La ONG Patrimonio Activo denunció ante el juez Alejandro Recarey el incumplimiento de una orden judicial de no innovar relacionada con la casona de Punta Carretas que contenía vitrales que podrían llegar a tener valor patrimonial. Tras la presentación de pruebas, el magistrado decidió enviar el caso a la Fiscalía por un posible desconocimiento del mandato. Al mismo tiempo, la organización pidió que se investigara por qué la Intendencia de Montevideo (IMM) dio un permiso de demolición cuando aún los inversores no habían conseguido el aval definitivo para realizar una nueva construcción.
La medida de no innovar impedía a la constructora modificar la casa o desprenderse de objetos de valor allí existentes. Según las pruebas presentadas ante la sede judicial -incluidos remitos de una empresa de remates y copias de su página web-, la empresa violó la orden al entregar a un rematador materiales extraídos de la casona, ubicada en Julio Herrera y Reissig y Benito Nardone.
Al recibir un escrito de la ONG sobre esta situación, el juez Recarey firmó un decreto donde ordenó el pase del caso a la Fiscalía General de la Nación, al entender que se habían verificado ciertas circunstancias que permitían evaluar un desconocimiento objetivo del mandato de no innovar.
La entrega de efectos cautelados a una casa de remate por parte de la empresa que pretende hacer un edificio en el lugar, se llevó adelante con posterioridad a la orden judicial, según surge de estos remitos que, según supo El País, fueron incorporados en el expediente.
Algunos de esos efectos fueron subastados, mientras que otros fueron retirados de la casa de remates poco antes de una subasta que estaba prevista para el 11 de octubre. La empresa admitió que una reja de balcón curvada y baldosas involucradas en el remate provenían de la casa objeto de las actuaciones.
El magistrado consideró que estos hechos ameritan el pase al fuero penal para determinar eventuales ilícitos y posibles responsabilidades. Para el magistrado, la empresa constructora y la Intendencia de Montevideo habrían violado, respectivamente, los artículos 173 (desacato) y 177 (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos) del Código Penal.
La ONG empezó las acciones legales luego de insistir, sin éxito, ante la intendencia sobre el valor patrimonial de la casa, en especial por vitrales atribuidos al artista italiano Arturo Marchetti, el mismo que realizó los del Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
Permiso
En paralelo, la ONG Patrimonio Activo presentó un “hecho nuevo” ante un Tribunal de Apelaciones que podría sellar el juicio y forzar la paralización de la construcción por un largo período.
La organización alega que la casona era un bien patrimonial que debió ser protegido y no lo fue por “omisión” de la Intendencia de Montevideo y de la empresa constructora. El hecho nuevo se vincula directamente con el permiso de construcción otorgado por el gobierno municipal.
La ONG logró acceder al expediente de la comuna capitalina, a pesar de las “varias dilaciones” de jerarcas municipales. Con el documento en su poder, los abogados constataron que los expedientes administrativos presentados por la Intendencia de Montevideo ante el juez Recarey están, según su postura, “al margen” de la norma vigente.
Según la organización, la intendencia otorgó a la constructora un permiso de demolición sin fundamento legal, porque la empresa carecía de un permiso de construcción definitivo. Es decir, la empresa comenzó a demoler la casa -que contenía vitrales de Marchetti y otros ornamentos históricos como mosaicos y baldosas antiguas- con un permiso provisorio.
La ONG insiste en que las resoluciones municipales prohíben demoler una vivienda sin tener un permiso de construcción aprobado en sustitución. La única excepción prevista por la normativa, la Resolución N° 2244/2022, se activa solamente en caso de que exista un riesgo efectivo de derrumbe.
En el escrito presentado, Patrimonio Activo señaló que no existió ningún riesgo al momento de otorgar el permiso de demolición, ya que la casa estaba, según su versión, en perfectas condiciones edilicias. Por lo tanto, no se justificó el supuesto apartamiento normativo, lo que suma, a su entender, una nueva omisión estatal.
Pese a que la intendencia y la empresa alegaron en el Tribunal de Apelaciones que se debía levantar la medida cautelar y continuar la demolición para evitar un mal mayor, los abogados de la ONG advirtieron que esta postura es inválida, al sostener que la norma es clara: no debió otorgarse el permiso de demolición hasta que no existiera un permiso definitivo. Además, la casona ya fue apuntalada -algo que se hizo por orden del juez Recarey, como ya informara El País- y no hay riesgo de derrumbe.
Patrimonio
El caso de la casona de Punta Carretas y su demolición parcial ha estado bajo la lupa judicial debido a las acciones de la empresa constructora y la inacción de las autoridades municipales, lo que ha sido marcado por el juez Recarey en sus últimas resoluciones, que incluyeron la orden de detener la obra y el proceso de demolición. Tras esto, la empresa constructora recusó al juez, pero el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno le dio la razón y este siguió al frente del proceso.
Para Recarey, que tomó declaración ya al director de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Espósito, quien reconoció ante el magistrado que su departamento no había tomado ninguna medida en el proceso y que dijo que a su entender ahora ya era tarde porque había “derechos adquiridos” por parte de los empresarios, la comuna “optó por desoír los avisos (de los vecinos que reclamaban por la no demolición de la casa), sin emprender ninguna acción concreta a develar la situación”, en cuanto a si se trata de un bien patrimonial o no.
Las obras también generaron preocupaciones significativas de seguridad para el entorno. La empresa constructora no solo afectó la casona principal, sino que también comenzó a demoler el edificio lindero a la polémica residencia. Debido a estas acciones, se llegó a advertir sobre el peligro de derrumbe en el edificio colindante. Además, las veredas y calles transitadas por peatones en la zona de la obra no fueron valladas, sumando un elemento de riesgo para la seguridad pública. Por esto, Recarey pidió apuntalar la vivienda, algo que la empresa ya habría realizado. También instó a la Intendencia de Montevideo a llevar a cabo las debidas inspecciones en cuanto a que este trabajo se realizara correctamente.
En una cuenta de Instagram, los vecinos señalaron que este año el Palacio Legislativo conmemorará los 100 años mientras que, a la vez, el Estado autoriza la demolición de esta propiedad “destruyendo las obras del reconocido artista italiano” que realizó los vitrales de la vivienda.
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