Tras fallo favorable por Aratirí, Uruguay redujo en un año a la mitad los juicios internacionales en su contra

Los litigios internacionales se han convertido en una de las prioridades del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, desde que asumió el cargo, el 1° de marzo de 2025. Su apuesta por fortalecer la defensa jurídica del Estado quedó plasmada en el último Presupuesto Quinquenal, que creó la Secretaría de Litigio Estratégico con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto.

El rechazo de la demanda de Aratirí —que además deberá abonar por los costos del arbitraje US$ 4 millones al Estado— por parte de la Justicia francesa, divulgado inicialmente por Búsqueda, fue celebrado por el gobierno por una doble razón: además de cerrar un capítulo de una disputa que se extendió durante años, supuso un resultado favorable para Uruguay frente al mayor reclamo económico internacional que enfrentaba el país. Además, se trataba de una demanda que se remonta a las anteriores gestiones de la coalición de izquierda.

“Desde que asumimos el gobierno modificamos un poco la estrategia, contratamos nuevos expertos, cambiamos de estudio jurídico y tomamos una serie de medidas que nos parecieron pertinentes para mejorar y reforzar la defensa de Uruguay. El Tribunal de Apelaciones de París nos dio nuevamente la razón y mantiene el laudo arbitral que ya había descartado la pretensión de Aratirí”, explicó en conferencia de prensa Díaz.

Para este proceso, el gobierno incorporó como asesor honorario al equipo de trabajo al exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien tuvo un papel protagónico en la defensa de Uruguay en los arbitrajes internacionales de Philip Morris, entre otros.

En abril de 2025, Uruguay ya había obtenido un fallo favorable en la disputa presentada por los herederos de Aratirí, quienes buscaban reactivar ante un tribunal de apelaciones una demanda por US$ 3.538 millones, luego de que el gobierno de José Mujica realizara cambios al proyecto de extracción de hierro, que según la empresa, le cambió las condiciones haciéndola desistir de la inversión.

Con ese frente resuelto, la atención se desplaza ahora hacia otros litigios internacionales nuevos, los que siguen pendientes, los evitables y los eventuales costos que podrían representar para el Estado uruguayo.

Uno de los más recientes, y vinculado a uno de los mayores enfrentamientos y tensiones políticas a la interna del país entre oficialismo y oposición, fue el de la demanda que presentó el astillero Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional tras la recisión del contrato —en febrero de 2026— por la construcción de los dos patrulleras oceánicas.

En contraste, en setiembre la empresa chilena Neltume Ports —socia mayoritaria de Montecon— comunicó al Poder Ejecutivo su decisión de desistir del arbitraje que había iniciado contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El proceso, presentado en enero de 2024, cuestionaba el acuerdo con Katoen Natie que extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (de la que la empresa belga es la accionista mayoritaria).

No obstante, el anuncio de Neltume de renunciar de forma irrevocable a todas las acciones y reclamaciones contra el Estado uruguayo no supuso el cierre definitivo de todos los litigios vinculados al caso. Según consta en la página del CIADI, todavía figura en trámite el arbitraje iniciado por ATCO Ltd., empresa canadiense que tiene participación minoritaria en Montecon a través de Neltume Ports y que reclama US$ 240 millones a Uruguay.

Según pudo confirmar El País, en base a fuentes de Torre Ejecutiva, el proceso con ATCO no está finalizado y se continúan las negociaciones con la expectativa de que se arribe a un acuerdo similar al de Neltume a la brevedad.

En el presente, Uruguay enfrenta tres litigios internacionales formales, mientras se negocia para evitar un cuarto en un fase previa al inicio del proceso. En noviembre de 2025, había siete arbitrajes internacionales pendientes, informó El País en ese entonces. En noviembre de 2025, Uruguay tenía siete arbitrajes internacionales pendientes, según informó entonces El País. Desde ese momento, la cifra se redujo, en algunos casos gracias a acuerdos que permitieron evitar la continuidad de los procesos.

Sin embargo, todavía hay una controversia en etapa de negociación: la de Veridos, empresa de capitales alemanes y mexicanos que instaló el sistema de control migratorio en los puertos y reclama al Estado uruguayo US$ 10,7 millones por una deuda impaga. La firma ya inició gestiones para llevar el caso a un arbitraje internacional, aunque las negociaciones con el gobierno siguen abiertas y el proceso no ha empezado.

Por lo pronto, según consta en la página de la Ciadi, en ese organismo supranacional todavía están en proceso dos demandas.

Una iniciada por la firma española Asesores Financieros Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S.A, por sentirse afectada tras una rescisión que hizo el Estado en 2005 de un contrato para obras en la Ruta 1 (construir una carretera y un puente) que había sido adjudicado en 1998. Esta empresa, que reclama US$ 383 millones, señaló que la controversia se ampara en el acuerdo de protección de inversiones existente entre España y Uruguay, que entró en vigencia en mayo de 1994 y que también fue referido como elemento a tener en cuenta en el caso de Cardama. La otra —en la CIADI— es la de ATCO, mencionada previamente.

Ganados                      

Otros reconocidos arbitrajes que han tenido lugar en organismos dedicados a dilucidar entre partes diferencias relativas a inversiones internacionales fueron los casos impulsados por Phillip Morris, Italba (comenzado en 2016) y la firma de distribución de gas por cañería Conecta - perteneciente a la brasileña Petrobras. En todos los casos Uruguay ganó.

Según informó en 2019 el entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, la empresa proveedora de servicios de banda ancha estadounidense (Italba) había reclamado US$ 100 millones tras la revocación, por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, del permiso para operar de su subsidiaria. En el caso de Conecta, la demanda que finalmente fue desestimada era por US$ 80 millones.