La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de ayer el proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno del presidente Javier Milei, que volverá al Senado para su aprobación final.
La Ley de Modernización Laboral fue aprobada en la Cámara Baja por 135 votos a favor, 115 votos en contra y ninguna abstención.
El proyecto obtuvo la luz verde del Senado el 11 de febrero, a donde regresará para su aprobación definitiva después de que el gobierno aceptara eliminar el ya famoso artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad, al reducir los haberes del trabajador enfermo del 100% al 75% o 50%, según los casos.
La reforma, calificada de “regresiva y anticonstitucional” por la central obrera argentina (CGT), reduce indemnizaciones, extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.
En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo dijo que “celebra la aprobación de la ley de modernización laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.
Según afirmó el gobierno, “la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.
“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales”, señala el comunicado.
La norma
Entre los puntos centrales del proyecto se incluye una nueva base de cálculo de las indemnizaciones por despido, lo que en la práctica significará una reducción de las mismas, y se propone crear un banco de horas extras, que se otorgarían como tiempo libre pero no se cobrarían.
La reforma también limita el derecho a la huelga, al aumentar la cantidad de actividades consideradas esenciales, obligadas a operar con al menos el 50% o 75% de servicios mínimos, según los casos, y tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a medidas de fuerza (piquetes). La normativa laboral vigente en Argentina tiene su origen en 1974 y cada intento de reforma ha encontrado durante las últimas décadas una fuerte resistencia social.
El panorama
Según datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2025, el nivel de informalidad laboral es del 43,3% en Argentina, todavía por debajo de la mayoría de países latinoamericanos pero creciente en los últimos años.
Otros datos dan cuenta de un mercado laboral disfuncional: un 16,1% de las personas con trabajo buscan otro mejor o pluriempleo y un 28,2% está en situación de “sobreocupación”, es decir, trabaja más de 45 horas semanales en uno o más empleos, por salarios que no cubren sus necesidades.
Durante el debate parlamentario del proyecto de reforma laboral, que el presidente Milei espera sea aprobada este mes de febrero, el oficialismo ha insistido en que la ley reducirá los costes empresariales, lo que permitirá aumentar las contrataciones formales.
Parte de la oposición y los sindicatos no creen que sea así, consideran que esta ley acarreará una quita de derechos para los trabajadores.
Los empresarios están, en general, a favor de la reforma, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante un impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso. EFE, AFP
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