NEGOCIACIONES POLÍTICAS

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Los senadores de la coalición de gobierno que integran la comisión de Constitución y Legislación son conscientes de que en ese ámbito hay decenas de proyectos de ley oficialistas a la espera de ser tratados y que por distintos motivos han quedado relegados. En algún caso se explica porque se trata de una comisión con una gran cargo de trabajo -tiene 35 iniciativas a estudio actualmente-, y en algún otro sencillamente debido a que la propuesta presentada no recibió un tratamiento prioritario y fue a parar al final de la cola.

Es por esto que días atrás los legisladores oficialistas acordaron la priorización de algunos proyectos en particular, y que tienen como común denominador a Cabildo Abierto como principal promotor, informaron a El País fuentes parlamentarias.

La definición de las iniciativas se hizo ante la solicitud del presidente de la comisión, el frenteamplista Charles Carrera, de que la coalición definiera sus prioridades legislativas -como tarea de coordinación de trabajo entre todos los partidos-, para que una vez que el Senado apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas y las tareas vuelvan a la normalidad -algo que no ocurrirá antes de los 45 días a partir de este martes.

Uno de los proyectos dentro del acuerdo involucra un debate que ha sido intenso en lo que va de año y que, si bien hay un principio de acuerdo entre el Partido Nacional y cabildantes, todavía no reúne el consenso entre los colorados. Se trata de la reforma que busca establecer un régimen de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de los hijos menores de edad, que en las últimas semanas fue unificado en un solo texto con las iniciativas presentadas por separado por parte de blancos y cabildantes.

Sin embargo, debido justamente a la indefinición del Partido Colorado -que ha tenido varias jornadas de intercambio interno sobre este tema-, el asunto todavía no fue sometido a votación, por lo que continúa discutiéndose y su articulado ha sufrido varios ajustes en función de distintas críticas recibidas por diversas organizaciones civiles o dudas incluso de senadores del oficialismo.

Pero hay otros dos proyectos que Cabildo presentó en el último tiempo y que los socios de la coalición aceptaron incluir entre los prioritarios a trabajar, en una breve reunión que tuvo lugar durante la última sesión de la comisión de Constitución -la semana pasada-, durante un cuarto intermedio.

Uno de ellos plantea que en algunos casos se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria para aquellas personas que tengan más de 65 años y estén cumpliendo condena en la cárcel. La iniciativa -que cuenta con la firma de Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, como en el resto de sus iniciativas- fue presentada a principios de agosto, y establece que el objetivo es “proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID-19” en las cárceles. Las excepciones, de acuerdo al texto, regirían para los imputados por violación u homicidio -aunque sí obtendrían el beneficio en caso de haber cumplido dos tercios de la pena máxima establecida para estos delitos- y por crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos luego de entrada en vigencia la ley 18.026 de 2006, que los declaró como tales. Los que fueron imputados por crímenes anteriores a 2006, lo que incluye a los procesados por su actuación en la dictadura, y que hoy tienen más de 65 años, sí recibirían el beneficio.

El otro asunto que Cabildo pidió tratar a la brevedad, y los socios accedieron, es un proyecto pararesarcir económicamente a las víctimas de los “grupos armados de carácter ideológico” que actuaron en la década del 60’ y 70’. Esto, aunque resta superar matices entre los socios, cuenta con un acuerdo general dentro la coalición.

Pero en cualquier caso, para Cabildo es algo “que está bueno” que al menos estos proyectos se prioricen en la agenda, dijo a El País el senador Domenech.