A 20 años de su creación, el MSP revisa el SNIS: "Tenemos dificultades pero el sistema de salud da garantías"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, inició esta semana un proceso de revisión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), cuando se están por cumplir 20 años de la ley 18.211 que lo creó, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005- 2010).

“Tenemos dificultades pero el sistema de salud da garantías a la ciudadanía”, destacó la jerarca este jueves en el salón de actos del MSP repleto, con la presencia de ministros, sindicalistas de la salud, directivos de mutualistas, seguros médicos y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), así como académicos y dirigentes políticos.

“No quiere decir que no tengamos problemas, pero no quiere decir que el sistema esté a la deriva. No por mí, sino por ustedes. Porque independientemente que yo esté o no esté, tengo la garantía, por suerte, que la salud en este país está garantizada”, remarcó Lustemberg en conferencia de prensa.

“Pese a todas las dificultades, a los errores que estoy dispuesta a corregir, a escuchar, acá nada debe estar por encima que generar los consensos basados en la evidencia, y no en las presiones de las corporaciones, ni de las industrias, cuando no están a favor de mejorar la salud”, resaltó la ministra.

Por su parte, Gabriela Pradere, titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), destacó en esta instancia que el SNIS se convirtió en una política de Estado “sostenible”, que ha logrado “mejorar” el acceso y la equidad, pero que tiene “muchas cosas para mejorar”.

El trabajo del MSP, con diferentes actores, estará basado en reconocer aquello que funciona y debe fortalecerse, así como ajustar lo que requiere corrección o actualización, y transformar los acuerdos en “acciones y decisiones concretas”, añadió Pradere.

Bajo la consigna “SNIS 20+”, la revisión del sistema tendrá cinco ejes de transformación: gobernanza; capacidades sanitarias: infraestructura, tecnología, y personal de salud; participación de usuarios; financiamiento, sostenibilidad e incentivos, y configuración y equilibrio de la red sanitaria nacional.

El “próximo desafío”, destacó la presentación de trabajo del MSP, será “convertir cobertura y derechos en acceso efectivo, calidad, integración y equidad”. El SNIS "no es un sistema único estatal de salud, ni un sistema nacional de salud, es integrado", destacó Lustemberg frente a representantes de los prestadores.

La mirada común transversal en los cinco ejes buscará contemplar los resultados para los usuarios, lograr una mejor utilización de los recursos y capacidades, contar con información para la rectoría en salud y la revisión de la normativa.

El 15 de noviembre se lanzará una convocatoria abierta, que se extenderá hasta el 15 de febrero de 2027, para que los diferentes actores del sistema de salud presenten estudios técnicos, experiencias y evaluaciones vinculadas a los cinco ejes.

El plan de trabajo prevé que en marzo de 2027 se lancen jornadas nacionales de trabajo donde se presenten diferentes insumos técnicos y diagnósticos, y darle un cierre al año en octubre próximo.

En ese sentido, se impulsarán entre marzo y octubre de 2027 mesas de trabajo articuladas en los cinco ejes, con reuniones mensuales. Así como también actividades descentralizadas, buscando potenciar las juntas departamentales de salud.

El cronograma incluye llevar la temática entre noviembre y diciembre a la reunión de ministros de salud del Mercosur, en diferentes organismos multilaterales (BID, CAF, UNFPA, OPS y Cepal), y en las respectivas comisiones de salud parlamentarias.

El SNIS fue una de las políticas más significativas de los gobiernos frenteamplistas, con la que se alcanzó una cobertura universal de salud. Sin embargo, persisten dificultades en el acceso a prestaciones, cuestionamientos a los tiempos de espera, acceso a especialistas y el costo de los medicamentos.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa), corazón del SNIS, se sostiene con el aporte de trabajadores, jubilados y empleadores, pero como es deficitario depende de un aporte de Rentas Generales, cada vez más creciente, que ronda los US$ 1.000 millones anuales.