Proyecto busca que liberados de la cárcel sean enviados a su departamento de origen y varios partidos lo estudian

En el Parlamento se estudia un proyecto de ley para que, cuando se libere a un preso después de terminar su condena, se lo traslade a su último domicilio. La iniciativa se elaboró —explicó su autora, la diputada nacionalista María Fajardo— debido a la “problemática de situación en calle de todo el país”. La “realidad indica” que las personas se quedan en la zona o el departamento donde está la cárcel en la que estuvo y no se traslada a otro lugar, argumentó.

La diputada considera que “alguien se tiene que hacer cargo” de que los reclusos “sean liberados en su territorio”, es decir, un lugar “donde sean conocidos y tengan vínculos”. Así lo señaló el pasado miércoles en comisión de la Cámara de Representantes.

“Entiendo que a nosotros nos van a mandar a los nuestros que están en otro lado, y que nosotros vamos a mandar a otros”, dijo la representante por el departamento de Soriano En esa línea, argumentó que para los trabajadores de las “áreas sociales” —como en el Ministerio de Desarrollo Social, las intendencias, la Policía Comunitaria y “el resto de las instituciones de servicios que andan en la vuelta”— es “mucho más fácil abordar” a una “persona que conocen”.

En el proyecto de ley se explica que se “constatan situaciones” en la que los liberados quedan en “lugares alejados de su entorno habitual, sin redes de apoyo, sin recursos económicos inmediatos y sin posibilidades reales de acceso a alojamiento, trabajo o contención social”. Y continúa: “Esta realidad coloca al liberado en una situación de particular vulnerabilidad desde el mismo momento de su egreso del sistema penitenciario, frustrando los objetivos de la rehabilitación y afectando negativamente la seguridad ciudadana”.

"La gente que va a visitarlos siempre les lleva alguna otra comida que no sea el 'rancho' que comen en los centros de reclusión. Por lo tanto, cuando los privados de libertad son de otro departamento, o la familia termina asentándose allí o quedan a la deriva, durmiendo en las calles y sin trabajo. Muchos de ellos terminan reincidiendo en el delito", advirtió la diputada.

Del Partido Colorado, el diputado Martí Molins señaló que en Rivera viven una “situación muy complicada con la cárcel Cerro Carancho, donde hay más presos que su capacidad y, además, son de otros lugares”.

“Cuando salen quedan a la deriva buscando su lugar; y el lugar es la calle. Infelizmente, esta situación muchas veces los lleva a delinquir nuevamente”, añadió el legislador.

Molins apuntó que los liberados “van hacia los asentamientos irregulares o crean nuevos, porque en algunos casos las familias se mudan donde está el preso, pero no saben qué hacer ni tienen dónde quedarse”. Por eso, considera que “lo mejor sería enviarlos a sus lugares de origen, porque conocen su espacio y estarían más protegidos”.

Del Frente Amplio, la diputada Sandra Nedov se mostró de acuerdo con la iniciativa de la nacionalista. En tanto, su par María Inés Obaldía consideró “de recibo” el proyecto.

El proyecto de ley establece algunas excepciones para el traslado, como cuando el liberado exprese por escrito su voluntad de ser puesto en libertad en una ciudad distinta a la de “su origen”. También cuando existan o hayan existido “medidas cautelares, restricciones judiciales o razones de seguridad debidamente fundadas que impidan la liberación en el último domicilio conocido”.

"Cada caso y cada situación es distinta. A un violador no lo puedo mandar al mismo lugar de origen si la familia al que le hizo daño está allí. Pero el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) cuenta con un equipo multidisciplinario y puede abordar el tema. Hay casos que son excepcionales", cerró Fajardo.