“Salto al vacío”: jerarcas del INDT cuestionan el proyecto de Lema de donación de órganos en menores

Autoridades del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), centro de referencia nacional dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), cuestionaron en el Parlamento el proyecto de ley del senador nacionalista Martín Lema para extender a los menores de edad el consentimiento presunto o tácito de donación de órganos y tejidos tras su fallecimiento, tal como rige en adultos desde la ley 18.968, de 2012.

Tras la aprobación del proyecto de Lema en el Senado, en diciembre pasado, el texto comenzó a analizarse este mes en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, a la que asistió una delegación del INDT, encabezada por Adriana Tiscornia, que sucederá al director Armando Cacciatori, la subdirectora María José Salesi, y el coordinador de trasplantes Mario Godino.

Tiscornia, profesora que quedó a cargo de la unidad académica del INDT, comenzó planteando el 11 de marzo en la comisión que “no tuvieron” la oportunidad de marcar su postura antes del debate en Senadores, tras lo cual enumeró los “problemas” que observan con el proyecto, de acuerdo a la versión taquigráfica, a la que accedió El País.

“Compartimos totalmente la intención que tiene la ley, que pretende buscar alternativas para trasplantar a todos los menores, pero entendemos que también es necesario delimitar el problema del acceso al trasplante en los menores, porque no es igual para todos los tipos de receptores que esperan órganos”, indicó la doctora.

Para el caso de los receptores menores que aguardan hígado, pulmón o riñones “existen alternativas para recibir órganos de donantes adultos”. Sin embargo, el “problema real” está en el trasplante de los menores de cinco años que esperan un corazón, porque “ahí sí existen restricciones antropométricas” para realizar un trasplante.

La dificultad está en la “disponibilidad” de donantes menores de cinco años para los trasplantes de corazón, en un contexto de baja natalidad en la última década, con una caída de mortalidad, sumado a que no todos los niños que fallecen pueden ser donantes.

Tiscornia marcó que España, referente mundial en la materia, incluye la donación presunta de menores, pero para su aplicación “se recaba el consentimiento familiar después de fallecido el menor; nunca intervienen sin el consentimiento de la familia, luego del fallecimiento”, dijo.

La doctora agregó que, a nivel regional, la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante hizo el año pasado una recomendación “explícita” a los Estados de abstenerse de aprobar iniciativas legislativas que introduzcan la donación presunta de órganos y tejidos de menores de 18 años.

La recomendación fue tomada en una reunión del Mercosur, de noviembre del 2025, que derivó en la firma de un acuerdo que Uruguay “adhirió”, agregó. “Entendemos que no respeta el acuerdo del Mercosur —que el Estado uruguayo suscribió— relativo a la donación de órganos de menores e incapaces”, puntualizó.

“Según un análisis que hemos hecho del derecho comparado a nivel internacional, no existe una ley similar en ningún país del mundo, ni siquiera en los países que son líderes en la actividad de donación y trasplante. Todos los países líderes en esta actividad toman en cuenta el consentimiento de la familia de los menores, luego del fallecimiento”, dijo Tiscornia.

“Entendemos que este proyecto iría en contra de las mejores prácticas que ya han demostrado ser eficientes, como es el caso de España, Reino Unido y otros tantos países. En definitiva, no da solución al real problema que identificamos, es decir, la comunicación de fallecidos”, marcó en esa línea.

Tiscornia también apuntó que este proyecto “pone en riesgo el principal capital que posee nuestro sistema de donación y trasplante: la confianza que tiene la sociedad en la transparencia del sistema”, vigente desde hace 50 años. “Nos preocupa la reacción social de la población”, advirtió.

“Ni bien se aprobó este proyecto el año pasado en la Cámara de Senadores, hubo un aumento de gente que venía al INDT a emitir su expresión negativa a la donación de adultos”, dijo Tiscornia.

“Entendemos que, de proseguir este proyecto, también tenemos el riesgo de aumentar esas expresiones negativas y vulnerar nuestro sistema”, remarcó.

“Nosotros pensamos que la ley que no va a ser eficiente en la generación de mayor cantidad de donantes, que es lo que nos interesa, porque apunta a solucionar una situación que no es el problema. El problema que tenemos es la comunicación”, dijo, por su parte, Godino.

“El problema está en que los equipos asistenciales tengan presente la posibilidad de donación frente a una muerte. Eso tampoco se trabaja a través de una ley que diga: 'Están obligados'; de hecho, ya existe”, agregó el médico. “Una noticia de ese tipo puede hacernos retroceder diez años la confianza de la población que se ha logrado”, afirmó.

Godino insistió con que aprobar este proyecto sería un “salto al vacío” por el “efecto búmeran” en la población porque “si la gente pierde la confianza viendo una imposición a los niños, en los adultos se puede traducir en más negativa a la donación en vida”, y por otro lado, en “los equipos que trabajan alrededor de los transplantes”, explicó.

“Entendemos que al imponer la donación presunta, no solo se los iguala a los mayores de edad, sino que, se los coloca en una situación desventajosa, porque por sí mismos no pueden salir del sistema. Ellos, necesariamente, tienen que recurrir a un tercero, ya sea el representante legal, un tutor o, eventualmente, a partir del artículo 3° sancionado en la Cámara de Senadores, un juez letrado de familia. Pero el menor no puede expresar su voluntad por sí mismo”, planteó, por su parte, Salesi.