Tribunal de Cuentas observó la licitación de ASSE para contratar traslados comunes que fue adjudicada a exITHG

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó una licitación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de traslados de pacientes no medicalizados en la zona metropolitana, por hasta 150.000 kilómetros al año, la que había sido adjudicada el pasado 18 de junio a la firma UTAM (antes ITHG).

En una votación dividida de cuatro votos contra tres, el TCR definió en su sesión del 2 de setiembre observar el gasto por entender que se vulneraron varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), de acuerdo con la resolución a la que accedió El País.

El TCR marcó que el objeto de la contratación “no fue definido con el grado de precisión necesario” para conocer “adecuadamente” el alcance y las condiciones de la prestación. Mientras que las aclaraciones efectuadas por ASSE “no resultaron idóneas para subsanar tales indeterminaciones”, por haberse brindado respuestas “insuficientes, incongruentes o que no evacuaron concretamente las consultas formuladas”.

Además, se indicó que en el llamado “no surge la forma en que se realizará la adjudicación”. El pliego original marcó que sería al de "menor cuantía", tomando en cuenta el precio y los antecedentes negativos de cada oferente. Sin embargo, tras una aclaración, se cuestionó que no hubo una "indicación expresa" de cómo se definiría la adjudicataria, si por el mayor o menor puntaje.

Asimismo, el TCR indicó que la Comisión Asesora de Adjudicaciones de ASSE “debió descartar” las ofertas de las firmas Giménez y Giménez, Tichtic, Laredmovil, Lifix y Cabify, por diferentes razones.

También se cuestionó a la comisión que “no verificó el cumplimiento del requisito relativo a la antigüedad máxima de seis años de los vehículos ofertados”, un "estándar mínimo" del sistema de evaluación de las ofertas.

El tribunal planteó además cuestionó que haya aceptado que Radio Taxi 141 —uno de los oferentes— presentara como “información confidencial” los seguros obligatorios de los vehículos, cuando esta no cumple con los requisitos para dicho encuadre.

La observación fue votada por el presidente del organismo, Francisco Gallinal, el vicepresidente Darwin Machado y los ministros Álvaro Ezcurra y Linder Reyes. En contrapartida, tuvo el voto discorde de los ministros Enrique Cabrera, Miguel Aumento y Flora de Santis.

Aumento planteó que el llamado posee un grado de precisión “suficiente”, previniendo “indefiniciones y contradicciones”, y desestimó los cuestionamientos a la fórmula de adjudicación.

La adjudicación a UTAM (exITHG) generó polémica debido a que ITHG fue cuestionada por el Frente Amplio desde su surgimiento en plena pandemia, cuando comenzó a vender traslados médicos a ASSE sin estar autorizada por el MSP ni contar con antecedentes en el rubro. Pese a las críticas, los traslados continuaron bajo el argumento de no afectar la atención a los pacientes.

El pliego estableció que el plazo del contrato será de un año a partir de la notificación al adjudicatario, tras la intervención del TCR y el Área de Auditores de ASSE. Desde el organismo se indicó a El País que el prestador ya trabaja en la elaboración del informe técnico para levantar las observaciones.