Abogados de la familia Basso presentaron documentación y pidieron desestimar denuncias contra hija y yerno

Los abogados Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, representantes de la familia del fallecido Gustavo Basso —exsocio de Conexión Ganadera—, presentaron en las últimas horas un escrito ante Fiscalía en el que justificaron los movimientos de dinero que habían sido denunciados por un grupo de abogados de damnificados. En el documento, al que accedió El País, acusaron de "malintencionadas" algunas afirmaciones y solicitaron que las denuncias sean desestimadas.

Presentaron estados de cuenta, facturas, registros de transferencias, conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos, a través de los cuales los abogados explicaron los movimientos de dinero realizados por Agustina Basso y su pareja Alfredo Rava (hija y yerno de Gustavo).

Algunas de estas denuncias fueron presentadas por el abogado Juan Pablo Decia, quien afirmó que luego de la muerte de Basso "se movieron altos volúmenes de dinero en poco tiempo entre cuentas de sus empresas y familiares". "Se desconoce su destino (del dinero). Lo que se sabe es que no se utilizó para pagarle a los inversores honrando los compromisos asumidos", concluyó en una de sus denuncias.

Agustina Basso y Rava ya tuvieron instancias ante el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, aunque sus abogados se habían comprometido a presentar formalmente documentación que respaldara lo declarado en las audiencias.

En el escrito, Sasson y Donnángelo hicieron principal énfasis en la denuncia sobre transferencias luego de la muerte del exsocio de Conexión Ganadera. Remarcaron que el Escritorio Rural Gustavo Basso era una unipersonal intermediaria de ganado.

"Realizaban remates presenciales y por pantalla, embarques a frigoríficos, negocios particulares, intermediación en compras/ventas/arrendamientos de inmuebles rurales", explicaron y aseguraron que "en los últimos años fue un gran proveedor de ganado en pie para diversas exportadoras del país".

Tras el fallecimiento de Basso el 28 de noviembre de 2024, los bancos Scotiabank y BROU avisaron ese mismo día a sus familiares que las cuentas del escritorio rural "probablemente serían bloqueadas", por lo que resolvieron consultar a la institución HSBC, desde la cual no les habrían contestado "con seguridad".

"Lo que se buscó fue adoptar una solución de contingencia que conjurara el riesgo de que los fondos que ingresaban al Escritorio Basso no quedaran bloqueados", manifestaron los abogados. Por esto, aseguraron que Agustina y su esposo ofrecieron sus cuentas como alternativa para "canalizar provisoriamente" la operativa económica. Según su explicación, el dinero llegaba a su cuenta pero luego era transferido a las del escritorio rural.

Enumeraron las cuentas utilizadas y dijeron que esta operativa se mantuvo entre el 28 de noviembre de 2024 y el 15 de enero de 2025, mientras se tramitaba la cuenta "sucesores de Gustavo Basso". Habría sido recién el 17 de ese mes que recibieron confirmación de que se podía empezar a usar esa cuenta.

En ese período, se efectuaron transferencias por $ 2.482.126 y US$ 2.258.009, repartidos en varias cuentas. Sasson y Donnángelo aseguraron que atribuirle un sentido delictivo a estas es "malintencionado" por parte de "algún denunciante".

Además de subsistir, señalaron que en ese período el escritorio rural llegó a transferir US$ 81.000 a Conexión Ganadera en concepto de asistencia financiera. También aseguraron que, la sociedad civil conformada por la hija y el yerno de Basso todavía tiene para cobrar US$ 22.000 por venta de ganado mediante el escritorio rural.

"Resulta irrelevante si se utilizó la cuenta a, b, c, o una paloma mensajera, siempre y cuando surge acreditado que se recibió en un contexto determinado dinero del giro del escritorio a los efectos de cancelar facturas y obligaciones preexistentes", concluyeron los abogados de la familia Basso.

El escrito presentado en las últimas horas tuvo otra arista, basada en una denuncia que cuestionó los créditos declarados en la sucesión de Basso contra el frigorífico Casa Blanca. En el cuestionamiento, los damnificados aseguraron que en la sucesión se incluyó un crédito millonario contra el frigorífico que ya había sido cobrado parcialmente. Además, manifestaron que el dinero fue movido en múltiples cuentas con la finalidad de ocultarlo.

La defensa de los Basso, por su parte, argumentó que se trata de una deuda "documentada". "El crédito proviene de una relación comercial legítima de más de 15 años, totalmente facturada y trazable", señalaron. Si bien aseguraron que el crédito existe, también recalcaron que aun si hubiera un error en el monto, la discusión corresponde al ámbito civil y no al penal