El Poder Ejecutivo argentino instruyó este miércoles a la Secretaría de Energía de ese país a abrir una licitación internacional para conceder los derechos de exploración de hidrocarburos a unos 350 kilómetros de Mar del Plata. La decisión considera un pedido presentado por la firma Challenger Energy Group PLC, propiedad de la empresa británica Sintana Energy Inc.
La medida se formalizó a través de un decreto que lleva las firmas del presidente argentino Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La zona, denominada “CAN_200″, tiene una extensión cercana a los 5000 kilómetros cuadrados bajo la jurisdicción nacional argentina.
Challenger Energy Group PLC opera como una firma de exploración de petróleo y gas que cotiza en la Bolsa de Londres y concentra su actividad en la plataforma marítima de Uruguay, donde tiene participación en dos bloques exploratorios, y mantiene activos en las Bahamas y en Colombia.
En octubre de 2025, la firma Sintana Energy Inc., con sede principal en Londres, Reino Unido, adquirió la totalidad del paquete accionario de Challenger y unificó ambas carteras para gestionar distintas áreas del Atlántico Sur, que incluyen licencias en Namibia y Uruguay.
Según consta en la página web de Sintana Energy, Challenger Energy Group PLC "se centra en la exploración de la costa de Uruguay" con participaciones en los bloques AREA OFF-1 (14.557 kilómetros cuadrados) y AREA OFF-3 (13.252 kilómetros cuadrados). Estos lugares consisten en zonas marítimas del océano Atlántico que están adjudicadas a empresas petroleras internacionales para la exploración y posible extracción de hidrocarburos.
"Challenger es la única empresa junior con una presencia significativa en la exploración costa afuera de Uruguay y la región en general, y también posee activos heredados en las Bahamas", señala la página web de Sintana Energy.
Licitación internacional y plazos para la perforación en el Atlántico
Tras ser consultados por La Nación, desde la Secretaría de Energía aclararon que, de momento, no se contempla un objetivo de inversión significativo, sino que se busca procesar nuevamente la información geológica existente. Según los resultados que se obtengan a ambos lados de la frontera marítima, las autoridades decidirán si perforarán la zona en un plazo de cuatro a 10 años.
De acuerdo con el propio texto del Ejecutivo, esta empresa británica manifestó su interés por obtener el permiso el 14 de febrero de 2025. Aunque la Subsecretaría de Combustibles Líquidos canalizó el requerimiento, la norma determina que el proyecto se resolverá a través de un concurso de carácter internacional. En otros términos: la compañía interesada no tiene garantizado que obtendrá la concesión.
De esta manera, el proceso busca “asegurar condiciones de concurrencia y transparencia”, por lo cual el Estado argentino no adjudicará el área de forma directa a la firma vinculada al Reino Unido.
La Secretaría de Energía se encargará de coordinar la licitación y confeccionar los pliegos reglamentarios. El decreto delegó en esta dependencia la capacidad de otorgar los permisos de rastreo y las futuras concesiones operativas.
Quienes resulten beneficiados con estas autorizaciones deberán pagar las regalías correspondientes por la extracción obtenida, bajo las pautas que fije la autoridad energética. La disposición incorpora cláusulas para trasladar posibles disputas a tribunales arbitrales externos, específicamente aquellos que participen de la Convención de Nueva York de 1958 —tratado comercial internacional, que obliga a más de 170 Estados miembros a reconocer y ejecutar decisiones arbitrales en este tipo de casos—.
Sin embargo, el Estado argentino mantuvo a resguardo su inmunidad de ejecución frente a posibles fallos adversos. Esta protección abarca de forma explícita las tenencias de la autoridad monetaria, los recursos de dominio público, el equipamiento militar y el patrimonio de valor cultural.
Con información de La Nación/GDA
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