Redacción El País
El pasado viernes se presentaron dos proyectos de ley en el Parlamento, uno con el cometido de reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y el otro la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), ambos acordados con sus respectivos directores, según dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Según se definió en el proyecto ingresado, los profesionales en no ejercicio deberán pagar un "costo por gasto de administración" que se deberá abonar cada vez que el profesional declare el no ejercicio, "es una vez y ya está, salvo que la persona vuelva a aportar y luego vuelva a declarar el no ejercicio", explicó Mieres, en Primera Mañana (Azul FM).

Además, dijo el ministro, ese monto "está topeado" en base a lo que representaría "un mes de aportación de la primera categoría" en el entorno de $ 2.000.

Mieres explicó que el anteproyecto presentado por el directorio de la Caja de Profesionales en diciembre planteaba el incremento de los "gravámenes" por servicios profesionales, como son los timbres. "La caja proponía un aumento significativo y desde el Poder Ejecutivo se estimó que no había razón para cargar a todo el resto de la ciudadanía", sostuvo.

Foto: Darwin Borrelli (Archivo)

Según el ministro, la Caja de Profesionales tiene como problema ser una caja de trabajadores independientes "lo que hace más arduo el problema del financiamiento" en la medida en que los trabajadores no tienen aporte patronal, por lo que el proyecto entrado plantea un incremento del aporte del profesional, así como la asistencia financiera del Estado.

"Pretendemos que las dos cajas construyan con estos proyectos de ley el puente que les permita transitar hacia el régimen previsional común", planteó el ministro. Para esto, deben hacerse "cambios que son más gravosos pero que permiten la sostenibilidad", explicó el ministro. Ya que establece el incremento del porcentaje de los honorarios fictos del 16,5% al 19%, con esta base, la "recuperación" tomaría un plazo de entre 10 y 15 años "para luego empalmarse con las reglas de juego generales del sistema, que es lo que se votó en la ley de reforma" de la seguridad social.

"En la medida en que haya necesidad de incrementar el aporte de los activos, el Estado va a entregar su asistencia financiera una vez por año", dijo el ministro y planteó que el tope de esta asistencia es de US$ 50 millones anuales a aplicarse a partir de 2025 para "garantizar la continuidad de la caja".