Redacción El País
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) comenzó el proceso de reuniones de cara altratamiento parlamentario del proyecto de ley de su reforma. Ayer se reunieron con los diputados frenteamplistas Sebastián Valdomir, Gabriel Otero, Ana Olivera y Lucía Echeverry para informarles sobre el contenido del proyecto y aclarar algunas dudas.

Según explicaron desde la Cjppu, estas reuniones se llevarán a cabo con todos los partidos y ya solicitaron ser recibidos por los presidentes del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Virginia Romero, presidenta de la caja, sostuvo que el objetivo de las reuniones “es explicar el fundamento para las distintas propuestas”.

“Tenemos algunas divergencias y algunas cosas que quisiéramos fueran diferentes con respecto a lo que planteó el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de los timbres. Solicitamos un pequeño aumento en algunos de los ítems de los timbres profesionales, que el Poder Ejecutivo consideró no debían integrar la propuesta en el proyecto y estamos explicando por qué creemos que los timbres, que son un recurso genuino y que paga exclusivamente quien usa los servicios profesionales, podrían tener un aumento que contribuiría a la baja del déficit que tiene la caja”, indicó la presidenta en línea con lo que había señalado en entrevista con El País el pasado martes.

En cuanto a la situación de los jubilados, Romero dijo que “desde el principio” la propuesta planteada por la caja “contenía una contribución pecuniaria de los afiliados pasivos”.

“Siempre manifestamos que de esta situación salimos todos. Todos pertenecemos al colectivo de la Caja de Profesionales, tanto los afiliados activos que van a tener un aumento en su tasa de aportación, como los afiliados pasivos que van a tener la tasa de contribución pecuniaria y también va a haber un aporte del Estado”, sostuvo Romero.

En ese marco, afirmó que con el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) no alcanza. “El IASS que pagan los afiliados son unos US$ 40 millones al año, mientras que el presupuesto mensual de la Caja equivale a US$ 42 millones mensuales. Entonces, el IASS no sería suficiente para paliar el déficit. Sí podría ser algo que ayudara, pero el Poder Ejecutivo dijo que el IASS que pagan los jubilados y pensionistas de la caja no va a quedar en las arcas del instituto”, agregó Romero.

En cuanto a la información que se difundió por grupos minoritarios de asociaciones de profesionales de que los declarados en no ejercicio tendrán que aportar, Romero aclaró que no es correcto.

“Eso fue una desinformación que surgió hace una semana. Esa opción ya fue descartada en el mes de abril de 2022. Y se malinterpretó el ar-tículo 68 de la Ley 17.738, porque el Poder Ejecutivo lo que hace es limitar el gasto de administración que se cobra en el caso de que la persona venga a declarar el no ejercicio fuera de plazo o en el caso que la persona venga a cambiar de estado: de ejercicio a no ejercicio. O al revés en un período menor de un año. Es exclusivamente en esos casos. Una persona que viene y declara no ejercicio en plazo no tiene que pagar nada”, sostuvo.

En cuanto a la reunión con el Frente Amplio, Romero dijo que tomarán en cuenta los planteos y ahora tendrán que discutirlo con la bancada para ver los pasos a seguir.

En cuanto al acotado plazo de discusión del proyecto, Romero opinó que es algo que “perjudica”. “Por eso nosotros estamos en todo momento disponibles y así lo hemos manifestado porque los tiempos apremian”, consideró.