Estados Unidos ha accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas.
“Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”; anota el documento legal publicado el viernes.
Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior. Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por ende, pedía desestimación del caso.
El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., el matrimonio ya no representaba “una amenaza para la seguridad nacional”.
Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Se espera que el juicio no comience hasta dentro de uno o dos años.
Embajada
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, con quien espera continuar el trabajo de normalización de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 y restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Maduro.
En la reunión se encontraban el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.
La reunión se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, donde previamente Rodríguez recibió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien anunció un plan para combatir las economías ilegales en la frontera común.
En la cuenta en X de la embajada, Barrett dijo que conversó con Rodríguez “sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases” (estabilización, recuperación y transición) para “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”. El diplomático sustituye a la diplomática Laura Dogu, nombrada en enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas. En la cuenta en X de la embajada, Barrett aseguró que seguirá “implementando el plan de tres fases” de Trump.
Por su parte, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró a EE.UU. su disposición a trabajar en conjunto por la transición democrática en Venezuela, tras saludar la llegada de Barrett.
Luego de la captura de Maduro, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye que Venezuela y Colombia acuerden una cooperación militar contra las “mafias”.
Colombia y Venezuela acordaron efectivamente establecer una cooperación militar contra “mafias” que operan en su porosa frontera, en un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez esta semana que marcó la primera visita presidencial a Venezuela luego del derrocamiento de Maduro en enero. EFE, AFP
El pedido de reforma de una Ley de Amnistía “con fallas”
La ONG Comité por la libertad de los presos políticos (Clipp) propuso ayer sábado que se reforme la Ley de Amnistía para corregir “sus fallas” e incorporar la voz de los comités de víctimas, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmara que la norma “llega a su fin”. En un comunicado en X, la organización planteó modificar la legislación para que “cumpla con los estándares de justicia, reparación y garantías de no repetición”, en un proceso en el que, pidió, se incorpore a las víctimas, ONG y organismos internacionales. “En su defecto, (proponemos) algo más simple y urgente: que se ordene la liberación de todos los detenidos por razones políticas”, afirmó. La ONG afirma que las contradicciones del chavismo demuestran “un juego perverso de manipulación comunicacional”, así como “la falta de coherencia institucional” con relación a la amnistía. Y reiteró que esta norma se ha aplicado “de forma limitada, excluyente y revictimizante”. EFE
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