Comisión de salud sexual pide "revisar plazos" de ley de aborto y el copago "cero" en la reproducción asistida

La Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual presentó este martes en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP) las recomendaciones para la estrategia de derechos sexuales y reproductivos 2026 – 2030, que incluyeron cambios a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el copago “cero” en los casos de reproducción asistida y prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, la ginecóloga Valeria Tolosa realizó una presentación de las líneas generales que buscarán plasmar en este gobierno en la materia, tras un trabajo “colaborativo” entre el gobierno, la sociedad civil, la Universidad de la República y representantes sociales. El documento completo con la estrategia no fue publicado aún.

“Hay desafíos en cuanto a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país, en Latinoamérica, con un avance de los movimientos anti derechos”, planteó Tolosa, destacando el trabajo de la comisión, que las autoridades sanitarias puntualizaron en el evento que no era convocada desde el último gobierno del Frente Amplio.

La comisión trabajó en cuatro “ejes estratégicos” (acceso, calidad y seguridad en los servicios de salud; reproducción humana y ciclo de vida; sexualidad como derecho; cuidados autocuidados), “atravesados” por una serie de “desafíos estructurales” que condicionan la aplicación de políticas públicas como “el modelo patriarcal, la desigualdad y la pobreza, así como poblaciones históricamente vulneradas en los servicios de salud”, dijo Tolosa.

En cuanto al acceso, Tolosa dijo que buscan expandir el uso de telemedicina para mejorar el acceso en zonas rurales, “incluyendo servicios sexual y reproductiva, reproducción asistida e interrupción voluntaria del embarazo incorporando las nuevas tecnologías para llevar la salud a la gente”, entre ellas a las personas migrantes dada la “gran afluencia” hacia Uruguay.

Además, planteó que es necesario “incorporar estrategias de trabajo con masculinidades en la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual”, tales como sífilis, virus del papiloma humano (VPH) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En relación a los servicios comprendidos en la Ley IVE, promulgada en el gobierno de José Mujica, la titular de la comisión planteó “barreras persistentes” en relación a las migrantes, que “no tienen cobertura”, así como la “falta de equipos” en algunos departamentos del interior o zonas rurales.

En cuanto a los abortos, Tolosa habló de “revisar plazos” de la Ley IVE, “valorar la eliminación de tiempos de espera innecesarios”, así como “incorporar la telemedicina a los servicios de salud para mejorar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional”.

Briozzo dijo en diálogo con El País este mes que en virtud de estas recomendaciones, el MSP impulsará cuatro cambios a la ley IVE: aumentar el plazo de 12 a 14 semanas ante casos de malformaciones, mayor inclusión de mujeres migrantes, cambiar el período de reflexión mínimo de cinco días y quitar la obligatoriedad de ser vistas por un equipo multidisciplinario.

En materia de reproducción asistida, la comisión planteó trabajar en “acceso equitativo” y “actualización” de la normativa vigente, “ampliándola” para llegar al copago “cero”. El sistema actual deja sujeto el copago a los ingresos de la pareja y los intentos de quienes buscan ser padres.

La comisión presentó diversas propuestas, desde “priorizar políticas pronatalistas reales en Uruguay", en medio de una caída histórica de los nacimientos desde hace una década, hasta “eliminar” los casos de sífilis congénita.

Para lograr una “agenda real” de derechos sexuales y reproductivos, se planteó una coordinación “interinstitucional” entre varios ministerios y prestadores, así como “tableros de indicadores, acceso, calidad y resultados” en la materia.

“Los desafíos son trabajar para cambiar el modelo patriarcal y los mandatos de género, en desigualdad y pobreza, y abordar sobre todo las poblaciones vulneradas”, marcó Tolosa. Entre las inequidades “estructurales”, planteó que los usuarios de ASSE tienen una esperanza de vida de 70 años, mientras que en el subsector privado es de 78 años, entre otras "brechas".

Briozzo marcó en rueda de prensa que la comisión trazó recomendaciones "muy ambiciosas" en todos los temas que se vinculan con los derechos sexuales y reproductivos, que van a ser tomados por el gabinete del MSP y elevados al Poder Ejecutivo para su consideración.

El también ginecólogo y docente grado 5 indicó que se “considerará” la propuesta de la comisión de que la ecografía funcional, que sirve para diagnosticar precozmente la endometriosis, sea parte de las prestaciones del sistema de salud.

En relación a la fertilización asistida, Briozzo dijo que el formato vigente, en algunos sectores, resulta “muy oneroso” un segundo o tercer intento, que es cuando se puede lograr un embarazo en un “porcentaje muy alto” de las parejas.

Consultado sobre su postura en torno a los copagos, el jerarca prefirió no marcar su postura. “Hay que ser muy responsables a la hora de decir si se puede hacer o no, porque tiene que ver con cuentas públicas y prioridades económicas que tiene fuerte incidencia desde el MEF, y que finalmente va a ser resuelto por el presidente de la República”, dijo.

Por otro lado, el ginecólogo fue consultado por el volumen de cesáreas, que se aplican en el 50% de nacimientos a nivel local, lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no superar el 15%.

"Hay una concepción culturalmente extendida de que la cesárea es mejor que el parto, y eso no es así. La cesárea tiene muchos más riesgos para la mujer y el recién nacido que el parto normal, cuando viene todo bien. Hay que dejarla destinada solamente a los casos en que está indicada, y no promover innecesaria su uso”, dijo Briozzo.