DISPOSICIÓN DEL EJECUTIVO GENERA DEBATE

El Poder Ejecutivo estableció que quienes se vayan a vacunar contra el virus que causa el COVID-19 deberán firmar un consentimiento informado. Aunque todavía se desconocen los detalles de ese formulario, en los países que se aplica se deja constancia de que las vacunas, como todo medicamento, podrían causar efectos adversos.

La decisión del Ejecutivo les fue notificada ayer a los integrantes de la comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre cómo deberá ser la campaña. La novedad tomó por sorpresa a los médicos y científicos que la integran, ya que hace “más de medio año” habían sugerido que no se firmara un consentimiento.

El País consultó a cuatro integrantes de la comisión asesora y todos coincidieron: los técnicos no están en contra del consentimiento informado -de hecho, dicen que es una garantía para el usuario y el Estado, más aún en vacunas que fueron aprobadas para su uso en una situación de emergencia-, pero entienden que la firma del formulario podría desestimular la adhesión a vacunarse. En especial entre la población más dubitativa.

La propia comisión discutió al respecto hace siete años, cuando se recomendaba la administración de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero (HPV). Esta era voluntaria, implicaba varias dosis y se pedía la firma de un consentimiento. Ese combo hizo que fueran muy pocos los que aceptaran vacunarse y por eso se tuvo que rever la política de inmunización. Así fue que se retiró la firma del consentimiento.

Los médicos y científicos que asesoran sobre vacunas entienden que el solo hecho de ir a inmunizarse es prueba suficiente de que la persona está dando su consentimiento.

Según les narró Miguel Asqueta, director general de Salud, la decisión del Ejecutivo sería por una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos. Esos documentos, sin embargo, están bajo reserva de confidencialidad y los asesores técnicos no pudieron acceder a la información detallada.

María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina e integrante de la comisión asesora, admite que los consentimientos son “una herramienta para brindar información a la población”. Pero explica que, como “contra”, podría traer aparejado cierto temor entre quienes tengan dudas y llevar a “una complicación logística”.

Ocurre que las vacunas de Pfizer/BioNTech -de las que Uruguay recibirá 2.000.0000 de dosis- se conservan a muy bajas temperaturas. Una vez descongeladas, comienza una cuenta regresiva hasta que la dosis pierde su utilidad. “¿Qué pasa si una persona ya tiene agenda para una vacuna y a la hora de firmar el consentimiento se arrepiente? Eso cambia la proyección”, dice la científica.

El ingeniero Raúl Bianchi, asesor de logística del MPS, había explicado: “si un punto tiene agendadas a 500 personas vamos a mandar 600 dosis. Es decir, vamos a enviar para un día y un poco más, y al otro día vamos a ir de vuelta. Desde que sale de la TCU hasta que llega al brazo de la persona no queremos que pasen más de 48 horas”. Esto así, pese a que las cajas térmicas que llegarán a cada puesto de vacunación mantienen el producto por cinco días. Bianchi también dijo que se está ideado aún un plan para determinar qué hacer en caso de que alguien falte a la cita tras haberse agendado vía web.

En Israel, donde según el sitio Our World In Data se lleva vacunado al 58% de la población, si falta alguien se puede anotar cualquier ciudadano. Allí la vacuna es también voluntaria, pero no se requiere de un consentimiento informado para recibirla. La excepción son los menores de 18 años que requieren de la firma de los padres (las vacunas se administrar a mayores de 16 y ahora se autorizó a niños con alguna comorbilidad específica).

“La estrategia seguida por Israel sería muy difícil de transpolar a Uruguay porque aquí serán muchas menos dosis”, explicó Moreno.

Argentina y México tampoco exigen la firma de un consentimiento. En Puerto Rico, parte de Estados Unidos y Reino Unido sí se pide que se complete un formulario. Los británicos son bastante discretos y piden se firme una hoja en la que se aclara que “todo medicamento puede traer efectos” y se indica el enlace web para obtener más información. Los puertorriqueños, en cambio, son más duros: “Al firmar certifico que he sido orientado(a) sobre la Ley HIPAA, he recibido copia de la hoja de Información de la vacuna (VIS), he leído la información de la vacuna y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy satisfecho(a) con las respuestas a mis preguntas, he entendido los beneficios y riesgos de la vacuna. Autorizo la administración de la vacuna”.

En marzo de 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos había recibido una denuncia del “Colectivo Ciudadano por la no Obligatoriedad de la Vacuna del contra el virus de papiloma humano (HPV) Uruguay”. Los denunciantes manifestaban su “preocupación” por la vacunación en las escuelas. Unos meses después, la Institución emitió una serie de recomendaciones. Una de ellas decía: “Sustituir el formulario de autorización actualmente utilizado, por un formulario de consentimiento informado individual para las vacunas no obligatorias”.

Siguiendo este razonamiento, y “en base a la óptica de derechos humanos”, es “recomendable el consentimiento informado para todo procedimiento invasivo”, explicó Wilder Tayler, actual presidente de la Institución. Pero el especialista aclaró que, en un “contexto de emergencia como el actual y habiendo una discusión pública que le permite al ciudadano estar informado, no es descabellado que pueda presumirse el consentimiento por el solo hecho de ir a vacunarse voluntariamente”.

Tayler, quien ha tenido que estudiar casos de transfusión de sangre en Testigos de Jehová, admite que “no es lo mismo un tratamiento con nombre larguísimo, en que la persona se somete a algo que ni conoce, que una vacuna que se está comentando todos los días en los medios de comunicación”. En esa línea, dice: “para la vacuna contra la gripe, que tampoco es obligatoria, no se pide la firma de un consentimiento. Se da por hecho que el asistir equivale a dar ese visto bueno”.

Las vacunas con ARN mensajero, como la de Pfizer, son las que reportan más eficacia. Por eso se reservarán para la población de mayor riesgo: el personal de salud, mayores de 75 años, y adultos que viven en residenciales junto a sus cuidadores. El resto de vacunas se administrarán para el resto.

¿Qué pasa si llega antes una vacuna con virus inactivo, como Sinovac? Esa fue una de las preguntas para la que la comisión asesora de vacunas no consiguió aún la respuesta del MSP. Según los informantes, el director Asqueta les aseguró que no habría demasiadas diferencias de días entre la llegada de los distintos tipos de dosis.

En lo que se hizo un ajuste fue en los días de administración de las dosis destinadas al personal de la salud. Las vacunas de ARN mensajero pueden dar algún efecto adverso leve (como dolor de cabeza, un poco de fiebre o cansancio) tras la segunda dosis. Por eso las autoridades sanitarias están previendo que se separe a los trabajadores de la salud de un mismo servicio para que, en caso de “enfermar”, no se ausenten todos el mismo día.

Plan de vacunación: dentistas también tendrán prioridad

El Ministerio de Salud informó ayer a través de un comunicado que los odontólogos son considerados parte del personal de salud. Por eso los dentistas, asistentes, higienistas y demás trabajadores del ámbito odontológico están dentro de la prioridad del plan de vacunación, al igual que el resto del sistema sanitario.

“El colectivo de odontólogos estaba exigiendo que se haga explícito ese reconocimiento y, aunque la forma de comunicación no fue la más adecuada porque no se transmitió la información a la Asociación Odontológica, estamos conformes con la decisión”, dijo Enrique Laxague, presidente de la Asociación Odontológica Uruguaya (AOU).

Según datos de la Caja de Profesionales, en Uruguay hay unos 5.000 odontólogos en actividad. La mitad tiene una relación de dependencia con un prestador de salud público o privado. El resto atiende de manera independiente.

En los oficios que rodean a los odontólogos, dentro de la clínica dental, el relevamiento de trabajadores es más difuso. Pero Laxague estima que “serán unos 2.500”. Por tanto, a efectos de la vacunación, el universo a ser inoculando asciende a 7.500, entre los que dependen de los prestadores de salud y los particulares.

La AOU había realizado una encuesta entre sus afiliados para conocer su interés de vacunación. De los más de 500 participantes del sondeo, un 80% dijo que está afín con la vacunación.

En la sesión directiva del miércoles pasado, la Asociación resolvió que, como gremial, aconseja la vacunación y que esa decisión será transmitida a todos sus afiliados.

El SARS-CoV-2, ese virus que causa la enfermedad del COVID-19, tiene las partículas aéreas y salivales como principales vehículos de transmisión. En ese sentido, los odontólogos son de los profesionales más expuestos. Y aunque han tomado todas las medidas de seguridad, incluso comprando insumos que quintuplicaron su precio, “es importante que se haya incluido a la Odontología en la prioridad vacunatoria”, explicó Laxague.

En entrevista con El País, el directivo había dicho que uno de los grandes problemas que existe a nivel de la sociedad, y sobre todo entre los directores de los servicios de salud, es que no entienden que la odontología es una especialidad quirúrgica.