Lustemberg autorizó a la empresa de ambulancias ITHG a crear un seguro parcial de emergencia médica

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, autorizó a la firma ITHG S.A.S –ahora denominada UTAM- a la creación de un seguro parcial de emergencia médica con unidades móviles para adultos y pediatría, de acuerdo a la resolución del 25 de julio pasado, a la que accedió El País.

Con este paso, poco usual, la empresa quedó en pie de igualdad con otras firmas que brindan cobertura para urgencias y emergencias médicas y venden sus servicios. La definición fue tomada el año pasado, pero la solicitud de ITHG comenzó en setiembre de 2023.

El MSP dio la autorización considerando que se dio cumplimiento a las disposiciones legales, así como que desde la División de Servicios de la Salud y la Dirección General de la Salud “no se formularon objeciones”, por lo que se avanzó en autorizar el seguro parcial a la firma.

ITHG fue cuestionada por el Frente Amplio desde que comenzó a funcionar, en plena pandemia, con traslados médicos tercerizados contratados por parte de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). A pesar de las críticas, sigue proveyendo gran parte de los traslados tercerizados del prestador.

El entonces presidente del prestador público, Leonardo Cipriani, justificó la contratación de ITHG, una firma desconocida, argumentando de que “no había ambulancias” en plaza para cubrir la demanda de la institución con casi 1,5 millones de usuarios en pleno coronavirus.

La situación derivó en una controversia ya que el Frente Amplio apuntó que una empresa de servicios marítimos (ITHG) comenzó a vender traslados médicos a ASSE, una actividad para la cual no estaba autorizada por el MSP, sin antecedentes en el rubro, y que facturó millones de pesos en traslados.

Las compras de traslados a ITHG durante la pasada gestión fue uno de los puntos que investigó la actual gestión de ASSE, encabezada por Álvaro Danza. Una auditoría arrojó que ITHG concentró el 96,5% del gasto de SAME 105 entre 2022 y 2024, que recibió pagos por encima del mercado, con desvíos de hasta 700% sobre la pauta de contratación prevista, y sin controles sobre si los traslados fueron “efectivamente realizados”.

Los pagos a ITHG entre 2022 y 2024 sumaron $1.961.767.695 –unos US$ 50 millones–. En 2022 fueron $564.978.522; en 2023 subieron a $570.034.813, y en 2024 llegaron a $826.754.360, de acuerdo a la auditoría citada.

ASSE abrió luego de la auditoría una investigación administrativa, que concluyó que entre 2022 y 2024 no hubo “procedimiento competitivo”, y que recibió casi la totalidad del gasto de SAME 105. También se apuntó que la totalidad del gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas sin que el directorio “procediera a la regularización correspondiente”.

El directorio de ASSE resolvió el 23 de abril, por unanimidad, denunciar penalmente a Cipriani y la anterior administración por las compras a ITHG y presuntas irregularidades en los convenios con Círculo Católico y Casmu, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres, tal como informó El Observador. Fuentes del anterior directorio dijeron a El País que aún no fueron notificados de la denuncia penal.

Esta medida derivó en un nuevo choque político. Los blancos pidieron activar una comisión investigadora sobre la gestión de ASSE desde 2015 a la fecha, argumentando que no tienen “nada para ocultar”. Mientras que el Frente Amplio planteó investigar solo la gestión Cipriani. La llave sobre si habrá una, dos o ninguna comisión investigadora, la tienen ahora los partidos con menor representación parlamentaria. De avanzar, las compras a ITHG será uno de los temas debatidos.