Racismo, injuria racial y delitos de odio: la Fiscalía procesó 66 denuncias en dos años en Uruguay

Miles de usuarios en redes sociales opinaron en las últimas semanas sobre la situación de Agostina Páez, la abogada argentina acusada en Brasil por haber realizado expresiones racistas a trabajadores de un local gastronómico. La Fiscalía local inicialmente pretendía su condena a 15 años de prisión, aunque finamente se espera que la joven cumpla con servicios comunitarios. Es que Brasil es uno de los países de la región con penas más fuertes para este tipo de delito. ¿Pero qué pasa en Uruguay ante situaciones así?

A diferencia de Brasil, en donde existe la figura de "racismo" o "injuria racial" —la cual es imprescriptible—, en Uruguay no hay un delito que lo abarque de forma tan específica. En su lugar, se encuentran los delitos de "incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas" y la "comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas".

Todos estos están enfocados a condenar a quienes inciten o cometan violencia moral o física contra una o más personas por su color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual. Las penas pueden oscilar entre 3 y 18 meses de prisión en el primer caso, mientras que en el segundo van desde 6 y hasta los 24.

Un informe elaborado por Fiscalía en febrero de este año como respuesta a un pedido de acceso a la información pública, reveló que entre 2024 y 2025 las Fiscalías de Flagrancia de Montevideo y las del interior recepcionaron 66 denuncias bajo esas carátulas (38 por incitación y 28 por comisión). Del total, 35 fueron en Montevideo y las restantes en el interior del país.

Para comienzos de febrero, 39 de estas denuncias habían sido archivadas, 24 continuaban en investigación, dos fueron formalizadas y una se resolvió mediante proceso abreviado.

El abogado Luis González, quien ha defendido a víctimas de estos casos, dijo a El País que si bien en Uruguay existen figuras penales que castigan las conductas discriminatorias, "todavía falta bastante con respecto al marco legal".

"En la sociedad hay un racismo estructural. Por suerte acá pasa menos que en otros países, pero eso no significa que no ocurra", aseguró.

En muchos casos, las denuncias por discriminación racial (o de cualquier tipo) pasan por la órbita penal, pero otras terminan resolviéndose a nivel administrativo o laboral. Incluso se puede acudir a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la cual puede realizar un informe que luego sea elevado a la justicia competente.

"Fiscalía necesita evidencias, capaz un comentario puede lesionar la moral o el honor de alguien, pero sin pruebas no puede realizarse la formalización", aseguró González y concluyó que quien discrimina "no tiene consecuencias drásticas" a nivel penal, aunque sí suele ocurrir "a nivel social".

Uno de sus defendidos, un músico del grupo de plena La Nueva Escuela que prestaba funciones en la Fuerza Áerea, comenzó acciones administrativas y se presentó ante el Inddhh por episodios racistas y distintas humillaciones por parte de dos superiores. Por ese caso, según informó el abogado a El País, uno de ellos fue sancionado con ocho días de arresto a rigor, mientras que el otro deberá cumplir con treinta (el máximo).

Uno de los casos más recientes y públicos de formalizaciones por incitación al odio fue el del comunicador Esteban Queimada, quien tachó a Yessy López (que en ese momento anunció su candidatura a diputada por el Frente Amplio) de "exgato" "ignorante de mierda" y "negra candombera". La fiscal de Flagrancia de 13^er Turno, Lucía Nogueira, aseguró en setiembre del año pasado (momento de la formalización) que los dichos de Queimada "reavivaron experiencias previas de discriminación vividas por López, con efectos emocionales graves".

El abogado del comunicador expresó que los dichos estuvieron "amparados en la libertad de expresión y en el contexto de la crítica editorial de un comunicador", asegurando que Queimada "se limitó a repetir" palabras que López había dicho sobre sí misma. A comienzos de este mes se extendieron las medidas de fijación de domicilio y prohibición de salir del país hasta julio, y se espera que el caso se resuelva mediante un juicio oral.

En tanto, en setiembre de 2024, el fiscal de Flagrancia de 9^no Turno Fernando Romano consiguió la formalización de un hombre, por comentarios antisemitas. La investigación surgió a partir de una denuncia del Comité Central Israelita del Uruguay, con la que presentaron múltiples publicaciones en las que se insultaba a Israel y al pueblo judío.

“Israel debe ser destruido. Debe formarse una coalición de países y atacar al régimen nazi-sionista hasta que no quede un solo judío vivo en esa nación de perros”, escribió en sus redes sociales, en las que también afirmó que “la paz solo llegará a Oriente Medio con la destrucción de Israel". "Rogamos que lluevan misiles sobre Israel (...) Que no quede un judío vivo. Hay que terminar el trabajo de Hitler", decía otro comentario.

Finalmente fue imputado por incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, permaneciendo con arresto domiciliario nocturno hasta la definición de su caso.

Casi dos años antes, el mismo fiscal tuvo un caso por motivo racial, aunque finalmente fue archivado. Se trata del episodio en el que la abogada Graciela Mendoza calificó de "primate" al entonces presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa. El fiscal Romano tomó el caso de oficio y citó a declarar a la mujer, quien argumentó que el término era por la "falta de evolución" y no por el color de piel. Según comunicó el fiscal a El País, Rosa desistió de continuar con el proceso, por lo que la investigación fue archivada.