Informe confidencial de interventores de Casmu de 2025 advirtió por "alto riesgo de iliquidez" en la mutualista

La comisión interventora de la mutualista Casmu, que funcionó entre febrero y junio pasado, integrada por Alarico Rodríguez, Diego Pescadere y Gustavo Fernández Gonella, concluyó que la tercera institución con más afiliados del país presentaba un “alto riesgo de iliquidez”.

“De los análisis que ha podido realizar la comisión interventora puede concluirse que Casmu se encuentra en una situación económico financiera crítica con un alto riesgo de iliquidez”, marcó un informe “confidencial”, al que accedió El País, que envió dicha comisión a la titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, el 23 de junio pasado.

El informe, de 33 páginas, se elaboró previo a las elecciones en Casmu, en setiembre pasado, en las que el opositor Domingo Beltramelli se impuso a Raúl Rodríguez, titular de la institución entre octubre de 2019 y octubre de 2025. El sector de la oposición de aquél entonces insistió con acceder a este informe previo a los comicios para contar con un estado de situación.

A partir del 30 de junio pasado, el Poder Ejecutivo cambió la conformación de dicha comisión interventora, que quedó integrada por Wilser Briozzo, Juan Andrés Barquín y Norma Rodríguez. Fuentes de Casmu indicaron a El País que a la fecha no han recibido un informe de la comisión interventora.

El reporte del 23 de junio puntualizó que Casmu, bajo la dirección de Rodríguez en ese entonces, contaba con un “porcentaje elevado de cesión de la recaudación Fonasa habiendo aumentado desde un 57% (considerado el 29 de julio de 2024 en la Exposición de Motivos de la ley 20.325) a un 59% al 22 de mayo de 2025”.

También se apuntó que la anterior directiva de Casmu “no ha proporcionado a la comisión interventora prueba de la integralidad, monto y plazo de las cesiones de crédito vigentes de otras fuentes (e inclusive las no vigentes pero posteriores al cierre del ejercicio 2023)”.

“A junio de 2025 no sólo no han existido ahorros significativos sino que la información que se ha proporcionado a esta comisión interventora resulta inconsistente, además de haberse incurrido en gastos de montos exorbitantes”, agregó.

Los interventores también señalaron que “las consideraciones y fundamentos que expresó Casmu el 17 de junio de 2024 para fundamentar la solicitud de acceso al Fondo de Garantía IAMC (y que al no cumplirse con los requisitos diera lugar al envío del Proyecto de ley de la que sería la Ley 20.325) era que la institución se encontraba en un estado de grave dificultad económica y financiera, estando comprometida la capacidad de pago de sus obligaciones por los siguientes seis meses existiendo atrasos en los pagos a proveedores”.

“Lo mismo sigue ocurriendo un año después, habiendo recibido los fondos solicitados y sin que aún se hubiera culminado el proceso de aprobación de un plan de reestructura sigue estando comprometida su capacidad de pago por los próximos seis meses existiendo atrasos en los pagos a los proveedores”, acotaron los interventores hace menos de un año.

En línea con el análisis citado, la comisión apuntó que el Flujo de Fondos Proyectado (FFP), “confeccionado por la institución y aprobado por su Consejo Directivo el 9 de mayo de 2025 tiene errores y falencias de importancia que fueron marcados por la comisión interventora”.

Frente a las “limitaciones” descritas, la comisión realizó proyecciones desde junio de 2025 a setiembre de 2026, tuvo entre sus conclusiones que “el resultado operativo proyectado para los dos ejercicios es negativo”, así como que “se mantiene la necesidad creciente de recurrir a financiación no bancaria para solucionar los problemas de liquidez no resueltos”.

“La información y documentación que se recibió de los préstamos de personas físicas y jurídicas no financieras tiene inconsistencias y aparecen mencionadas operaciones que habrían sido realizadas en los últimos seis meses sin haber informado a esta comisión interventora”, agregó el reporte.

La comisión marcó que si bien “no surge la existencia de un riesgo asistencial específico, el evidente agravamiento de la situación económico financiera que se relató en el apartado anterior, expone a Casmu al deterioro de la calidad de la atención a la salud prestados a más de 177.000 usuarios”.

“Máxime teniendo en consideración que los procesos de toma de decisiones que se adoptan (por ejemplo en materia de gastos e inversiones por cuantiosas sumas) no se condicen con la situación de riesgo de iliquidez que la propia institución denunció para acceder al Fondo de Garantía el 17 de junio de 2024, cuando inclusive su situación económica no era tan grave como lo es en la actualidad”, agregó el informe de junio de 2025.

El informe tiene un capítulo de “hechos importantes revelados por la comisión interventora”, que toma en cuenta lo evaluado desde el 29 de julio de 2024, fecha en que el Poder Ejecutivo resolvió la intervención de Casmu, sin desplazamiento de autoridades.

Entre los hallazgos, se destacó la “no revocación de cartas poderes otorgadas a favor del exgerente de logística, proyectos, inversiones y obras (Dr. Osvaldo Barrios), transcurridos seis meses desde su renuncia”, aceptada el 5 de noviembre de 2024.

El 29 de abril pasado, la comisión investigadora consultó si se habían revocado las dos cartas poderes, que permiten "efectuar cobros, firmar convenios y suscribir toda clase de contratos civiles y/o comerciales", a favor de Barrios.

Casmu respondió el 5 de mayo que los poderes “se encontraban vigentes y que ‘habrán de revocarse’”, lo que fue considerado por la comisión como un hecho “especialmente relevante y grave”, que “demuestra que las autoridades naturales de Casmu no pueden tener la certeza acerca de las obligaciones o adeudos que pueda vincular a la institución, lo que denota un manejo, cuanto menos, negligente”, acotaron.

El reporte también apuntó contra la “falta de aprobación de contratos por el consejo directivo o directamente desconocimiento de la existencia de dichos contratos por el consejo directivo”. Esto en referencia a los “contratos de préstamos que varias veces en el mes son celebrados con prestamistas particulares, las cesiones de créditos a favor de esos prestamistas o proveedores, la contratación de empresas tercerizadas, o la contratación de asesoramiento profesional asumiendo el pago de muy cuantiosos honorarios”.

La comisión además cuestionó que Casmu “desde hace varios años contrae créditos con personas físicas y jurídicas no bancarias (prestamistas privados, la mayoría de ellos no regulados por el Banco Central del Uruguay) pagando altas tasas de interés”. Los préstamos “se toman a plazos de un mes e inclusive, en algunos casos, a menos de una semana (por ejemplo, cuatro días)”.

“Los créditos en general son documentados con la entrega de cheques diferidos por el capital e intereses pactados y/o a través de la cesión de recaudación de administradoras de crédito, emisores de tarjetas de crédito y Fondo Nacional de Recursos”, describieron.

Mientras que “el total del capital recibido en préstamos en los últimos seis meses (sumando pesos y dólares) es de $2.766.178.962, es decir un importe 26,6% mayor a los $2.184.367.134 cuyo desembolso se dispuso por la ley 20.325”.

A su vez, el 64,8% de ese capital “fue prestado por un solo prestamista”, una S.A.S, que comenzó a brindar asistencia financiera a la institución en mayo de 2024. El cálculo de la tasa efectiva anual de las operaciones realizadas por plazo menores a 10 días fue de “579.5 % en moneda nacional y 189.3 % en dólares estadounidenses”.

La comisión también destacó la “reticencia o demora en proporcionar información o documentación a la comisión interventora”. Frente a esta situación, el 21 de abril de 2025, se pidió a Casmu que le permitiera el acceso web a las cuentas bancarias con perfil de consulta, para poder conocer en tiempo real los movimientos.

“Habiéndose demorado injustificadamente” dicho acceso, la comisión informó de la situación al Ministerio de Salud Pública (MSP), el 15 de mayo, tras lo cual, un día después lograron acceder.

Entre varios aspectos, los interventores puntualizaron que “los procesos de toma de decisión y las decisiones mismas de las autoridades de Casmu no son acordes con el profesionalismo que se debe tener para conducir una institución que enfrenta una situación de crisis económico financiera de tal magnitud”.