La Secretaría Nacional de Drogas (SND) publicó este martes la segunda revisión de la ley 19.172, de regulación y control del cannabis, y allí realiza un análisis del impacto de la normativa que se aprobó en el gobierno de José Mujica, hace más de una década, pero que sigue generando debate por su alcance.
El informe “La regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Segunda evaluación de la Ley 19.172”, al que accedió El País, tiene 164 páginas y resalta que 11 años después de aprobada dicha norma, los resultados muestran que “Uruguay consolidó un mercado regulado efectivo, con una expansión sostenida de sus vías legales de acceso al cannabis psicoactivo de uso no médico”.
El documento deja entrever que más de la mitad de los consumidores hoy acceden a la droga por la vía ilegal, aunque destaca que “el 46 % de los consumidores actuales de cannabis están registrados y pueden acceder legalmente a esta sustancia”.
Por un lado, el informe elaborado por el Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) y editado por la SND, que lidera el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó la “drástica caída del narcotráfico clásico (cannabis prensado)”, que pasó de ser la “principal” vía de acceso en 2014 a representar “apenas el 6,7 % en el 2024”.
Este desplazamiento, se explica por “la disponibilidad de canales legales, por la estabilidad relativa del precio regulado y por el aumento de la percepción de seguridad y calidad entre quienes acceden por vías formales”, acota el reporte elaborado por Jessica Ramirez, Leticia Keuroglian y Héctor Suárez (OUD/SND).
No obstante, se reconoce que esta reducción convive con la “persistencia de un mercado gris”, integrado fundamentalmente por cannabis proveniente de “cultivadores domésticos no registrados y por intercambios informales”.
“Este segmento —distinto del narcotráfico tradicional y de menor riesgo criminal— se mantiene cercano al 30% y constituye uno de los principales desafíos pendientes, ya que limita la capacidad del mercado regulado para expandirse plenamente”, agrega el informe.
A nivel de salud pública, “no se registran impactos negativos significativos atribuibles a la regulación”. Los indicadores de consumo problemático “permanecen estables, no se observan aumentos pronunciados en emergencias toxicológicas por cannabis y se consolidan ventajas en materia de calidad y trazabilidad del producto legal”.
“La política contribuyó a reducir la intervención policial y judicial por conductas menores vinculadas al cannabis, disminuyendo la discrecionalidad y la carga penal sobre usuarios”, agrega el estudio, con respecto a la seguridad y la criminalización.
“La claridad normativa mejoró la aplicación de la ley, aunque persisten problemas derivados de la falta de capacitación y de la heterogeneidad en los criterios de actuación entre territorios. La reducción del narcotráfico clásico no implica la desaparición del problema, pero sí una transformación del mercado ilegal hacia modalidades menos violentas y menos visibles”, se indica.
En cuanto al desempeño del mercado, los resultados hasta el 2024 muestran un “sistema legal que funciona, pero que aún enfrenta restricciones estructurales”. Esto en referencia a “problemas de abastecimiento hasta el 2024 en farmacias”, así como “rigideces normativas que afectan la capacidad de respuesta del sistema”.
Pero también hay “brechas territoriales en la disponibilidad del producto” y “complejidades persistentes en la coordinación institucional”. Estos factores “explican que la expansión del mercado regulado, aunque significativa, no haya logrado todavía desplazar completamente al mercado ilegal ni ofrecer soluciones homogéneas en todo el país”, advierte el análisis.
“Los resultados indican que Uruguay ha avanzado en los objetivos centrales de la ley —reducir daños, ampliar el acceso seguro, disminuir la criminalización y restar espacio al narcotráfico—, pero requiere ajustes focalizados para fortalecer la eficacia del mercado regulado y reducir la persistencia del mercado gris”, concluye el informe.