Familia, políticos y socios internacionales: quiénes son y qué participación tuvieron los vinculados al clan Marset

El nombre de Sebastián Marset aparece en expedientes judiciales, alertas internacionales y en titulares de medios de prensa. Pero, para entender su figura y la posición de poder que alcanzó a nivel global, es necesario explorar su entorno. Detrás de quien supo ser el tercer narcotraficante más buscado por Estados Unidos, se despliega una trama de vínculos familiares, lealtades construidas en silencio y figuras de bajo perfil que, lejos de los titulares, sostuvieron una estructura que consiguió atravesar fronteras y resistir años en la clandestinidad.

Testaferros, blanqueadores de dinero y políticos fueron algunos de los que permitieron su avance hasta convertirse en el "Rey del sur", como él mismo se denominaba. Su familia también ha sido uno de los focos de los investigadores, y si bien varios fueron detenidos o contaron con requisitorias internacionales, no todos están inmersos en el mundo criminal.

Actualmente, el narco uruguayo está en una prisión ubicada en Alexandria, en el estado de Virginia, en el noreste de Estados Unidos. Ya tuvo su primera instancia judicial y espera a ser enjuiciado. De ser declarado culpable, podrá enfrentar hasta 20 años de prisión por lavado de dinero.

Gráfico: El País

También en el país norteamericano se encuentra recluido cumpliendo su condena uno de los principales socios de Marset, Federico Santoro, conocido como "Capitán". Se trata del cerebro del esquema financiero del clan de Marset, llegando a lavar millones de dólares por todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Para esto creó al menos siete empresas, radicadas en Sudamérica y Asia. El dinero surgía de las ganancias que generaban los cargamentos de cocaína enviados desde América hacia Europa por parte de la banda de Marset.

Años atrás el nombre de Santoro había surgido en investigaciones por trata de personas, aunque finalmente no se comprobó su participación. Comenzó a ser perseguido con mayor intensidad a raíz de la operación A Ultranza Py, en Paraguay. Se trata del operativo antidrogas más grande del país, por el que cayeron decenas de delincuentes ligados a la banda.

Uno de ellos, cuyo juicio todavía se encuentra en proceso pero es señalado de ser el principal socio de Marset en Paraguay, es Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Se trata de uno de los narcotraficantes más importantes de ese país. Los investigadores presumen que su vínculo con Marset comenzó gracias a Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Viveros Cartes fue uno de los "narcopilotos" pioneros en la región, lo que también lo llevó a ser detenido y cumplir condenas en varios países por el transporte de cargamentos de droga (entre ellos Uruguay). Cuando fue detenido por última vez, le transportaba la droga a un entonces desconocido Sebastián Marset.

Con los años, la relación entre Marset y Tío Rico (y por ende todo su clan) se fortaleció, formando una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Su método se basó en el transporte de cocaína boliviana por medio de la hidrovía, para luego enviarla por mar hacia Europa y así sacar una mayor rentabilidad. También se realizaron cientos de vuelos de avionetas clandestinas hacia el Río de la Plata.

Pero para que el grupo pudiera asentarse y crecer exponencialmente (como ocurrió) necesitaban lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Uno de los focos preferidos de Marset era el fútbol. De este entorno cayeron varias personas (futbolistas y dirigentes), pero uno de los más reconocidos fue el exsenador paraguayo Erico Galeano, quien además era presidente y propietario del estadio del Club Deportivo Capiatá.

Además de comprobarse que Galeano lavaba dinero para Marset en el club (en el que el narco llegó a disputar partidos), también se concluyó que brindó apoyo logístico a su organización prestándole una avioneta. Esto ocurrió luego de que la Policía de Paraguay le incautara una importante flota de aeronaves a la banda. Por esto, fue condenado recientemente a 13 años de cárcel.

Pero Galeano no fue el único político al que se le conocieron vínculos con Marset. Juan Carlos Ozorio, exdiputado del mismo país, está siendo enjuiciado en la misma causa que otras decenas de personas (entre ellas Tío Rico). La Policía paraguaya lo considera "clave para el ocultamiento de los bienes" del narco. Se lo acusa de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, y presumen que además de facilitar avionetas y un helicóptero, colaboró para blanquear activos a través de una entidad financiera que presidía.

José "La Maldad" Estigarribia también se encuentra imputado en Paraguay, aunque hasta el momento la Fiscalía no presentó una acusación en su contra. Se trata del expresidente de la Federación Paraguaya de Artes Marciales Mixtas y propietario de varias empresas. Había trabajado en Fiscalía, y se presume que desde ese momento ya colaboraba con Marset. Luego se convertiría, según la Policía local, en su administrador, testaferro y organizador.

Marset vivió en las sombras durante años, pero se presume que pasó gran parte de ese tiempo en Bolivia, donde también lavó millones de dólares y entabló alianzas. Erland Ivar García, alias El Colla, fue señalado durante años como el segundo al mando del grupo en Bolivia, pero su situación cambió en los últimos meses.

El Colla fue detenido en 2023 durante un operativo al que Marset consiguió escapar. Fue identificado como el responsable de la logística del grupo en Bolivia, aunque recobró la libertad bajo fianza mientras el proceso judicial continuaba. En 2024 sobrevivió a un ataque a tiros. En 2025 apareció públicamente acusando a Sebastián Marset de haber enviado a secuestrar a su pareja y brindó información sobre el paradero del narco uruguayo, lo que evidenció un conflicto interno que llevaba meses agravándose.

Autoridades bolivianas informaron a El País que actualmente se desconoce dónde se encuentra El Colla.

Norma Jordán es otra de las presuntas colaboradoras que está siendo juzgada. "Tiene un vínculo estrecho con Marset", informaron altas fuentes de Bolivia. Se trata de una agente inmobiliaria señalada de blanquear dinero y facilitar la adquisición de inmuebles. Actualmente se encuentra con medidas sustitutivas a la prisión. Ya fue presentada una acusación en su contra y se encuentra a la espera del juicio.

Roberto Arana, conocido como "Robertito", es un abogado al que la Policía señalaba de ser el número tres de la banda. Presumen que era el "apoderado legal" de Marset y quien se encargaba de comprar y vender inmuebles a nombre de testaferros. Adquirió a su nombre bienes de alto valor, entre ellos la casa que habitaba el narco.

También compraba pasajes aéreos para su familia y realizaba trámites. Uno de ellos ocurrió entre 2020 y 2021, cuando realizó gestiones para que Marset obtuviera un pasaporte uruguayo estando en Bolivia, aunque esto fue rechazado debido a que tenía una causa abierta en Uruguay. El proceso en su contra continúa abierto, aunque se está analizando un posible sobreseimiento.

Foto: Archivo El País.

Si bien el grupo de Marset tenía su base en Bolivia y Paraguay, en ningún momento descuidó los vínculos en Uruguay. Así como su estadía en la cárcel fue clave para establecer contactos internacionales, también hizo lo suyo a nivel local. “La inteligencia policial ya había logrado la detención de sus principales tenientes, como son (Luis Fernando) Fernández Albín y (Luis) 'Betito' Suárez”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia tras la captura de Marset.

Es que, hace ya algunos meses, volvieron a pisar la prisión estos dos delincuentes. Ambos encabezaron durante años su propia banda, cada una con sus apellidos como distintivo, representando una de las alianzas fundamentales para la distribución de droga a nivel local y la logística para el tráfico internacional. Fuentes policiales dijeron a El País que Los Albín eran el brazo económico y logístico, mientras que el fuerte de Los Suárez era la presencia en los barrios y el uso de la violencia.

Otro de los colaboradores de Marset en Uruguay era Rodrigo "Loly" Fontana, poseedor de múltiples antecedentes e indagatorias. Se desempeñaba fundamentalmente en la frontera con Brasil (Rivera). Cobró especial relevancia en 2018, aunque se lo capturó del otro lado de la frontera recién en 2022 tras un arduo trabajo de investigación. Las autoridades estiman que participó, junto a Marset, del planeamiento del atentado a la Brigada Antidrogas en 2020 y la amenaza a la entonces fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero.

En 2024 ya había salido en libertad y fue asesinado a disparos en una calle en Santana Do Livramento. Quien las autoridades señalaban como el asesino, se suicidó prendiéndose fuego. Pese a eso, la Fiscalía de Rivera logró la condena de otras tres personas por colaborar con el crimen.

Si bien no toda la familia de Sebastián Marset está vinculada al mundo criminal, investigadores de varios países indagaron sobre ellos, incluso llegando a detener y luego liberar a algunos. La pareja del narco, Gianina García Troche, fue detenida en julio de 2024 en el Aeropuerto de Madrid. Llegaba desde Dubai. Luego de ser extraditada hacia Paraguay, ingresó en una cárcel de máxima seguridad y fue imputada por lavado de dinero. Se la acusa de presentar documentos apócrifos y participar en la creación de una de las principales empresas fachada para el lavado de dinero de la organización criminal.

A fines de 2025, uno de sus hermanos (Federico), intentó ingresarle un celular dentro de un termo para preparar tereré, el cual llevó junto a otros alimentos. Debido a que esto no está tipificado como delito, el hombre no sufrió consecuencias penales.

Quien sí fue condenado dentro de la familia García Troche fue su padre (suegro de Marset). Si bien se lo encontró en un allanamiento en el que se buscaba a uno de sus hijos, se constató que poseía un arma de forma irregular. Fue condenado con seis meses de libertad a prueba.

Por otra parte, Mauro García Troche, también hermano de Gianina, está siendo investigado en Paraguay, cuenta con una alerta roja de Interpol y continúa prófugo hasta la fecha. Un tercer hermano, Mariano, no tiene un vínculo claro con la organización de Marset.

Por su parte, la familia directa de Marset también estuvo en el ojo de la Justicia internacional. De sus cuatro hermanos (Tatiana, Diego, Jimena y Cindy), solo esta última ha pasado desapercibida a nivel público y se desconocen posibles incursiones en el mundo criminal.

Gráfico: El País

El vínculo con Tatiana ha trascendido en los últimos días, luego de que el ministro boliviano Marco Oviedo dijera que es su sobrina, aunque desde la familia de Marset aseguraron a El País que es su medio hermana. La joven de 22 años fue detenida junto al narco en Bolivia y luego imputada por los delitos de organización criminal, asociación delictuosa, tenencia ilícita de armas y almacenamiento de armamento.

Por su parte, Diego Marset Alba (el otro medio hermano del narcotraficante), llegó a ser detenido en Brasil a pedido de la Justicia paraguaya, aunque debido a que el joven tiene nacionalidad brasileña no fue extraditado. Esto se debe a que Brasil no extradita a sus propios ciudadanos, y Marset Alba no enfrentaba cargos en este país.

Finalmente, Jimena Marset fue detenida mientras caminaba por las calles de Madrid en julio del año pasado. El abogado de la familia, Santiago Moratorio, confirmó en ese entonces a El País que la mujer fue liberada horas más tarde por falta de pruebas "a requerimiento del propio Ministerio Público boliviano". Es que la investigación en su contra había iniciado en ese país, cuando en un allanamiento se encontró una bolsa con armas y documentos, entre los que habría estado el suyo.

Jimena se encuentra casada con Sebastián Alberti Rossi, quien fue condenado por un homicidio en noviembre de 2020. De su pena de cinco años y ocho meses solo cumplió unos pocos, ya que en abril de 2021 se fugó de la cárcel tras ir a "depositar la basura". Dos años y medio después, mientras era investigado por la Justicia de Bolivia, Alberti Rossi resolvió entregarse voluntariamente en Uruguay y acordar una pena de ocho meses de prisión por el delito de autoevasión. Esto se sumó a la pena que le restaba cumplir.

Si bien informes de Inteligencia de Paraguay mencionan al padre de Sebastián Marset (Edgar) y se lo vincula con posibles episodios delictivos, esto no llegó a probarse.

Gráficos: Faustina Bartaburu