Keiko Fujimori inició ayer martes su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años, anunciando que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en el salario mínimo.
La mandataria afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por la improvisación”, con una ineficiencia estatal estimada en 11.750 millones de dólares al año.
“Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo”, expresó Fujimori, que se comprometió a ceñirse a su mandato de cinco años, “ni un año más”, ante el temor de sus opositores a que pueda buscar perpetuarse en el poder.
Anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, con medidas como dar a los militares el control de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, así como una reforma del sistema penitenciario.
“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, dijo la mandataria durante su discurso de investidura en el Congreso.
La gobernante añadió que los militares deberán trabajar con la Policía Nacional “hasta restablecer plenamente la seguridad” en el país.
Fujimori sostuvo que su Gobierno va “a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas”.
“Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, remarcó.
Fujimori adelantó que “la lucha no será únicamente contra el delincuente común”, sino que también irá “tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”.
La mandataria anunció que, para cumplir con esos retos, su Gobierno emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas, además de coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público “para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias”.
En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
El sociólogo David Sulmont dijo a la AFP que “si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando” el problema de la inseguridad rápidamente, “puede erosionar su legitimidad y popularidad”.
Ante la inestabilidad, Fujimori propuso este martes acercamientos con las fuerzas políticas de oposición. “Tendamos puentes de diálogo”, señaló.
Aunque Fujimori tiene la bancada más numerosa en el Congreso, los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.
Fujimori también manifestó su compromiso con el orden fiscal y la libertad de prensa, a la vez que llamó a la reconciliación, pero sin hacer mención a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022, cuya liberación exige la izquierda peruana y el excandidato presidencial Roberto Sánchez para reconocerla como presidenta.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.
Mientras Keiko Fujimori asumía el gobierno, cientos de personas protestaron en el centro histórico de Lima contra la nueva presidenta.
Los manifestantes se concentraron frente al Palacio de Justicia, a pocas cuadras de la sede del Congreso. Posteriormente se dirigieron hacia la céntrica Plaza San Martín, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, donde se reportaron enfrentamientos con la Policía.
En la manifestación participó el excandidato izquierdista Roberto Sánchez, quien disputó la segunda vuelta presidencial con Fujimori, y quien sigue sin reconocer la victoria de su rival electoral.
“Soy capaz de reunirme con cualquier diabla, con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y si ahora es la ocasión que así sea”, sostuvo.
Además de la inseguridad, Fujimori anunció durante su discurso que su otra prioridad a corto plazo será la prevención frente al fenómeno El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos estiman que será el más intenso y devastador desde 1998.
“Implementaremos un plan de contingencia nacional (...) que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, con la rápida ejecución de obras, dijo la presidenta.
El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina.
Si no responde “de manera eficiente” para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, “eso va a generar un descontento social fuerte”, advirtió a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
EFE, AFP
Bono a las micro y aumento del 15% del salario
Keiko Fujimori anunció en su discurso de investidura que aumentará un 15% el salario mínimo, que pasará de 1.130 soles (331 dólares) a 1.300 soles (382 dólares). “Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, dijo. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, indicó. La novel presidenta afirmó que la reforma del Estado no será suficiente para transformar el país “si no va acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal”, ya que la estabilidad fiscal “es la condición necesaria para crecer”.
Boicot de la izquierda en el Congreso
Un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó ayer martes el Congreso de Perú segundos antes de que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, iniciara su discurso a la Nación justo después de haber asumido el cargo, mientras permaneció en silencio hasta que se marcharon del hemiciclo. “Justicia para las víctimas”, gritaron los parlamentarios de partidos de izquierda como Juntos por el Perú y Ahora Nación que vestían de negro en recuerdo a las víctimas de represión a las protestas antigubernamentales de los últimos años y durante el Gobierno del padre de la nueva presidenta, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000). Este grupo de congresistas llevaba además un lazo negro en su banda parlamentaria y algunos portaron imágenes de víctimas fallecidas en protestas y en masacres cometidas en el Gobierno de Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. Justo después de que Fujimori y sus vicepresidentes juraran sus cargos y antes de que la nueva presidenta comenzara su discurso, los parlamentarios abandonaron la Cámara Baja del Legislativo. “Frente a un Gobierno que no representa un nuevo comienzo, sino la continuidad de un modelo que ha deteriorado nuestra democracia y ha servido para blindar a los responsables del sufrimiento de nuestro pueblo, nuestra bancada se retira hoy del hemiciclo”, indicó el diputado Ernesto Zunini, secretario general del partido izquierdista Juntos por el Perú.
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