¿Uruguay está condenado a ser caro para siempre? Esta pregunta fue el disparador en la primera edición de un ciclo de encuentros llamado “Los grandes temas del país”, que realiza El País. Un evento en el que se habló sobre el poder de los lobbies en Uruguay y la idiosincrasia uruguaya de no querer pelear, la diferencia de precios al consumidor en comparación con otros países -y cómo las personas, en su libertad, adquieren productos en la informalidad- y la mirada en el exterior del poder adquisitivo a nivel local.
También se discutió el proyecto de ley de competitividad que envió el gobierno al Parlamento en la búsqueda de desburocratizar la economía, que continúa a estudio.
El evento, que moderó el director de Redacción de El País, Martín Aguirre, tuvo un panel integrado por Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo; Juan Labraga, director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Isabelle Chaquiriand, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU y CEO de Atma; y Christopher Jones, anteriormente CEO de Ta-Ta Uruguay.
El evento quedará disponible para verlo en El País el próximo miércoles 7 de octubre. A continuación, un adelanto de lo que sucedió ayer en la primera edición del ciclo.
Para Jones, Uruguay “no está condenado” a ser caro, sino que “está regulado para ser caro desde el punto de vista del consumidor”. Entiende que “el mercado ya ajustó” por dos factores. Uno, la “libertad de los ciudadanos de ir a buscar productos más baratos”. El otro, la “libertad implícita de comerciantes que se pasan al lado oscuro de la ley”. Y preguntó al auditorio repleto: “¿Cuánta gente terminó internada por tomar cerveza hecha en la misma fábrica de Brasil (pero adquirida en el mercado informal)? ¿Y a cuánta se le cayó el pelo?”.
Jones hizo hincapié en que, para el consumidor, la “regulación es un impuesto invisible”. Las personas “pagan un precio adicional porque la regulación no permite el libre ingreso de productos”. En esa línea, recordó que hace “muchos años se decidió”, por ejemplo, que el shampoo tenía que ser registrado a nivel local por salud pública. Pero eso tiene su crítica: ¿por qué regular algo que está regulado en su país de origen o certificado por agencias, como la FDA (en inglés, Food and Drug Administration, de Estados Unidos)?, puntualizó.
Más allá de la regulación local, Labraga, del MEF, contó que en el ministerio surgió una pregunta y, a partir de ahí, un breve experimento: ¿cuánto se paga en Uruguay por un producto o servicio que no tiene ningún costo local? Para responder, miraron las plataformas con productos audiovisuales o música -sin nombrarlos, hizo referencia a Netflix, Disney+, Spotify y similares- y encontraron que los uruguayos “pagan el doble” que los argentinos y brasileros y lo mismo que los estadounidenses y quienes viven en algunos lugares de Europa.
“Claramente nos perciben como un lugar de alto poder adquisitivo aunque no tengamos esos ingresos. ¿Eso implica una condena? En ningún caso. Implica trabajar en la regulación para aumentar la competencia porque no tenemos los ingresos de Nueva York o Miami. Fue un experimento. Sí podemos trabajar en la regulación de todos estos productos de consumo masivo. Estamos con ideas muy concretas en el proyecto de ley de competitividad”, indicó.
Una de las ideas es habilitar a los importadores subsiguientes. ¿A qué se refiere? A que, quien quiera importar, no tenga que hacer el registro del artículo desde cero -que implica ir a pedirle al productor la “monografía, es decir, cómo está hecho el producto”- si es que el artículo ya está registrado en Uruguay. “Es para aumentar la competencia”, explicó.
Idiosincrasia uruguaya
Chaquiriand puso sobre la mesa una de las dificultades que ve a nivel local: “No terminamos de resolver los problemas de fondo del país” porque está en la “idiosincrasia uruguaya no tener ganas de pelearnos”. Por eso, desde su punto de vista, las “reformas estructurales terminan saliendo todas descafeinadas”. “Empezamos a negociar, conciliar, acordar y así por los siglos de los siglos”, indicó, y puso como ejemplos las reformas de la educación, del Estado y de la seguridad social.
En tanto, la CEO de Atma explicó que una de las cosas que más le preocupan es la legislación laboral. Cree que esta “no está beneficiando a nadie”, ni a los empresarios ni a los trabajadores. Porque hay una “rigidez enorme” que “no acompaña los tiempos que se viven de incorporación tecnológica”. Dentro de las críticas están que hay un laudo generalista para toda la rama y que las “definiciones de categorías son color sepia”.
Por su parte, Iturralde habló sobre la importancia de abrir Uruguay al mundo, lo que trae “dolores” pero también “sectores ganadores, crecimiento económico, menor nivel de costo de vida y una cantidad de cosas” porque es el “único camino conocido a la prosperidad de los países chicos”. En esa línea, hizo hincapié en que “no existen países pequeños, cerrados y prósperos”. Y añadió: “Te vienen con el cuento de que Estados Unidos fue muy protegido. Pero ellos pueden jugar a eso, nosotros no”.
Asimismo, el director ejecutivo del CED se preguntó cuál es el “sentido social” de la “regulación que limita que haya nuevas estaciones de nafta”. “Nadie pone una para perder, entonces, ¿quién se beneficia de esta normativa? La dificultad que tiene esta agenda es que hay que ir trinchera por trinchera, no hay una bala que soluciona todo esto”, dijo Iturralde.
El evento lo abrió el decano de UCU Business School, Marcos Soto, quien aseguró que, a la hora de hablar de lo caro que es Uruguay y comparar con otros países, es “importante y relevante” medir con respecto a qué y a quién. En esa línea, destacó que Uruguay tiene un nivel de informalidad del 22%. Por lo tanto, “cada vez que se paga el paquete de fideos se está pagando una economía que se ha formalizado notoriamente y es lógico que eso tiene un costo”, indicó.
Próximos: la necesidad de crecer y la crisis demográfica
Este fue el primero de los encuentros bajo el concepto “Los grandes temas del país”. Del ciclo de eventos, Aguirre explicó el miércoles en En Clave País que el objetivo es armar paneles con gente capacitada para charlar en un modo “anti-Twitter”, es decir, “sin consignas de 200 caracteres”, sino discusiones profundas. Los próximos dos serán “Crisis demográfica”, en noviembre, y “Uruguay necesita crecer”, en marzo de 2027.
Este ciclo es posible gracias al auspicio de Ayax, la Cámara de la Construcción, Atlantis, Abitab y Montes del Plata; y cuenta con el apoyo de Fábrica Italiana y Universidad Católica del Uruguay.
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