El Senado de Brasil aprobó el miércoles un plan de ajuste fiscal propuesto por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en un esfuerzo por controlar la deuda y tranquilizar al mercado tras la reelección del mandatario.
Lula ganó las elecciones en octubre con promesas como aumentar los subsidios a la población más pobre o perdonar deudas a microempresarios, en un contexto en el que el endeudamiento público supera el 80% del PIB y va en aumento.
El plan aprobado prevé un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) en 2027, gracias en parte a un gasto menor en salud y educación. El gobierno no accedió a algunos reclamos del mercado como alterar el cálculo del salario mínimo y las pensiones, que en Brasil aumentan cada año por encima de la inflación.
“No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo”, dijo Lula el lunes durante una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid. “No puedo volverme rehén del sistema financiero”, agregó.
Pero el consenso en el mercado es que el ajuste “no es suficiente”, dijo a la AFP Jason Vieira, economista de la corredora Lev DTVM.
Para corregir la trayectoria creciente de la deuda pública sería necesario un ajuste de 73.200 millones de reales (unos 12.500 millones de dólares), anotó Vieira.
Debatido mientras el real brasileño se desploma a su valor más bajo en casi dos años, el plan también generó rechazo entre la base izquierdista de Lula en el parlamento, que alerta sobre una posible recesión a causa de los recortes.
Los senadores que apoyan a Lula destacaron que este ajuste fiscal no implicará recortes en los programas sociales ante las críticas recibidas por parte de un sector de la izquierda.
“Todo el mundo sale ganando; el superávit fiscal es importante para bajar las tasas de interés, pero el esfuerzo no puede afectar apenas a los más vulnerables”, declaró Eduardo Braga, el senador responsable del proyecto.
“Lo que el mercado quiere es meter a Brasil en una recesión, hacer que Lula pierda popularidad”, agregó el diputado oficialista Lindbergh Farias.
El ajuste fiscal fue aprobado en el Senado por una votación de 45 a 31 y será discutido ahora en la Cámara de Diputados.
El recorte excluye parte de los ingresos petroleros de Brasil de la fórmula para calcular los presupuestos destinados a salud y educación, que están fijados por la Constitución en 15% y 18% de los ingresos totales del Estado.
También rebaja las transferencias del gobierno federal a los gobiernos locales y acaba con algunas exenciones tributarias.
“El mercado mira mucho más la cuestión estructural” de la deuda brasileña y el ajuste aprobado es “un paño de agua tibia”, estimó el economista de la Fundación Getulio Vargas Mauro Rochlin.
El ajuste fiscal es una respuesta del Ejecutivo a las turbulencias vividas en la Bolsa de San Pablo tras la victoria de Lula.
El día después de la victoria de Lula, la Bolsa de San Pablo se desplomó un 13,8% y las operaciones tuvieron que ser suspendidas durante media hora.
Brasil acumula un déficit fiscal del 9,51% del PIB y un déficit primario del 0,52%, mientras que la deuda pública ha escalado hasta el 82,9% del PIB.
Anuncian el “Ministerio de los Mayores”
Luiz Inácio Lula da Silva anunció ayer jueves que creará una cartera dedicada a las personas de la tercera edad en su próximo mandato, a la que bautizó provisionalmente como “Ministerio de los Mayores”. “Tal vez el nombre no sea ese, no sé cuál será el nombre, pero lo voy a crear, porque para dar vida a las personas mayores, tenemos que darles respetabilidad”, afirmó Lula, de 81 años y que asumirá su cuarto mandato no consecutivo en enero próximo. Una encuesta de Quaest tras las elecciones reveló que, en el grupo de mayores de 60 años edad, Lula habría obtenido el 61% de los votos, frente al 39% de su rival, Flávio Bolsonaro.
Baja jornada laboral
Lula firmó ayer jueves el decreto que fija las normas para la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días semanales y que entrará en vigor el próximo 16 de diciembre, asunto que se había convertido en uno de los cabillos de batalla presidente en la campaña electoral. La norma, que regula la ley aprobada por el Congreso en octubre, establece una transición gradual sin recorte salarial: el límite bajará primero de 44 a 42 horas semanales, con dos días de descanso remunerado, y pasará a cuarenta horas en diciembre de 2027.
La reforma laboral fue una de las principales banderas de la campaña de Lula por la reelección, quien aseguró que tiene el objetivo de “humanizar” el mundo del trabajo.
“Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados”, afirmó el gobernante.
El mandatario también vaticinó que la reforma enfrentará resistencia del sector empresarial, al que acusó de no haber trasladado a los trabajadores los beneficios de la digitalización.
Según el Gobierno, la medida beneficiará a 36,5 millones de trabajadores al término de la transición.
Al ministro de Trabajo brasileño, Luiz Marinho, le corresponderá dictar normas específicas para sectores con jornadas especiales o no convencionales, como hospitales y servicios de vigilancia.
Lo mismo se aplicará a ramas de actividad que exigen operación ininterrumpida, como refinerías, ensambladoras de automóviles y siderúrgicas.
El caso había sido judicializado ante la Corte Suprema brasileña por representantes de empresarios y de la industria, pero las reglas de transición fueron mantenidas tras una decisión dictada la semana pasada por el magistrado Flávio Dino, instructor de la causa.
La Confederación Nacional del Comercio (CNC) alega que la proximidad de la fecha de entrada en vigor provocará un mayor impacto en el sector, ya que sostiene que no hay tiempo suficiente para adaptarse durante el período de fiestas de fin de año, cuando aumenta la actividad comercial.
Con información de EFE y AFP