Gobierno inició plan de alfabetización carcelaria y busca llevarlo a “escala nacional” ante cifras “alarmantes”

Dentro de las políticas en materia de seguridad pública, el gobierno de Yamandú Orsi apuesta por el Programa Nacional de Educación en Cárceles y el Plan Nacional de Alfabetización, herramientas interinstitucionales que buscan, entre otros objetivos como la rehabilitación penitenciaria, paliar una alarmante cifra: cerca de la mitad de los reclusos en todo el país son analfabetos.

El último “Informe de Cumplimiento de los Compromisos de Gobierno” (marzo de 2026) de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, organismo de Presidencia, indica que esta política está “en marcha” y en “Fase 1”. Según el documento, al que accedió El País, esto quiere decir que “ya tiene las condiciones institucionales formales que habilitan su ejecución, tales como respaldo normativo, responsables designados, recursos asignados y productos programados”.

Un estudio del MEC reveló que “en 2022 el 53,5% de las personas participantes fueron identificadas como analfabetas (ya sea de forma absoluta o funcional)” en el sistema carcelario. “En 2023, ese porcentaje descendió al 32,9% y en 2024 volvió a incrementarse, alcanzando el 46%. Asimismo, se constató que nueve de cada diez personas en situación de analfabetismo han transitado por instituciones de educación formal”, agrega el informe, que concluye que “la sola asistencia a ofertas de educación formal no garantiza la plena alfabetización”.

Dentro de los avances de la aplicación del programa en 2025 que el gobierno destaca, está la destinación de $ 8 millones de la Ley de Presupuesto para horas docentes en el plan, así como “un plan piloto para 90 personas privadas de libertad en las unidades B y D de la Unidad N° 4 del INR (Santiago Vázquez, ex Comcar)”. Esto último se realizó entre diciembre y febrero.

Este plan de alfabetización, una de las 63 prioridades establecidas por el gobierno y mencionado por Orsi en su discurso en la Asamblea General, está coordinado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), así como con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) de ANEP y la Universidad de la República. El año pasado se estableció la meta de abarcar a 3.500 privados de libertad.

Desde el MEC, se reconoce que el porcentaje de analfabetismo es “alarmante” y destacan que este enfoque cae dentro de una política de “continuidad” con anteriores gobiernos. Así lo calificó el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, en conversación con El País, y puntualizó que el plan de alfabetización se aplicará primero en 13 penales en todo el país.

“Hay una continuidad con un cambio bastante profundo, que es invertir en alfabetización. El período pasado, un equipo técnico hizo una investigación que registró que había en promedio un 53% de analfabetos en las cárceles. Ese diagnóstico, que es alarmante, llevó a que el gobierno de Orsi propusiera como prioridad alfabetizar en las cárceles”, manifestó.

El primer “plan piloto” comenzó en diciembre en la cárcel de Santiago Vázquez y seguirá en centros de departamentos como Canelones y Maldonado, “para ir generando alfabetizadores pares, es decir, un privado de libertad, que ya es universitario o terminó sus estudios secundarios, que puede acompañar a otros presos que no saben leer y escribir”.

“El objetivo está en empezar a desarrollar en diferentes penales prácticas de alfabetización que le permitan a las personas que pasen por ellas, luego de un proceso posiblemente semestral, acreditar esa prueba para tener las herramientas básicas de la lectura y la escritura, que es una posibilidad por lo menos sustantiva de rehabilitación”, agregó el jerarca. Acerca de la meta de alfabetizar a 3.500 reclusos, expresó que “es posible como meta inicial”, siempre y cuando se organicen los recursos en los distintos espacios educativos.

Quirici indicó que este año se presentará el análisis de todos los datos relevados al respecto para comenzar con el plan en su totalidad y en una “escala nacional”. De hecho, mencionó algunos de los obstáculos que tiene la gestión del MEC a la hora de aplicar esta política en las cárceles.

“Se debe articular con el funcionamiento diario de las cárceles. Hay lugares en donde todavía no tenemos las condiciones porque en algunos penales no hay espacios que puedan convertirse en algo siquiera parecido a un aula. O tenemos eso pero no tenemos conectividad, o no hay personal para acompañar a las duplas de docentes”, ejemplificó.

Además, el director de Educación aseguró que en el Plan Nacional de Seguridad Pública que Interior presentará a fines de marzo habrá una sección destinada la educación y alfabetización en el sistema penitenciario.

La coordinadora del Programa de Educación y Cultura del INR, Silvina Viera, señaló a El País que desde diciembre de 2025 se llevó a cabo un primer “muestreo” en la cárcel de Santiago Vázquez volcado a personas que no terminaron Primaria, “que funcionó muy bien”. Si bien las acreditaciones escolares para reclusos no son nuevas, la actual administración pone especial foco como parte de su plan de alfabetización.

“Reunimos a personas que no terminaron la escuela, que no sabían leer y escribir. Eran cerca de 90. Ese fue el muestreo de saberes que hicimos y lo clasificamos en cuatro fases. Los que estaban en la última fase, que eran los que tenían mejor nivel, los seleccionamos y trabajamos con ellos en enero con tutores. Se les preparó para la prueba de acreditación en febrero. Se formó un tribunal, dieron la prueba y esas personas finalizaron la escuela”, explicó.

Del total de 90, fueron 13 reclusos los que dieron y aprobaron la acreditación, con edades de entre 21 y 62 años. Asimismo, la jerarca dijo que quienes aprobaron Primaria “van a continuar con su trayectoria educativa”, ya sea en Secundaria o talleres, mientras que quienes aún no lo hicieron “van a trabajar este año y van a continuar estudiando”.

Si bien el MEC “tiene ya diseñada y pensada la campaña de alfabetización”, se decidió comenzar por este plan piloto como primera experiencia. El penal de Santiago Vázquez alberga poco más de 5.000 reclusos, el 30% de la población total del sistema (aproximadamente 16.000). La segunda es Punta de Rieles, con 1.743 privados de libertad.

En diálogo con El País, Diego Almada, docente de la DEJA que trabaja en el ex Comcar desde 2019, contó que “algunas personas que van a alfabetizarse directamente porque tienen muy poco manejo de la escritura y de la lectura”, mientras que “otras personas que ya leen y escriben bien pero por cosas de la vida no pudieron terminar la escuela”.

Con respecto a las dificultades de su trabajo, dijo que “algunas son transversales” a todos los períodos de gobierno, ya sea por el funcionamiento del sistema penitenciario o la propia convivencia entre privados de libertad.

“Hay lógicas en el INR que están por encima de las personas. Es muy meritocrático todo. El camino del preso es muy meritocrático y tiene muchos obstáculos. Y también hay muchas adicciones y mucha droga, entonces cuesta a veces que tengan una continuidad en el año, sobre todo con cursos anuales”, sostuvo Almada.