El gobierno británico afirmó ayer viernes que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales del área de las islas Malvinas, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido. La respuesta británica llega luego de que el presidente argentino Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas.
La iniciativa prohíbe el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires y eleva la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión. La Casa Rosada también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró ayer viernes la Cancillería británica en un comunicado. “Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto. Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.
Como había anticipado La Nación, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres. “En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
Por otro lado, el proyecto de ley enviado al Congreso establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación”, lo que despertó las alarmas entre los defensores de la libertad de expresión.
Con el artículo 111 del proyecto legislativo, el gobierno busca establecer penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
También para quienes “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. Las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto de ley presentado por el Gobierno traspasa las fronteras de la soberanía y la seguridad, y supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión”.
Por eso, pidió al Congreso revisar el artículo “para no ocasionar un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público”.
Sorpresivo anuncio sobre Groenlandia
En un anuncio que generó sorpresa en medio del tenso vínculo que Estados Unidos mantiene con sus aliados europeos, el presidente Donald Trump anunció ayer por la noche un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a la Casa Blanca el “control permanente de la seguridad y otras necesidades” del estratégico territorio autónomo en el Ártico, además de impedir que países considerados adversarios establezcan bases militares.
“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, aseguró Trump en un posteo en su red Truth Social, en el que informó que Estados Unidos empezará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia -que forma parte del reino danés- y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones. El acuerdo anunciado por Trump, se produce después de que el magnate amenazara con arrebatar la isla por la fuerza a Dinamarca, su aliado de la OTAN, lo que generó tensiones este año con la alianza atlántica.
Tanto Groenlandia como Dinamarca dijeron que esperan firmar el acuerdo con Estados Unidos al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El acuerdo queda de todas formas muy lejos del sueño de Trump de adquirir Groenlandia para Estados Unidos. El presidente había reiterado su interés a principios de año por tomar el control de la isla por motivos de “seguridad nacional”. AFP, La Nación (GDA)
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