Se registraron "múltiples consultas" a bancos por los cambios al secreto bancario propuesto por el gobierno

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado analiza por estas horas el proyecto de ley del Presupuesto Nacional, y uno de los artículos que genera mayor discusión es el referido a generar modificaciones que flexibilicen el secreto bancario. En su momento, la Cámara de Diputados descartó cambios en este punto; pero ahora, en el Senado, puede haber una nueva oportunidad para el Frente Amplio, que negocia por estas horas con parte del Partido Colorado.

En el proyecto original del Poder Ejecutivo presentado en Diputados, se preveía que la DGI pudiera disponer del levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial. Uno de los argumentos principales del gobierno era esto implicaba adecuar la normativa a las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE observó al país en dos oportunidades por este tema. Una de las principales críticas es la extensión de los plazos para el acceso a las cuentas. Y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, planteó la necesidad de que Uruguay cumpla con estos requerimientos.

El tema generó un contrapunto con gran parte de la oposición política que criticó la propuesta por las garantías que se pueden vulnerar. En la Cámara de Diputados se discutieron propuestas de modificaciones que no prosperaron, dada la falta de mayorías para el oficialismo.

Foto: Francisco Flores

Ahora, ya en el Senado, el senador Pedro Bordaberry presentó la propuesta de que sea la Justicia la que autorice el levantamiento del secreto bancario, pero con un plazo máximo de 10 días para expedirse y con una resolución fundada de la DGI donde se argumente la presunción de evasión fiscal.

Además, a diferencia de lo que plantea el artículo original, se busca que la persona titular de la cuenta sea notificada al momento de iniciado el proceso judicial.

Según supo El País, hubo múltiples consultas a los bancos locales cuando se planteó el tema, sobre todo por parte de extranjeros que viven en el país. No obstante, no se registraron retiros de capitales por esta causa.

Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Bárbara Mainzer, su directora ejecutiva, sostuvo que lo que ellos plantean es que “se debe equilibrar entre eficiencia y garantía”. Y añadió: “Los derechos de los individuos son un activo que tiene el país”, por eso “los cambios deben ser lógicos”.

Las propuestas realizadas por Bordaberry, justamente van en línea con las recomendaciones de los bancos privados. “La vía judicial es un derecho fundamental”, afirmó Mainzer.

"El tiempo de secretismo se terminó", dijo también la ejecutiva, al referirse a que los bancos tienen múltiples controles sobre el dinero. "Lo que se quiere evitar es la arbitrariedad", añadió.

"En la perspectiva del gobierno, lo peor que puede ocurrir es que se mantenga la posición de Diputados", señaló Oddone en su momento, quien de todas formas se mostró abierto a encontrar una posición "que contemple todos los puntos de vista".