De Danza a Miralles: los informes del exdirector con los que Lustemberg defendió sus decisiones políticas

Durante los primeros meses del gobierno de Yamandú Orsi, Cristina Lustemberg se había consolidado como una de las ministras mejor evaluadas por la opinión pública, de acuerdo con las distintas encuestas. Sin embargo, su gestión al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue quedando cada vez más expuesta al desgaste político, a partir de dos decisiones que abrieron fuertes frentes de confrontación con la oposición. La nueva convocatoria, prevista para el próximo 22 de noviembre en la Cámara de Representantes, marcará además un hecho singular dentro del gabinete: Lustemberg será la única ministra de la administración Orsi que deberá comparecer por segunda vez ante el Parlamento en régimen de interpelación.

La primera polémica se desató a raíz del caso del actual presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Andrés Danza, por los posibles conflictos de intereses e incompatibilidades que suponía el ejercicio simultáneo de sus funciones públicas y privadas. Durante los primeros meses del gobierno, Danza permaneció al frente del principal prestador público de salud del país, mientras continuaba desempeñándose profesionalmente en varias mutualistas privadas.

Finalmente, Danza terminó renunciando a sus cargos en la Asociación Española, Médica Uruguaya y CAMS de Soriano. No obstante, la defensa que la ministra hizo de su situación tuvo como uno de sus principales respaldos el informe jurídico elaborado por Martín Esposto, entonces director de Jurídica del MSP.

El exjerarca presentó su renuncia este jueves, luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara la reducción de la inhabilitación impuesta a la anestesista Inés Miralles -volvió a imponerla por cinco años-, condenada en diciembre de 2025 por homicidio culposo en el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Esposto, quien además es funcionario de ASSE y en marzo de 2025 pasó en régimen de pase en comisión al MSP-a pedido expreso de la ministra, por tanto, para desempeñar un cargo de confianza política-, volvió a quedar en el centro de la controversia durante la última semana, a raíz de los dos informes jurídicos que elaboró por el caso de la anestesista Miralles. Su actuación ya había sido cuestionada por la oposición por el informe que elaboró en defensa de Danza, en el que sostenía que “no había incompatibilidad ni conflicto de interés al mantener esa actividad asistencial” en las mutualistas privadas. En aquel momento, los legisladores opositores habían puesto en duda su imparcialidad por su condición de funcionario de ASSE.

Aunque desde el MSP aseguraron a El País que la renuncia de Esposto respondió a una decisión personal y no fue solicitada por Lustemberg, el abogado había desempeñado un papel central en el asesoramiento jurídico que llevó a la ministra a reducir la inhabilitación impuesta a Miralles. Esa resolución, revocada esta semana por Orsi, terminó marcando el final de su gestión al frente de la dirección de Jurídica de la cartera. En el informe elaborado por Esposto en octubre de 2025 (tras un recurso presentado por la anestesista), que derivó en la reducción de la sanción y provocó, tras conocerse la resolución en abril de este año, la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, el jurista alegó que en “función de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad”, era conveniente mantener la inhabilitación a la anestesista, pero reducir su extensión. Consideró que “el quantum sancionatorio era desproporcionado”. En el Parlamento, Lustemberg defendió que la reducción del período de inhabilitación respondió al “análisis jurídico” realizado por Esposto y sostuvo que con esa decisión no se estaba “haciendo juicio sobre el fondo del asunto”.

Un año después, a raíz de un recurso presentado en junio por Rosario Barrera, madre de la víctima, y por iniciativa de Orsi, Esposto revisó lo actuado y arribó a una conclusión diferente. En su último informe, fechado el 28 de octubre y citado en la resolución presidencial, el entonces director de Jurídica del MSP incorporó un elemento nuevo para modificar su postura: la condena de la anestesista como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable, tras un proceso abreviado. El fallo judicial, que la sentenció a dos años de prisión, sustituyéndose con libertad a prueba y arresto domiciliario por ocho meses, fue hace casi un año, en diciembre de 2025. En tanto, desde Jurídica de Presidencia sostuvieron que compartían la sugerencia de elevar nuevamente la sanción, aunque no se tenía el “honor” de acompañar el “fundamento jurídico” que la sustentaba.