Días después de pactar con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el sorpresivo retorno del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, y mientras repite gestos de distensión con la administración de Donald Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela acelera en su intento por retornar a los foros regionales, en especial al Mercosur. Un pedido de retorno progresivo que promete generar controversia dentro del bloque, que expulsó al régimen chavista en agosto de 2017 por quebrar la cláusula democrática que rige entre sus socios.
Se trata de una jugada que miran de reojo en el gobierno de Javier Milei, de tenso vínculo con el régimen que sucedió a Nicolás Maduro, capturado y preso en los Estados Unidos.
El primer paso lo dio la Asamblea Nacional de Venezuela, que encabeza Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta a cargo, que la semana pasada designó a sus representantes en el Parlasur, el parlamento del Mercosur, y otros organismos como el Parlatino, el Parlamento Amazónico y el Indígena y Afrodescendiente.
Desde el parlamento del Mercosur, reunido el pasado lunes en Córdoba, se aprobó la creación de una comisión, encabezada por el legislador paraguayo Rodrigo Gamarra, para generar un acercamiento con la delegación venezolana. “En la medida en que Venezuela recompone el vínculo con EEUU, también es razonable un acercamiento con el Mercosur”, afirmó al diario La Nación el legislador peronista Gabriel Fuks (UP), autor de la moción para la creación de la comisión.
La movida en el Parlasur tuvo un correlato inesperado. El senador brasileño Chico Rodrigues, del Partido Socialista (PSB), presentó allí un proyecto de declaración para “apoyar la apertura de un proceso político e institucional vinculado a la reversión de la suspensión de Venezuela del Mercosur”.
En su argumentación, Rodrigues destaca “medidas recientes adoptadas por aquel país”, como “la liberación de presos políticos, la recomposición del diálogo nacional y el fortalecimiento institucional, que indican un proceso gradual de normalización democrática e inserción de Venezuela en el escenario internacional”.
¿Será una señal del apoyo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva? Desde Itamaraty afirmaron a La Nación que “no hay posición oficial” sobre el asunto, y adjudicaron la presentación del proyecto a “una iniciativa personal” del legislador Rodrigues. Desde el kirchnerismo, en tanto, evaluaron que “Lula va a impulsar el regreso de Venezuela” como modo de “compensar” su veto al ingreso de ese país a los Brics, en respuesta a la promesa incumplida de Maduro de mostrar las actas de las elecciones de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por el gobierno libertario, la mayoría de los países occidentales y la oposición al chavismo.
Distinta es, a priori, la postura del gobierno libertario, que si bien sostiene un alineamiento sin peros con Trump, tiene cortado el vínculo con el chavismo.
Sin criticarla de modo directo, el jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno reconocieron en entrevistas recientes que Delcy Rodríguez negoció con la AFA el retorno del gendarme Gallo porque no pensaba darle el triunfo político al Gobierno. El Presidente (Javier Milei), en tanto, saludó el regreso de Gallo, sin criticar a Rodríguez ni mencionar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
A modo de señal, el legislador macrista Nicolás Simone, cercano al hoy embajador libertario ante la Unión Europea (UE), Fernando Iglesias, sostuvo en la reunión de Córdoba que habría que aguardar que Venezuela volviese a llevar a cabo elecciones presidenciales, como paso previo a la discusión sobre su reincorporación al bloque regional. “Es una situación incómoda, están suspendidos pero tienen el apoyo de Trump”, reconoce una fuente oficial.
La postura del Gobierno coincide con la de la oposición venezolana, hoy con María Corina Machado como cabeza visible. “Solo habrá paz en Venezuela con libertad y solo habrá libertad con democracia”, dijo Machado, y afirmó que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, fue “parte medular fundamental de la estructura criminal del régimen de Maduro y Chávez”.
Desde los gobiernos y las cancillerías de los cuatro socios principales del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia aún sin ser miembro pleno) prefirieron no sentar una posición definitiva.
“No hay ninguna señal en esa dirección, ni es parte de la agenda del Mercosur por ahora”, dijeron desde la sede central del bloque, en Montevideo. Y se apoyaron en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, aprobado en 1998, que asigna fuerza de ley a la cláusula democrática y establece suspender del bloque a los “Estados signatarios que no respeten los preceptos democráticos”. La discusión recién está comenzando, y promete generar más debate. Jaime Rosemberg - La Nación (GDA)
Posición de EE.UU. por YPF
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un memorándum en respaldo de la moción de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de producción de pruebas en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, informó la Procuración del Tesoro de Argentina. Según el organismo, el escrito apoya el pedido realizado por el país el pasado 6 de marzo para frenar temporalmente la etapa de producción de documentos, denominada ‘discovery’ (descubrimiento), posterior a la sentencia en la causa que se tramita en tribunales de Nueva York.
En esa moción de emergencia, Argentina solicitó la suspensión del proceso de obtención de pruebas, del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Justicia afirmó que el procedimiento de ‘discovery’ en curso “resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”. El organismo estadounidense advirtió, además, que este tipo de requerimientos judiciales dirigidos contra Estados soberanos pueden “generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos”.
El memorándum señaló -según la Procuración- que los tribunales deben considerar el interés público y los posibles efectos sobre las relaciones exteriores, y que en ese contexto corresponde “otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior”.
La intervención del Departamento de Justicia se produjo ante un pedido de sanciones y desacato presentado por los demandantes del caso, encabezados por el fondo de financiación de litigios Burford Capital, en el marco del juicio por la nacionalización de YPF.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.
En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles US$ 16.100 millones -que, con intereses, asciende a US$ 18.000 millones- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por Argentina. EFE
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