Malestar en Torre Ejecutiva con vicecanciller por cuestionar cantidad de embajadores políticos

Los cuestionamientos hechos por la vicecanciller Valeria Csukasi a la cantidad de embajadores políticos que tiene Uruguay generaron malestar en Presidencia y en el ámbito parlamentario, tanto en legisladores oficialistas como opositores.

La número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores —que fue designada en el cargo por el actual gobierno— dijo al semanario Voces, en entrevista publicada el jueves 5, que "es una exageración" la cantidad de embajadores políticos que tiene el país.

"Soy corporativista y defiendo a la corporación. Es un tema que hay que resolver. Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración", afirmó, quien se desempeña en funciones de la Cancillería hace más de 20 años. Luego, agregó: "Pero yo no digo que no podamos tener cinco, seis embajadores políticos".

Fuentes de la Presidencia indicaron a El País que estas afirmaciones resultaron "desconcertantes" y "llamativas" por considerar que las afirmaciones van en contra de las decisiones que tomó el gobierno del presidente Yamandú Orsi.

La actual administración designó a varios dirigentes políticos como el ex prosecretario de Presidencia Diego Cánepa en Argentina, el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa a Brasil, el dirigente comunista Juan Canessa en Cuba, Juan Raúl Ferreira ante el Vaticano, Rosario Portell en Rusia, entre otros. Incluso nombró a dirigentes de partidos opositores como la ex vicecanciller colorada Carolina Ache en Portugal y la ex vicepresidenta nacionalista Beatriz Argimón como representante ante la Unesco.

En la entrevista, Csukasi profundizó en su forma de ver cómo deberían asignarse las embajadas. "No es el país, es el momento. Puede haber un momento en que tener un embajador político en Argentina sea relevante. Otro momento puede ser que sea en España, en Etiopía o en China. Lo que yo digo es que no hay justificación alguna para que sean 20", dijo.

Y añadió que "teniendo el capital maravilloso" del personal formado en la carrera diplomática "no hay necesidad de desestimularlo". Y consultada sobre si el hecho de que el gobierno priorice las designaciones políticas respondió: "Claro que desmotiva. Muchísimo".

Luego, la vicecanciller hizo referencia a la propuesta que se introdujo en la Ley de Presupuesto -finalmente no prosperó- para que con el tiempo se dé mayor lugar a los embajadores de carrera por sobre los de designación política. Csukasi destacó que el senador colorado Pedro Bordaberry acompañó la propuesta, algo que también generó molestia en la Torre Ejecutiva.

“No queda claro si Csukasi pertenece al partido Frente Amplio o al partido de la Cancilleria”, graficó una fuente de Presidencia consultada tras conocer las declaraciones en el semanario Voces.

La propuesta planteada en el artículo 225 del Presupuesto pretendía que para el año 2030 se limitara a diez la cantidad de embajadores designados por confianza política y para 2035 el tope fuera cinco.

Pese a que no prosperó, la iniciativa no es algo nuevo. Durante la presidencia de Jorge Batlle, a inicios de los 2000, el entonces mandatario emitió un decreto mediante el cual limitó a cinco la cantidad de embajadores políticos.

A partir de ahí, se fue elevando la cantidad. En 2004, bajo la misma presidencia de Batlle, se aumentó a diez la cifra. Y luego en 2005, ya bajo la administración del frenteamplista Tabaré Vázquez se llevó el tope a las 20 designaciones por confianza política.

En su momento la idea fue bien recibida por la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay que pidió que desde ahora se comenzara a aplicar un tope de diez como máximo para garantizar “la transparencia, estabilidad y profesionalización del servicio exterior”.

“Actualmente Uruguay presenta una proporción potencial de embajadores políticos del 35%, porcentaje considerablemente más alto que el de los países vecinos y otras democracias comparables”, sostuvo el gremio en un comunicado.

Y se agregó que, en opinión de los funcionarios agremiados, la actual cifra es “desproporcionada y genera un debilitamiento institucional y moral de una carrera de Estado.”