Papeles para salir de las sombras: calculan que en España residen unos 840.000 inmigrantes de forma irregular

El último informe del centro de análisis Funcas señala que la cifra de inmigrantes sin papeles, en su mayoría de América Latina, se ha multiplicado por ocho en los últimos nueve años.

Manifestación de inmigrantes irregulares en España.
Manifestación de inmigrantes irregulares en España.
Foto: EFE

La mayoría no llegan en una patera, sino en un avión. Y no figuran en las listas oficiales. Cientos de miles de los extranjeros que residen en España de forma irregular están condenados a hacerlo en las sombras, limpiando casas, cosechando la fruta que se come Europa y poniendo ladrillos.

El Gobierno busca regularizar de manera extraordinaria, con un real decreto que apruebe el Consejo de Ministros, a todos aquellos que puedan acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten, que no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales.

El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a unas 840.000. La mayoría procedentes de América Latina: de Colombia, Perú y Honduras.

Un informe del centro de análisis Funcas, publicado esta semana con datos de 2025, señala que la migración irregular en España se ha multiplicado en los últimos años. El documento afirma que la población extracomunitaria en situación irregular es hoy ocho veces mayor a la que vivía en 2017 en nuestro país: de unos 107.000 a 840.000. Las cifras estimadas las obtienen a partir de las cifras oficiales de población, como el padrón, menos las de todos los que tienen algún tipo de permiso de residencia.

La gente camina fuera de una oficina de empleo del gobierno en el centro de Madrid el 3 de enero.
La gente camina fuera de una oficina de empleo del gobierno en el centro de Madrid.
Foto: AFP

La realidad es que cuando se habla de ofrecer permisos de trabajo de manera extraordinaria, fuera de los cauces burocráticos habituales, las personas a las que va dirigida esa medida son en su mayoría inmigrantes que ya viven en España sin derechos básicos.

Cientos de miles de personas que entran en la rueda de la miseria: sin ingresos legales es muy difícil encontrar una vivienda, deben buscarse la vida para inscribirse en el padrón, acreditar que viven en España y poder acceder algún día a una regulación ordinaria. El sistema los convierte en invisibles.

La dinámica ordinaria para regularizar su situación en el país obliga a muchos de ellos a vivir un “largo periodo en la irregularidad” antes de conseguir la regularización administrativa, “de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada”, explica Funcas en su informe.

No es la primera vez que en España se ha hecho algo así. Concretamente, se ha llevado a cabo en nueve ocasiones anteriores, desde 1986 hasta 2005. En esos años, los gobiernos de diferentes signos han dado papeles a más de un millón de personas. La primera regularización extraordinaria de inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia en España fue impulsada en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González. El único requisito: acreditar una estancia anterior al 24 de julio de 1985.

Una persona entra a la sede de la oficina de extranjería en España
Una persona entra a la sede de la oficina de extranjería en España
Foto: EFE

Después vinieron otras dos, para las que se exigía, además de comprobación de residencia, una oferta “regular y estable” de empleo y ser familiar o dependiente de los que habían sido regulados. En total, en esos años obtuvieron sus papeles más de 150.000 personas.

José María Aznar impulsó después otros tres procesos de regularización extraordinaria (1996, 2000 y 2001), que otorgó permisos a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares hasta la fecha. En sus ocho años al frente del Gobierno, Aznar facilitó los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Poco después de su llegada al Gobierno, Zapatero promovió la última gran regularización extraordinaria en 2005. En un proceso abierto durante cuatro meses, los inmigrantes en situación irregular debían acreditar su estancia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o más y 40 horas semanales. 576.506 personas se acogieron a la medida.

“Desde entonces, se ha confiado, en buena medida, en el arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como una especie de regularización extraordinaria continua”, resume Funcas. “Este mecanismo, aunque ha prevenido hasta ahora la aparición de volúmenes de población en situación irregular de magnitud similar a los previos a 2005, no ha conseguido, como revela nuestra nueva estimación, evitar los importantes crecimientos que se producen en periodos de abundantes llegadas”.

Un bote cargado de inmigrantes africanos navega por el mar Mediterráneo frente a las costas de España
Un bote cargado de inmigrantes africanos navega por el mar Mediterráneo frente a las costas de España
Foto: EFE

Las estimaciones del centro apuntaban, antes de conocer la noticia de la regularización extraordinaria de este Gobierno, a que la tendencia migratoria era de un crecimiento de la población en situación irregular de unas 90.000 personas al año. “Es decir, si la dinámica reciente continuara entre 2025 y 2027, la cifra de irregulares aumentaría en 270.000″, señala el informe. “Restando de esta cifra el extra de permisos por arraigo esperado por el Gobierno (258.000 en tres años), se deduce un aumento hipotético de 12.000 extranjeros en situación irregular, que alcanzarían la cifra total de 852.000. Es decir, tendría lugar una estabilización, más que una reducción”, concluían según sus hipótesis.

Los datos sobre los migrantes irregulares que viven en España, según el organismo, muestran que la mayoría procede de América, unos 760.000. Y destaca los de nacionalidad colombiana (cerca de 290.000), peruana (casi 110.000) y hondureña (90.000). A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000). Elena Reina - El País de Madrid

El papel del inmigrante en mercado laboral

La población extranjera en España fue la protagonista del fuerte avance del mercado laboral en los últimos años en el país, con cuatro de cada diez nuevos empleos creados, uno de los factores que permitió a España mantener cifras de crecimiento económico por encima de la media europea. La población migrante en España supone una “gran fuerza laboral” con casi un millón más de afiliados desde antes de la pandemia, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lamenta que algunas personas trabajen “en condiciones de informalidad o precariedad administrativa”.

Unos 2,2 millones de los 3,57 millones de ocupados extranjeros actualmente llevan siete años o más en España, trabajan principalmente en el sector servicios (2,5 millones) y proceden en su mayor parte de América Latina (1,5), seguidos por los de la Unión Europea (987.100), el resto del mundo (851.500) y el resto de Europa (257.300). EFE

Inmigrantes irregulares llegan a tierra firme. Foto: EFE
Inmigrantes irregulares llegan a tierra firme en un puerto de Murcia, España.
Foto: EFE
decreto del gobierno

Regulación masiva de inmigrantes

¿Quién se beneficia?
Todos quienes estén en situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran la petición antes de esa fecha. Otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales.

¿Cómo acreditar?
Los que quieran beneficiarse de la regularización podrán demostrar que han vivido el tiempo necesario en España con su inscripción en el padrón municipal, aunque no solo: también podrán aportar documentos como un informe médico, un contrato de electricidad o de alquiler de vivienda o un certificado de envío de dinero.

Derechos adquiridos
La autorización inicial será de permiso y de residencia, válida para todo el país y en cualquier sector. El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero con la mera admisión de la solicitud, que se resolverá como mucho en 15 días, los inmigrantes podrán empezar a trabajar desde el primer día.

¿Y después?
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años en el país o por otros vínculos con España. Además, la medida permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de edad de los solicitantes que ya se encuentran en España. En este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

Cuándo se solicita
La previsión es que puedan empezar a presentarse las solicitudes a principios de abril próximo, una vez tramitado y aprobado el real decreto por el Gobierno, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Hay antecedentes?
Existen antecedentes de grandes regularizaciones migratorias en España desde finales de los años ochenta del siglo XX; además, se llevaron a cabo por Gobiernos de signo político diferente.

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