UTAM, ex ITHG, ganó licitación de traslados de ASSE al que se presentaron taxis; Danza destacó ahorro millonario

La empresa UTAM, antes denominada ITHG, ganó la licitación de traslados comunes “no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones, por hasta 150.000 kilómetros anuales, confirmó a El País el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

ASSE pagará $ 4.185.000 por los 150.000 kilómetros recorridos anuales. “Lo mismo que estábamos pagando $ 400 millones al año, ahora lo pasamos a pagar $ 4 millones, o sea, el 1%”, dijo Danza. “El ahorro es de unos $ 396 millones”, con la compra “a la misma empresa y con el mismo medio de transporte” que antes, resaltó el jerarca.

ITHG fue cuestionada por el Frente Amplio desde que comenzó a funcionar, en plena pandemia, y comenzó a vender traslados médicos a ASSE, una actividad para la cual no estaba autorizada por el MSP. Tampoco tenía antecedentes en el rubro. Más allá de la crítica, los traslados continuaron en este período aduciendo que no se podía quitar el servicio para no afectar la atención de los pacientes.

Consultado al respecto, Danza respondió: "No lo veo ni mal, ni bien. La empresa que había sido más cuestionada era ITHG, cambiaron de dueños. Ahora se presentaron con todas las de la ley, así que no hay ninguna razón para no adjudicarles. Lo que hayan hecho antes no es un impedimento para ganar la licitación".

Además de UTAM, presentaron ofertas la app Cabify, las empresas de taxis Celeritas, la Gremial Única del Taxi y Santa Lucía Taxi; las firmas de ambulancias Drot, Solidar, Russomando y Ducis; la de remises Ramón Caraballo; las de alquiler de vehículos con chofer Gimenez y Gimenez, Tichtic, Varinter y Xeloa; la de transporte en general Lifix; la firma de servicios de enfermería Por el Bienestar; y Reel, de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

Las 17 empresas presentaron cotizaciones diferentes a ASSE, según supo El País. La firma de remises Ramón Caraballo cotizó unos $ 25 el kilómetro, un precio levemente menor a UTAM, pero no presentó la documentación mínima. Cabify presentó una oferta mayor, y la Gremial Única del Taxi planteó dos opciones de horarios, con valores diferentes el kilómetro, a un precio superior. Hubo empresas de ambulancias que no cotizaron, y otras que además no presentaron documentación.

A poco de abrirse la licitación de ASSE en cuestión, se generó una polémica porque el prestador contrató viajes en taxis, que se presentaron al llamado, en el marco de un "plan piloto" para hacer estos traslados a un precio menor que la empresa de ambulancias, que ahora ganó la licitación.

ASSE pagó $ 685.000 por 1.154 traslados de usuarios en taxis entre la última semana de marzo y abril, tal como informó El País días atrás. Danza destacó en el Parlamento semanas atrás que mientras los taxis, en el marco del "plan piloto", cobraban $ 600 el viaje, UTAM los hacía por $ 8.150. "Estamos pagando 13,6 veces menos", resaltó sobre la contratación de taxis.

El pago del prestador público a UTAM será por kilómetro, que ronda los $ 28 en función del recorrido solicitado en la licitación. A partir de la adjudicación, los viajes para pacientes que no pueden trasladarse por sus medios, para hacerse diálisis, por ejemplo, pasarán a costar unos $ 450, estimó el presidente de ASSE.

Danza, que sigue siendo cuestionado por los nacionalistas, remarcó que esta licitación de traslados, "confirma que se podían hacer licitacion, abaratar los precios para ASSE, y se puede usar ese dinero que antes se usaba para pagar traslados en otras cosas que son necesarias", sostuvo.

Las firmas de ambulancias Drot y Russomando interpusieronben su momento recursos administrativos de revocación, jerárquico y de anulación. Sin embargo, ASSE levantó el efecto suspensivo al argumentar que una eventual demora en la contratación provocaría "un vacío operativo" y afectaría a "usuarios vulnerables", tal como informó El País.

Russomando y DROT también presentaron una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (MEF) contra ASSE por “conductas y condiciones licitatorias que distorsionan el mercado de servicios de traslado no medicalizados, generando condiciones de competencia asimétrica y antijurídica en perjuicio de los operadores del sector y, más aún, de los usuarios del sistema de salud pública, un universo poblacional caracterizado por altos índices de vulnerabilidad, edad avanzada y dependencia funcional”, indica el escrito al que accedió El País.