Ecuador intensificó la guerra que desde hace más de dos años el presidente Daniel Noboa declaró al crimen organizado, impulsada ahora con el apoyo de Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” presentado recientemente por Donald Trump junto a varios mandatarios de América Latina.
Esto ha derivado en algunos bombardeos en zonas fronterizas de Ecuador con Colombia que han llevado ahora al presidente colombiano, Gustavo Petro, a denunciar impactos en territorio de su país.
A inicios de marzo, pocos días antes de la cumbre de Trump con presidentes latinoamericanos para presentar el “Escudo de las Américas” contra los carteles del narcotráfico, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos anunciaron una operación militar conjunta en territorio ecuatoriano contra organizaciones criminales transnacionales.
Días después, aseguraron haber bombardeado un campamento en territorio ecuatoriano de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin detallar qué tipo de soporte logístico u operativo había brindado Estados Unidos.
En paralelo, las Fuerzas Armadas de Ecuador han puesto en marcha en los últimos días una ofensiva contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, con bombardeos incluidos a campamentos usados para estas actividades, también promovidas por el crimen organizado.
Ayer martes precisamente se desarrolló un operativo en el sector de El Chical, ubicado en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia.
Cerca a la frontera con Perú, el reporte del Gobierno es de al menos 129 campamentos de mineros ilegales y 94 bocaminas destruidas en nueve días de operaciones en el Parque Nacional Podocarpus, una de las mayores reservas naturales de Ecuador, donde han usado artillería pesada con lanzamisiles portátiles.
Del 15 al 30 de marzo el presidente ecuatoriano Noboa ha decretado un toque de queda nocturno en cuatro provincias del país particularmente impactadas por las actividades criminales y la violencia, lo que incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que es a su vez su principal motor económico.
La medida rige entre las 23.00 y 5.00 hora local y únicamente permite la circulación de militares, policías y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento de ser arrestada cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de reportar o seguir las operaciones de las fuerzas estatales.
Aparentemente, durante el toque de queda el Gobierno quiere destruir posibles “guaridas” de las organizaciones criminales en esas jurisdicciones, como inmuebles usados para almacenar droga, pero no ha aclarado cuál es el objetivo exacto de las operaciones.
Las dos primeras noches se han saldado con algunas detenciones de miembros de bandas criminales.
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