En marzo de 2016, un funcionario de la Intendencia de Montevideo fue a un baile de Ciudad Vieja y vio a su expareja con otro hombre. Le pegó un botellazo en la cabeza a este último y enseguida fue echado por los patovicas del local. Horas después, fue a la casa de la mujer, entró sin permiso y la encontró con el mismo hombre. Forcejeó con él y le disparó en un brazo. Al día siguiente fue procesado con prisión por violación de domicilio y tentativa de homicidio.
La intendencia inició un sumario y, a fines de 2018, cuando el hombre ya había sido condenado e incluso liberado, resolvió destituirlo. Consideró que era inepto moralmente para desempeñarse como funcionario público. Como marca la normativa, antes de echarlo, pidió autorización a la Junta Departamental y, unos meses después, la recibió.
El problema es que, debido a un “error informático”, la intendencia nunca se enteró de lo resuelto por la Junta. Mejor dicho: tomó conocimiento siete años después, en junio de este 2026. La gestión de Mario Bergara reconoció que el expediente estuvo en un “limbo” durante todo ese tiempo e inició una investigación administrativa para determinar qué había pasado.
El edil blanco Rafael Seijas entiende que se trata de un ejemplo más del “pésimo funcionamiento” de la intendencia y de las “desprolijidades e irregularidades que ocurren en todas las áreas”.
“No puede ser que durante siete años nadie en Gestión Humana, nadie en Jurídica, consultara qué era lo que había pasado con este funcionario”, añadió en diálogo con El País.
Seijas aprovechará que este miércoles las autoridades de la comuna concurrirán a la Junta Departamental para hablar sobre otro caso polémico relacionado con irregularidades del personal —la propia directora de Sumarios está siendo sumariada— y les preguntará al respecto del funcionario que baleó al hombre que estaba con su exnovia.
Un caso insólito
El caso fue protagonizado por un veinteañero que trabajaba como auxiliar de higiene ambiental en el Municipio C. Había ingresado a la comuna en 2012 y, para 2016, ya acumulaba cinco suspensiones por inasistencias. En aquel momento, el intendente era Daniel Martínez y el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta.
Después de atacar al hombre que estaba con su expareja y de amenazarla a ella también, fue procesado.
En junio de 2016, mientras estaba en prisión preventiva a la espera de la condena, la intendencia inició un sumario, lo suspendió y le retuvo el 50% del sueldo. Se le permitió seguir cobrando el resto porque tenía una hija a cargo, que había tenido con la expareja en cuestión.
El sumario se fue extendiendo porque la intendencia decidió esperar la resolución de la Justicia.
En noviembre de 2017, antes de que concluyera el proceso penal, el hombre fue liberado de la prisión preventiva. Tres días después, se presentó a trabajar y sus superiores lo aceptaron.
Pero en algún momento alguien tuvo que contarle a algún superior lo ocurrido, porque tres meses después, en febrero de 2018, se inició una investigación administrativa para esclarecer por qué había sido aceptado su reintegro. En esa instancia, la comuna comunicó que mantenía el sumario y la suspensión del funcionario.
La investigación administrativa a dos jerarcas del Municipio C —el director coordinador y la jefa administrativa— dio paso a otro sumario sobre ellos.
No se había cumplido con el artículo 156 del digesto departamental, que establece que un funcionario debe solicitar la reanudación de su actividad funcional. El hombre, en cambio, simplemente se había presentado a trabajar.
Los jerarcas dijeron que le habían preguntado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales cómo proceder ante esa situación, pero que “interpretaron mal” la respuesta que recibieron.
A la intendencia le pareció una explicación satisfactoria. Una resolución de enero de 2019, basada en parte en las valoraciones de la Unidad de Sumarios —dirigida desde 2017 por la hoy sumariada Verónica Quebral—, dio por terminado el proceso y eximió de responsabilidades a los dos jerarcas del Municipio C.
Declarado culpable
Mientras se investigaba a sus superiores por haberle permitido trabajar, en abril de 2018 el hombre fue finalmente condenado.
La Justicia lo declaró culpable de “un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de homicidio en grado de tentativa”.
Le impuso una pena de 24 meses de prisión, de la que debía descontarse el tiempo que ya había cumplido en preventiva.
En noviembre de 2018, la intendencia decidió destituirlo y solicitó a la Junta Departamental el aval correspondiente.
La comuna entendió que, si bien el hecho había ocurrido en la “órbita privada” del funcionario, su gravedad y las circunstancias que lo rodearon configuraban una causal de “ineptitud moral” para permanecer en el cargo.
“Puso en riesgo la vida de otras personas, violó deberes funcionales fundamentales, tales como el deber de decoro y dignidad, lo que resulta incompatible con su investidura de funcionario público, y afectó el buen nombre e imagen de la Administración al no observar una buena conducta civil y moral”, dice la resolución firmada por el entonces intendente Martínez.
La Junta Departamental dio su autorización en marzo de 2019.
Más de siete años después, la comuna, ahora liderada por Bergara, informó que, debido a una “falla del sistema informático”, la autorización de la Junta nunca fue recibida por la intendencia.
Para resolver esta situación, Bergara firmó en setiembre de este año una resolución que establece que la destitución se considera “ejecutoriada” desde el 1° de abril de 2019. ¿Por qué esa fecha? Porque la Junta Departamental tiene 40 días para autorizar una destitución. Como la intendencia no recibió comunicación sobre el aval una vez vencido ese plazo, el hoy jerarca municipal entendió que se había configurado una “destitución ficta”.
Bergara inicia investigación
Todo este tiempo, a través de los últimos años de la gestión de Martínez y durante todo el periodo de Carolina Cosse, el hombre que baleó a quien estaba con su exnovia no dejó de ser funcionario.
Según fuentes municipales, no iba a trabajar, pero como no se le estuvo autorizando el Parte Mensual de Incidencias (PMI), se supone que tampoco recibía un sueldo.
Sin embargo, el tema no se dio por terminado. Días atrás, a principios de este mes de noviembre, la intendencia empezó una investigación administrativa para determinar por qué no se lo destituyó en su momento.
La comuna reconoció que recién se tomó conocimiento del “error” en el sistema informático el 1° de junio de 2026 y que el expediente quedó en un “limbo” durante siete años.
Por lo tanto, se investigará la eventual existencia de “irregularidades, actos u omisiones” en el seguimiento del procedimiento de destitución y el trámite de la anuencia otorgada por la Junta Departamental y también en el control de la “situación funcional” del trabajador.
La comuna buscará identificar eventuales responsables.
Este miércoles, el edil Seijas aprovechará el llamado a sala que hizo su correligonario Eric Spektor sobre la directora de Sumarios e interrogará sobre el caso de este funcionario a las autoridades.