O Globo (GDA)
Gabriel Boric tiene 37 años. Es el presidente más joven de Sudamérica. Cuando nació, en febrero de 1986, Luiz Inácio Lula Da Silva ya iniciaba su segunda campaña electoral.
A juzgar por la experiencia de cada uno, el brasileño tendría lecciones que enseñarle al chileno.
Pero esto no fue lo que sucedió en la cumbre de Brasilia. Frente a una decena de jefes de Estado, Boric desmanteló el discurso de Lula sobre Venezuela.
Al final del encuentro, resumió el tema en ocho palabras: “No es una construcción narrativa. Es una realidad”.
Lula hizo bien en restablecer relaciones diplomáticas con Caracas. Pero cometió un gran error al relativizar el autoritarismo en el país vecino.
Nicolás Maduro sofocó a la oposición, amordazó a la prensa y produjo un éxodo de 7 millones de refugiados. Sus abusos han sido documentados por las Naciones Unidas y son investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.
El presidente de Brasil sabe todo esto, pero prefirió presentar a su aliado como víctima de “narrativas”.
“El prejuicio contra Venezuela es muy grande”, dijo Lula. “Nuestros opositores tendrán que disculparse por el daño que hicieron en Venezuela”, enmendó.
Boric no fue el único en cuestionar las declaraciones de Lula. Los presidentes de Uruguay (Luis Lacalle Pou), Paraguay (Mario Abdo Benítez) y Ecuador (Guillermo Lasso) también aprovecharon la cumbre para condenar al régimen de Maduro.
Las críticas del presidente chileno llamaron más la atención porque es un político de izquierda. A pesar de ello, se negó a hacer la vista gorda ante los excesos en Venezuela.
Ayer Lula tuvo la oportunidad de corregirse, pero insistió en negar los hechos. Incluso exigió respeto a la “soberanía” venezolana, como si criticar a un autócrata equivaliera a faltarle el respeto al país al que somete.
Lula aseguró que no puede evaluar la situación de Venezuela porque hace diez años que no lo pisa.
Bastaba leer el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, firmado por otro socialista chileno. En el texto, Michelle Bachelet acumula casos de “detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas” contra críticos de Maduro.