Corrupción en Argentina

Expresidenta declara ante juez, pide que no haya protesta y critica a Macri.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentará hoy lunes ante el juez Claudio Bonadio para declarar dentro de la investigación de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo.

A través de un mensaje en la red social Twitter, la propia exmandataria confirmó ayer que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió "por favor" a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia.

"Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri", solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.

Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por ser senadora diciembre de 2017.

El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con un caso en el que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación, basada en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chofer de Roberto Baratta, número 2 del Ministerio de Planificación encabezado por Julio de Vido.

Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo- está detenido desde el pasado 1 de agosto.

Otros funcionarios también se encuentran arrestados, entre ellos Ezequiel García, Enrique Llorens. Julio de Vido, está en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017.

Este sábado se entregó José María Olazagasti, exsecretario privado del ministro. . Por el momento los únicos que permanecen prófugos son los exfuncionarios Uberti y el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas.

En total, el caso involucra a unas 50 personas, entre exfuncionarios y empresarios participantes del mecanimo de corrupción.

Los exfuncionarios kirchneristas y el grupo de empresarios ligados a la obra pública que fueron detenidos están acusados de ser parte de una asociación ilícita. Según la investigación, los exfuncionarios se dedicaban a recorrer la ciudad en busca de bolsos llenos de dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.

Lo recaudado en esas recorridas, según figura en el expediente, se llevaba al domicilio particular del matrimonio Kirchner, en las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta; a la Quinta de Olivos o las oficinas de la Jefatura de Gabinete.

Carlos Wagner, uno de los empresarios arrepentidos, dio detalles sobre el reparto de la obra pública entre las empresas del sector y reconoció que existió un mecanismo de retornos y coimas a los exfuncionarios. El extitular de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo dijo que devolvían hasta un 20% del total del costo; no habló de aportes para las campañas políticas.

La declaración de Wagner, uno de los empresarios favoritos de Cristina, no fue la única que comprometió a la expresidenta. El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina admitió ante la Justicia que instruyó a su secretario para que recibiera bolsos con dinero.

Además de la información brindada por Centeno -en libertad como testigo protegido-, en la investigación son clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.

Todos los "arrepentidos" reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones como parte de esta red con la que, según cálculos de medios locales, se pudo haber recaudado cerca de 200 millones de dólares.

El caso también salpicó al exjuez Norberto Oyarbide, quien en 2009 emitió un polémico sobreseimiento en un proceso contra el matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito y también admitió haber recibido presiones desde el Gobierno.

La tormenta judicial que azota a empresarios y funcionarios del gobierno anterior no alteró de manera significativa el diagnóstico y el rumbo del kirchnerismo de cara a 2019. Están decididos a postular a Cristina Fernández como candidata a presidente.

Los dirigentes del espacio cerraron filas en defensa de la expresidenta y apuestan a que las cuestiones económicas recuperen el centro de la agenda.

"¿ Macri no sabía nada de Calcaterra, pero yo tenía que saber de Baratta ?", se defendió en la intimidad la expresidenta en referencia al primo del presidente, uno de los empresarios beneficiados por el esquema de corrupción denunciado.

En el entorno de la expresidenta se cierran en que ella "está muy tranquila" y en que de las causas se ocupan sus abogados.

Mientras tanto, impulsa un frente electoral que llamó Unidad Ciudadana. La agrupación incluye a buena parte del peronismo tradicional, a los intendentes bonaerenses y a las fuerzas del triunvirato piquetero porteño.

Con esa carta se presentará a las elecciones de 2019, cuando buscará ser reelegida, si no es que la Justicia se lo impide. "Los cuadernos no cambian nada", insisten.