EXJERARCA DEL FA EN LA MIRA

"Hay veces que lo político está por encima de lo jurídico”. La frase responde a la liturgia del expresidente José Mujica, quien -por ejemplo- la acuñó en 2012 cuando se resolvió la salida de Paraguay del Mercosur, para luego permitir el ingreso de la Venezuela liderada por Hugo Chávez al bloque comercial.

Nicolás Cendoya, integrante de los equipos técnicos del Movimiento de Participación Popular (MPP) que lidera el exmandatario, tomó la idea con una variante: “Lo político está por encima de lo técnico”, dijo el también exdirector de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec).

La frase surge del resultado de una investigación administrativa del Ministerio de Industria (Miem) donde se determina que en los controles a una radio de Palmitas, Soriano, Cendoya ha “cometido sendas faltas disciplinarias” de carácter grave.

En ese sentido la investigación a la que accedió El País señala que corresponde iniciar un sumario administrativo a Cendoya, pues es funcionario público (trabaja en la Universidad de la República). Pero al mismo tiempo, la investigación concluye que hay pruebas suficientes para que se radique una denuncia penal para determinar si él, y quien era el presidente de la Ursec, Gabriel Lombide, incurrieron en un delito.

Cendoya fue la figura que el Frente Amplio eligió para representar a la coalición de izquierda en el directorio de Antel. Sin embargo esta venia no fue enviada al Parlamento y está en suspenso, ya que el exdirector de la Ursec tiene otra denuncia penal en la Justicia y dos causas abiertas: una por la investigación de los “papeles triturados” en el organismo, y la otra -que se desprendió de la primera- por la filtración de documentos de la Fiscalía general de la Nación, que terminaron en el celular de Cendoya.

El nuevo caso por el que serán investigados los dos jerarcas de la Ursec de la pasada administración frenteamplista se remonta al cambio de gobierno de Mujica en 2015, cuando asumió por segunda vez Tabaré Vázquez.

El cuerpo de inspectores de la Ursec había clausurado la radio de Palmitas y sus dueños le señalaron a los funcionarios que se contactarían con gente de gobierno para frenar la incautación de los equipos de transmisión.

La radio siguió funcionando con la reposición de esos equipos. La investigación administrativa concluye que lo actuado por el directorio de la Ursec -liderado por Lombide y Cendoya- incurre en doble ilegitimidad. “Primero, por carecer de fundamento de derecho para obligar a su cuerpo inspectivo a devolver equipo el incautado legítimamente, debido a que era utilizado sin la debida autorización; y luego porque dicho acto, por la fuerza de los hechos, se transformó o fue equiparable a una asignación de frecuencia pese a la prohibición legal, todo lo cual demuestra que el orden jurídico que rige las telecomunicaciones en el país fue de hecho y de derecho vilmente ignorado sin explicación seria alguna por parte de los Directores de la Ursec involucrados”, señala el documento.

El subsecretario de Industria, Walter Verri, confirmó a El País el resultado de la investigación administrativa, pero prefirió no dar detalles sobre el tema ya que ahora ingresará a la órbita de la Justicia Penal.

“Los resultados de la investigación administrativa llaman mucho la atención, por la forma en que el involucrado (Cendoya) manejó los controles e inspecciones a radios comunitarias. Ahora quedará en mano de los abogados por el presunto delito los presunto innominado de funciones”, dijo el jerarca de gobierno. “Es importante que ahora la Justicia llegue a fondo con estos temas”, agregó Verri.