estabilizar o reducir la deuda", añadió el reporte.

Moody's evalúa que "la mayoría de los soberanos ha reducido sus déficits fiscales desde el shock de la pandemia, pero los balances proyectados para 2026 de varios gobiernos, como Brasil, México y Colombia, siguen siendo más débiles que los balances requeridos para estabilizar sus cargas de deuda. La comparación entre administraciones públicas puede subestimar el ajuste necesario a nivel del gobierno central, especialmente cuando los gobiernos locales o los sistemas de seguridad social registran superávits, como ocurre en Colombia y Panamá (Baa3 negativa). Incluso los gobiernos cuyos balances ya superan los niveles de estabilización de la deuda podrían requerir una mayor consolidación para reducir la deuda y reconstruir el espacio fiscal en relación con 2019, en lugar de limitarse a estabilizar la deuda en su nivel actual".

El informe señala que "la capacidad de lograr una consolidación fiscal duradera dependerá cada vez más de la composición y la flexibilidad del gasto público. La elevada carga de la deuda aumenta la relevancia crediticia de las decisiones de ajuste porque las medidas demoradas o temporales afectarían las necesidades de financiamiento y limitarían las mejoras en la asequibilidad de la deuda. Los ajustes basados en el gasto pueden imponer un costo menor al crecimiento que las medidas basadas en los ingresos cuando la carga de la deuda es alta en comparación con la propia historia del gobierno, según López y Malagón (2026) en “Fiscal Adjustments in Latin America: The Role of Composition and Public Debt”. La misma investigación concluye que los ajustes basados en el gasto tienen más probabilidades de producir mejoras duraderas en el balance primario. Sin embargo, este beneficio depende de la capacidad de los gobiernos para reducir el gasto sin depender desproporcionadamente de recortes a las inversiones de capital que apoyan el crecimiento ni generar presiones políticas y sociales que reviertan el ajuste".

Por otro lado, "los bajos ingresos gubernamentales limitan el margen para el ajuste fiscal en gran parte de América Latina y el Caribe, y las restricciones estructurales reducen la confiabilidad de las medidas basadas en ingresos. La alta informalidad empresarial y laboral, las exenciones fiscales y la evasión fiscal limitan la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos de forma duradera. Las medidas de ingresos también pueden generar una menor reducción del déficit si conducen a compromisos adicionales de gasto. En Colombia y México, los gobiernos centrales o federales deben compartir una parte de su recaudación tributaria con los gobiernos locales (lo que se conoce como participaciones), lo que significa que los aumentos cíclicos de los ingresos o los ingresos adicionales derivados de las reformas tributarias no benefician plenamente los esfuerzos de consolidación de las administraciones centrales. Por lo tanto, el efecto crediticio depende no solo del aumento anunciado de los ingresos, sino también de si se produce una mejora sostenida del balance primario y la trayectoria de la deuda", añade el reporte.

"El aumento del gasto público desde 2020 ha ampliado el desafío de ajuste para la mayoría de los soberanos de la región, aunque la durabilidad y la flexibilidad de este aumento varían según el país. El gasto de las administraciones públicas aumentó alrededor del 4,6% del PIB en Colombia y alrededor del 4% del PIB en El Salvador (B3 positiva) y en Bahamas (Ba3 estable) al comparar los períodos. El gasto aumentó alrededor del 2% del PIB en Chile (A2 estable), México y República Dominicana (Ba2 estable). Es necesario distinguir el gasto corriente permanente, los costos de intereses y las medidas temporales para determinar en qué medida los gobiernos pueden revertir este aumento y si la consolidación mejoraría la fortaleza fiscal sin debilitar el crecimiento a mediano plazo", sugiere la calificadora.

Según el reporte, "la composición del gasto público determinará en gran medida si los soberanos pueden realizar el ajuste necesario para estabilizar la deuda", ya que "una proporción elevada de gastos obligatorios o difíciles de reducir limita las opciones para cerrar las brechas fiscales, particularmente cuando la movilización de ingresos también es acotada".

"Por lo tanto, los gobiernos pueden retrasar la consolidación o recortar los gastos de capital, lo que puede generar ahorros a corto plazo, pero debilita la inversión pública y el crecimiento a mediano plazo", agrega.

La calificadora recuerda que "las estructuras de gasto son muy rígidas en gran parte de la región, lo que limita la capacidad de los gobiernos para ajustar el gasto en respuesta a shocks fiscales y económicos. Los sueldos y salarios, los pagos de intereses, y los subsidios y otras transferencias corrientes representaron, en promedio, el 77% del gasto de los gobiernos centrales de 18 países en 2024. Brasil tuvo la mayor proporción de gasto rígido, de alrededor del 97% en 2021-2024, seguido de Argentina con el 90%, Costa Rica (Ba2 estable) con el 89%, Colombia con el 87%, y Uruguay (Baa1 estable) con el 83%. La rigidez de Brasil refleja principalmente su amplio sistema de subsidios y transferencias, combinado con altos costos de intereses. Las transferencias también representan una gran parte del gasto en Argentina, Colombia, Uruguay y México, mientras que los pagos de intereses contribuyen en mayor medida a la rigidez en Costa Rica, Bahamas, El Salvador y Colombia, aunque el gobierno colombiano pudo reducir sus pagos de intereses en aproximadamente un 1,5% del PIB en 2025 mediante operaciones de gestión de pasivos y cambios contables relacionados".

Moody's advierte que "una elevada proporción de gastos de capital puede sobrestimar la flexibilidad presupuestaria. Algunos gastos de capital están vinculados a obligaciones contractuales, incluyendo pagos asociados con asociaciones público-privadas. Las transferencias de capital a gobiernos subnacionales, empresas estatales y otras entidades públicas también pueden resultar difíciles de reducir. Por lo tanto, los gobiernos pueden tener menos margen para ajustar los gastos de capital de lo que implica la clasificación agregada".

El informe indica que "la restricción derivada de la rigidez del gasto es mayor cuando una elevada proporción de gasto rígido coincide con un volumen total de gasto también elevado. El gasto de la administración pública en Brasil promedió alrededor del 44% del PIB en 2021-2025, y las categorías rígidas de gasto del gobierno central absorbieron prácticamente todo ese gasto. Uruguay y Trinidad y Tobago (Ba2 estable) también combinan un gasto de alrededor del 30% o más del PIB con un porcentaje de gasto rígido superior al 80%. Esta combinación deja una gran parte del ingreso nacional comprometida con gastos que son difíciles de reducir. Por el contrario, el gasto del gobierno general de Guatemala promedió alrededor del 14% del PIB en 2021-2025 y su proporción de gasto rígido fue inferior al 70%. El menor volumen de gasto de Guatemala limita el monto absoluto disponible para recortes de gastos, aunque su composición parezca más flexible. Argentina muestra una dinámica diferente. Su muy elevada proporción de gasto rígido refleja en parte la compresión del gasto de capital y de otros gastos discrecionales tras un importante ajuste fiscal, más que una expansión del gasto rígido".

Esa composición del gasto rígido, según el reporte, "ha cambiado desde la pandemia. En toda la muestra, los sueldos y salarios cayeron hasta un promedio del 4,9% del PIB en 2024 desde el 5,1% registrado en 2019, lo que sugiere que la masa salarial no fue la principal fuente del aumento regional de la rigidez. La mayoría de los países registraron un gasto salarial estable o más bajo tras los aumentos temporales durante la pandemia. La estabilidad general del gasto salarial no indica necesariamente flexibilidad, porque los gobiernos aún pueden enfrentar restricciones legales, contractuales o políticas para reducir el empleo público y la remuneración. Los mecanismos de indexación salarial pueden ejercer presión al alza sobre las masas salariales y los pagos de pensiones de los gobiernos".

"Además, las disposiciones legales también pueden contribuir a aumentos persistentes de la masa salarial. Las llamadas 'leyes especiales' en Panamá, que determinan los aumentos salariales para los trabajadores públicos de salud, educación y seguridad, en ocasiones han implicado que los salarios aumenten más rápido que el PIB nominal", añade.

Moody's analiza que "los pagos de intereses y las transferencias representan la mayor parte del aumento del gasto rígido posterior a la pandemia, particularmente porque estos soberanos han procurado fortalecer su capacidad de financiamiento interno. El gasto promedio por intereses aumentó al 2,9% del PIB en 2024 desde el 2,5% en 2019. Debido a que los pagos de intereses no pueden reducirse mediante decisiones presupuestarias anuales ordinarias, este incremento reduce directamente los recursos disponibles para otros gastos y para el ajuste fiscal. El promedio de subsidios y otras transferencias corrientes también aumentó al 9% del PIB desde el 8,4% en 2019".

"Ecuador, México y Panamá registraron aumentos persistentes en esta categoría, y el incremento de Panamá en 2024 reflejó en parte la cancelación de atrasos por parte del nuevo gobierno. Por otro lado, muchos otros países mantuvieron el gasto en transferencias por encima de los niveles anteriores a la pandemia, incluso después de que disminuyeran los máximos relacionados con la pandemia", afirma.

"El incremento de las proporciones de gasto rígido refleja distintas combinaciones de un mayor gasto comprometido y cambios en el gasto de capital. En Bahamas, Chile, Colombia y Uruguay, el gasto rígido aumentó, mientras que el gasto de capital se mantuvo en general estable o aumentó, lo que indica una mayor carga subyacente del gasto comprometido. En Argentina, Ecuador y Honduras (B1 estable), la reducción del gasto de capital fue la principal razón del aumento de la rigidez, lo que indica que los gobiernos redujeron la parte más ajustable del presupuesto. Sin embargo, entre los 18 países, Argentina registró el mayor ajuste acumulado y este se logró principalmente a través de la reducción del gasto rígido. La República Dominicana, Panamá y Paraguay (Baa3 estable) experimentaron un aumento del gasto rígido y una disminución del gasto de capital. Los factores impulsores fueron más variados en Costa Rica y Trinidad y Tobago, mientras que las proporciones de gasto rígido no aumentaron considerablemente en Brasil, El Salvador y Guatemala", agrega.

El informe indica que "la rigidez del gasto no refleja plenamente las restricciones fiscales de los gobiernos porque tanto el gasto comprometido como el ajustable pueden ser ineficientes o estar mal asignados. El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que los recortes generalizados del gasto pueden debilitar la inversión pública y los resultados sociales, mientras que una mejor focalización, asignación, contratación pública y prestación de servicios pueden permitir que los gobiernos obtengan resultados similares o mejores con menos recursos. Mejores prácticas de contratación pública, una mayor transparencia en los contratos públicos y el uso de inteligencia artificial para monitorear el gasto público también pueden contribuir a reforzar la eficiencia del gasto".

"Por lo tanto, mejorar la calidad del gasto puede moderar el crecimiento futuro del gasto, liberar recursos para nuevas demandas de política pública y reducir la dependencia de recortes a la inversión productiva. Las mejoras sostenibles de la eficiencia respaldarían la fortaleza fiscal si los gobiernos pueden implementar las reformas y preservar los ahorros resultantes en lugar de transformarlos en nuevos compromisos de gasto", asegura.

Según Moody's "la polarización política probablemente ralentizará la reforma del gasto obligatorio en Brasil y Colombia, lo que limitará el ritmo de la consolidación fiscal. El riesgo es mayor porque ambos gobiernos requieren ajustes fiscales considerables para estabilizar la deuda, mientras que gran parte de sus gastos se rigen por disposiciones legales o constitucionales. Una reforma limitada dejaría menos margen para mejorar los balances primarios a través de medidas de gasto duraderas e indicaría una menor eficacia de la política fiscal si las divisiones políticas les impiden a los gobiernos cumplir sus objetivos fiscales a mediano plazo".

"Ambos gobiernos han comprometido previamente los gastos mediante asignaciones específicas de ingresos, transferencias obligatorias y gasto social indexado. Modificar estos compromisos suele requerir reformas legislativas o constitucionales y un amplio respaldo político. Gran parte del presupuesto discrecional restante también es difícil de ajustar porque incluye programas sociales consolidados y, en el caso de Brasil, enmiendas parlamentarias", añade.

"En Brasil, la polarización política previa a las elecciones presidenciales de octubre y la ausencia de una mayoría en el Congreso dificultarán los acuerdos sobre reformas estructurales del gasto. Brasil ya había obtenido apoyo político para las reformas fiscales, pero las divisiones actuales aumentan el riesgo de que las futuras medidas sean más limitadas o tarden más en aprobarse. Un avance limitado en la reducción del gasto obligatorio restringiría la mejora del balance primario y prolongaría el aumento de la carga de la deuda. También haría que el gobierno dependa más de medidas de ingresos o recortes en la porción discrecional más reducida del presupuesto, lo que haría que el ajuste fiscal fuera menos duradero", advierte la calificadora.

"En Colombia, el estrecho resultado de las elecciones presidenciales de junio de 2026 y una legislatura dividida políticamente complicarán la formación de coaliciones necesarias para aprobar las reformas fiscales. Esperamos que estas restricciones limiten lo recortes del gasto en relación con la agenda del gobierno entrante y retrasen el progreso hacia el ajuste fiscal necesario para estabilizar la deuda. El crecimiento continuo del gasto legalmente obligatorio y políticamente sensible dejaría menos margen para mejorar el balance primario mediante la restricción estructural del gasto, lo que aumentaría el riesgo de que la deuda siga aumentando e indicaría una capacidad más débil para implementar la política fiscal a mediano plazo", alerta Moody's.

El informe expresa que "Perú y Paraguay tienen una mayor capacidad para absorber shocks porque combinan estructuras de gasto más flexibles con menores cargas de deuda y marcos de política fiscal consolidados. La carga de la deuda pública de Perú rondó el 30% del PIB en 2025, y su historial de disciplina fiscal ha dejado margen para responder a shocks políticos y externos recurrentes. La adhesión de Paraguay a su ley de Responsabilidad Fiscal ha mantenido la deuda en torno al 41% del PIB en 2025, y esperamos que la deuda se mantenga estable en torno al 37% a mediano plazo. Estos colchones fiscales reducen la necesidad inmediata de reformas del gasto amplias y políticamente difíciles. Sin embargo, la baja base de ingresos de Paraguay aún limita la flexibilidad presupuestaria general, lo que demuestra que la flexibilidad del gasto por sí sola no determina la capacidad de un gobierno para ajustar la política fiscal".