Demolición en Punta Carretas: juez intima a empresa a apuntalar casa y cuestiona inacción de la IMM

El juez civil Alejandro Recarey, que frenó, tras el reclamo de vecinos, la demolición de una casona ubicada en el barrio Punta Carretas —donde había vitrales elaborados por el artista Arturo Marchetti, el mismo que hizo los de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo— instó a la empresa constructora a reforzar los apuntalamientos ante un posible derrumbe.

En el decreto, el magistrado también ordenó a la Intendencia de Montevideo realizar tareas de vigilancia, ejerciendo un rol de "policía territorial", concurriendo a la casona a verificar si la empresa cumple con el apuntalamiento de la casa, la que está ubicada en Julio Herrera y Reissig y Benito Nardone.

El juez Recarey señaló, además, en varios tramos de su resolución, que la IMM no cumplió con artículos del Digesto Municipal. Y que a más un mes de tomada la medida cautelar por la que se ordenó detener la demolición de la casona hasta que se establezca si es ésta un bien patrimonial o no, la comuna capitalina "no se movilizó" como lo establece la normativa vigente.

El magistrado sostuvo que, aunque la medida de parar la demolición todavía es provisoria, esto no impedía que la comuna capitalina cumpliera con su deber de constatar el estado de la residencia y luego decidir medidas urgentes para evitar un eventual colapso de la misma.

Sin embargo, apuntó Recarey, la Intendencia de Montevideo "nada hizo por su propia iniciativa" y presentó un informe sobre la casa "solo cuando el juez se lo requirió".

Esta conducta de la administración municipal muestra, a juicio del magistrado, un indicio de "falta de urgencia real" para tratar un tema tan delicado como el eventual derrumbe de una casona, cuyo zona de emplazamiento se discute si tiene valor patrimonial o no.

La ONG Patrimonio Activo fue la que originalmente solicitó a la Justicia una medida cautelar de detención de la demolición, la que ya había iniciado la empresa constructora que pretende hacer allí un edificio.

Foto: Estefanía Leal

En su reciente decreto, el juez Recarey también advirtió que desde la IMM "no se han asumido" siquiera las mínimas precauciones de restricción del paso peatonal frente a la finca.

Esto no se hizo "ni antes de realizada la inspección (ordenada por la Justicia) ni después. El vallado existente, aunque cubra el acceso a la obra, no obstaculiza completamente la circulación de personas a los dos inmuebles (la casa a medio demoler y un edificio lindero que también está en proceso de demolición)", afirmó el magistrado.

El juez también criticó a la Intendencia de Montevideo porque todavía "no hay" una declaración administrativa formal sobre si la casa está en situación de riesgo de derrumbe o no, o si la vivienda tiene patologías importantes en su estructura con riesgo de la seguridad pública y privada, o si la residencia puede llegar a colapsar por fuertes vientos.

"El estudio municipal destinado a examinar esos puntos, no los reportó", dijo Recarey y advirtió que la intendencia debió de haber identificado "muy concretamente" las patologías que podrían derivar en un colapso de la vivienda. "Y nada de eso se lee en el trabajo aportado (al Juzgado) por la Intendencia de Montevideo", insistió Recarey.

Dos técnicos sostuvieron, según se señala en el expediente judicial, que junto a los apuntalamientos se podrían agregar unas 20 torres metálicas, soldaduras de hierros y anclado de nuevos hierros a las paredes, y el retiro de escombros en la azotea, todo con el propósito de eliminar sobrecargas en el techo de la residencia, entre otras medidas.

En el capítulo de "Conclusiones" del decreto, el juez Recarey señaló que se analizará la "legalidad de lo actuado por la IMM" y su capacidad de otorgar derechos a una empresa con un simple permiso de demolición, el cual es revocable.

En julio de este año, vecinos de Punta Carretas cuestionaron la decisión de la Intendencia de Montevideo de autorizar que una empresa realizara la demolición de la casona estilo Art Decó que tenía en su interior varios vitrales elaborados por Marchetti.

Según supo El País, los vitrales fueron extraídos y guardados en un depósito por la empresa.

En una cuenta de Instagram, los vecinos señalaron que este año el Palacio Legislativo conmemorará los 100 años pero que, a la vez, el Estado autoriza la demolición de esta propiedad "destruyendo las obras de este reconocido artista italiano".

"En su lugar van a construir un edificio nada destacable proyectado por una constructora, a la cual no se le ocurrió incluir la propiedad en el proyecto. Incongruencias montevideanas a las que lamentablemente ya estamos acostumbrados", agregaron los vecinos.