Las cifras que mes a mes publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que Salto viene siendo el departamento con el mayor índice de desempleo en todo el país. El promedio del primer trimestre del año indicó que allí el 14,2% de la población económicamente activa está sin trabajo, lo que configura un panorama tan o más complicado incluso que el que se dio en épocas de emergencia sanitaria.

En el Poder Ejecutivo se procura conocer las razones de fondo de una situación que, se asegura, va más allá de factores puntuales. Según el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, más allá del lógico impacto de la diferencia cambiaria con Argentina, Salto arrastra una situación preexistente muy negativa, que obedece a un problema estructural. El ministro relató allí una reciente visita que hizo a la zona, en la que planteó la realización de un estudio que, a través de entrevistas con actores y organizaciones locales, permita tener un "panorama más de fondo" sobre la problemática del empleo en ese departamento.

La situación fue discutida esta semana en el Parlamento, en el contexto de las dificultades que atraviesan los departamentos del litoral ante la sensible diferencia de precios que existe con el vecino país. Al respecto, el diputado colorado por Salto Omar Estévez se preguntó "cómo mide" el gobierno la desocupación en su departamento.

Estévez, un empresario vinculado al sector citrícola, aseguró que las cuatro empresas exportadores más grandes del sector están necesitando personal "como nunca" pero, "no sabemos por qué", no lo consiguen. "No sé dónde está esa gente desocupada, pero peligran varios cientos de toneladas de exportación por falta de personal", indicó.

El diputado aventuró una explicación. "Como todos apuntan a Salto como el podio de la desocupación, creo que hay algunos que están de vivitos para que estemos en el podio de la desocupación, a la espera de seguir cobrando un seguro de paro año tras año", señaló.

"Están en peligro muchas toneladas de exportación de naranjas sin semillas y limones", insistió. "No hay personal para cosecharlos". Estévez sostuvo que una situación similar se da en el sector hortícola. Allí, aseguró, no se puede plantar un área mayor porque los productores dicen que no tienen gente para cosechar. "Así que no sé cómo medir eso de que estamos en el podio de la desocupación", apuntó.

Personalmente, Estévez dijo haber dejado de plantar frutilla por esta razón. "Capaz que el salario rural no convence", reflexionó. "Al salario le agregamos bonificaciones, pero tampoco aparece la gente". A enero de 2023 el salario mínimo fijado para la categoría más baja -peón sin especialización- es de $ 1.046 por día o $ 26.150 mensuales.

El planteo de Estévez fue respondido por su colega de Soriano, María Fajardo (Partido Nacional). "Quiero decirle que, históricamente, hemos mandado gente de otros lugares a trabajar allí", le dijo. "Desde hace quince años se están mandando gente a través de los Centros Públicos de Empleo, ómnibus llenos de gente a trabajar. Si quiere, podemos coordinar y le mandamos gente para trabajar, porque allá tenemos bastante".

Esta discusión se dio mientras el Parlamento tiene a un estudio un nuevo pedido para que el Poder Ejecutivo vuelva a extender a partir de este mes, y por otros seis meses, el seguro de paro especial para los trabajadores del sector citrícola afectados a la cosecha y el packing. Se trata de una iniciativa de la bancada de diputados del Frente Amplio. Allí se da cuenta que actual período caducó el pasado 31 de marzo y se solicita su prórroga, que procura amparar a unas 3.500 personas. Se da cuenta además de que la sequía que viene afectando a gran parte del país hará que la fruta no tenga la calidad esperada y no alcanzará los estándares necesarios para la exportación, lo que derivará en una zafra más acotada y una gran cantidad de trabajadores que no tendrán ingresos en los próximos 180 días.

El seguro de desempleo en el sector citrícola viene prorrogándose desde hace varios semestres y este último pedido extrañó especialmente al ministro Mieres. En parte, el jerarca le dio la razón al diputado Estévez. "No es la primera vez que me mandan mensajes desde los lugares de trabajo diciendo que no hay gente disponible para trabajar", informó. "Uno se pregunta para qué vamos a aprobar una prórroga de un seguro de paro si, en realidad, la gente que debería estar dispuesta a trabajar no va a trabajar", dijo. "Ahí hay algo que me suena raro".

Mieres dijo que la solicitud de prórroga en el beneficio está "encaminada" pero llamó a analizar si este tipo de medidas no tienen efectos contradictorios y si "no estamos impulsando a la gente a que se ampare en el seguro de paro porque prefiere eso a ir a trabajar". Según Mieres varios diputados asintieron ante estas palabras. "Si fuera así, vamos a tener que revisar la iniciativa, porque no está cumpliendo la función que debería".