AFP, EFE
A Nicolás Maduro le apareció una nueva voz que no cree que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela sean “una narrativa”, como dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Esa voz es la del actor George Clooney.
La Fundación Clooney para la Justicia presentó esta semana una denuncia ante un tribunal federal argentino para que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
La Fundación Clooney fue creada por el actor y su esposa, Amal, una reconocida abogada defensora de los derechos humanos.
“Las evidencias presentadas por CFJ (Fundación Clooney, por sus siglas en inglés) apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas a la oposición política del gobierno” de Maduro, dice un comunicado de esta organización.
La denuncia apela al principio de justicia universal que permite enjuiciar crímenes de lesa humanidad en tribunales de otros países, independientemente del lugar donde se hayan cometido.
“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, sostuvo Yasmine Chubin, directora de asesoramiento jurídico de la iniciativa The Docket de la Fundación Clooney.
“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó Chubin.
Esta denuncia fue respaldada por Amnistía Internacional. “La justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos”, sostuvo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, año en que se realizaron masivas manifestaciones opositoras cuya represión por fuerzas militares y policiales dejó más de un centenar de muertos.
La denuncia presentada por la Fundación Clooney ante la justicia argentina se basa en los antecedentes de otros casos ya aceptados bajo el principio de justicia universal, como la investigación de crímenes del franquismo en España y más recientemente los crímenes de guerra del ejército de Birmania sobre la minoría musulmana rohinyá.
Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela fueron motivo de polémica en la reunión de presidentes sudamericanos que Lula organizó en Brasilia a fines de mayo.
El día antes de esa cumbre, el presidente brasileño recibió a Maduro, le dio su apoyo y dijo que las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela eran “una narrativa”.
“Usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, de la antidemocracia, del autoritarismo”, dijo Lula.
Esto llevó a que los presidentes Gabriel Boric de Chile y Luis Lacalle Pou de Uruguay salieran al cruce de Lula. Boric dijo que no eran una “narrativa” sino una “realidad seria”, y Lacalle Pou que no se puede “tapar el sol con un dedo”.
La polémica llegó a la Casa Blanca, en Washington. El gobierno de Estados Unidos criticó a Lula por su posición sobre Venezuela. “Podemos tener un debate sobre las políticas de sanciones, sobre cómo promover el diálogo, pero tenemos que identificar las cosas como son”, señaló el principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, al ser preguntado por la prensa sobre los comentarios de Lula.
González celebró la “valentía” de Boric y de Lacalle Pou por refutar la perspectiva del presidente brasileño. Esos dos mandatarios, consideró González, han recordado “a todo el hemisferio que hay ciertos principios por los cuales muchos en la región han muerto por defender”.
“Y no podemos ver esos temas como relativos (...), son absolutos”, apuntó el asesor sobre Latinoamérica de la Casa Blanca.
238 presos políticos del régimen chavista
En Venezuela hay 283 presos políticos, dos menos que la semana pasada, aseguró ayer miércoles la ONG Foro Penal. A través de su cuenta de Twitter, la organización indicó que, del total de presos políticos, 130 son civiles y 153 militares.
Además, el Foro Penal detalló que, de los 283 presos, 263 son hombres y 20 mujeres. Por otra parte, afirmó que 120 detenidos han recibido condenas y 163 están a la espera de una decisión de un tribunal. “Desde 2014 se han registrado 15.796 detenciones políticas en Venezuela”, recordó la ONG.
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