¿Por qué el gobierno busca cambiar el sistema de AFAP? Puntos clave del documento que llegó al Poder Ejecutivo

El gobierno divulgó recientemente el documento final del "Diálogo Social", la iniciativa que reunió a autoridades y organizaciones sindicales, empresariales y políticas para debatir sobre la seguridad social como concepto amplio: desde la pobreza infantil hasta el régimen de jubilaciones y pensiones. El texto establece una serie de orientaciones y recomendaciones que fueron enviadas al Poder Ejecutivo para que elabore uno o más proyectos de ley que eventualmente tendrán que superar una discusión parlamentaria.

Uno de los aspectos más polémicos de esta discusión ha sido el cambio propuesto para el sistema de administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Las empresas privadas que trabajan en el rubro, así como la oposición a nivel político partidario, han denunciado la "estatización" del régimen. Sin embargo, el gobierno descartó esta visión: ratificó el pilar de ahorro individual y aseguró que no se eliminarían las AFAP.

A raíz de la divulgación del documento es posible conocer cuáles son las recomendaciones específicas en este asunto. El documento dice que "el pilar de capitalización individual vigente desde 1996 presenta oportunidades de mejora" y que "es necesario introducir cambios que mejoren su eficiencia en beneficio de la persona afiliada y lo integren de mejor forma al resto de los pilares del sistema".

Entre los problemas identificados aparece la "muy escasa competencia, centrada en afiliados con escasa información que no responde a señales del mercado". El documento añade que "la falta de competencia impulsó elevados costos para las personas afiliadas y ganancias extraordinarias para las empresas administradoras, que la regulación logró reducir al establecer un tope a la comisión".

El texto establece que "los gastos comerciales en que incurren las administradoras" en su búsqueda de clientes, como "fuerza de ventas, publicidad, etcétera", en realidad "agregan escaso valor al sistema" pero se traducen en un costo más para el sistema, que eventualmente aportan los trabajadores.

Por eso se propone "avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares". No obstante, se mantiene "la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en competencia".

"El organismo centralizado licita o asigna los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado", dice el documento, que agrega que "integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio".

Foto: Darwin Borrelli

Dos aclaraciones importantes se hicieron a continuación en el documento. Primero, el Pit-Cnt y Onajpu (la organización de jubilados y pensionistas), que participaron del diálogo social, dejaron constancia de que, si bien estas propuestas son "una transformación relevante al modelo AFAP" que constituye "un avance significativo", ellos seguirán reclamando "por una seguridad social universal, solidaria y sin lucro", es decir, sin el modelo actual de AFAP.

También los representantes del gobierno hicieron una aclaración aquí, en este caso referida a los resultados del plebiscito de 2024. El frustrado proyecto de reforma constitucional impulsado por el Pit-Cnt buscaba establecer la prohibición del ahorro individual como el que puede hacerse en una AFAP, además fijaba en 60 años la edad mínima de retiro (buscando echar por tierra el aumento a 65 que había fijado la reciente reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou) e indicaba que ninguna jubilación o pensión podía ser menor a un salario mínimo nacional. Para el gobierno, "en octubre de 2024 la ciudadanía reafirmó que el sistema previsional de Uruguay está basado en un esquema con tres pilares y con participación de administradoras de ahorro especializadas".

"En ese marco, la delegación del Poder Ejecutivo deja constancia que está dispuesta a recomendar la consideración de las sugerencias incluidas en la presente sección en el entendido de que todas las partes acuerdan consolidar un sistema previsional basado en un pilar no contributivo, un componente de reparto y un pilar de ahorro individual obligatorio, con administradoras de ahorro profesionales, públicas y privadas", añade el escrito.

Ya días atrás el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había manifestado días atrás en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que "es mentira" que se desconozca el resultado del plebiscito de 2024, en primer lugar porque no se eliminan las AFAP ni el sistema de ahorro individual, pero además porque el Frente Amplio y Yamandú Orsi como candidato habían prometido, en campaña electoral, cambios al régimen vigente.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Sánchez indicó que la reforma que recomendó el diálogo social en este sentido es únicamente sobre la "relación comercial" entre las AFAP y sus afiliados o las personas que intenta atraer a la empresa. Según dijo, en esta búsqueda de clientes las AFAP captan a trabajadores a quienes no les beneficia vincularse con esas empresas.

El secretario de presidencia resumió que una parte del negocio de las AFAP es la afiliación de personas, a quienes cobra comisiones por la administración de sus fondos en inversiones, y a su entender esto motiva que capten trabajadores a quienes les iría mejor quedándose por fuera de esa empresa, incluso únicamente en el sistema público del Banco de Previsión Social (BPS): "Cuando la AFAP cobra una comisión por afiliarte, puede afiliar gente que no le servía afiliarse, y después genera el otro drama: 'Aporto la mitad de mis ingresos a la AFAP, y la mitad a BPS; por BPS me jubilo por la mínima de $15.000 o $18.000 y la AFAP me paga $1.000'. Eso pasa sistemáticamente".

"Eso pasa porque estuvo pocos años o porque tiene bajos ingresos y por tanto no le sirve la capitalización individual. Lo afiliaron malinformándolo", aseveró.

El documento elaborado a raíz del diálogo social recomienda eliminar la relación comercial de afiliación entre las personas y las AFAP y que esa tarea "la lleve adelante el Estado, que no tiene intereses económicos creados", expresó. "Quienes tienen intereses creados en afiliarte, no deberían ser quienes te asesoren sobre afiliarte o no", consideró.

Por otro lado, el documento, sobre la edad jubilatoria —que cambió durante el gobierno anterior y se elevó a 65 años—, dice que es necesario "incorporar una causal de retiro anticipada" que "permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad".

Pero las reglas para ese retiro anticipado no son iguales para todos. "Para al menos la tercera parte" de trabajadores "con ingresos y niveles de aportación más bajos", la causal de retiro anticipado "garantizará que accedan a montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior a la Ley N.° 20.130", la que se aprobó en 2023. En resumidas cuentas, los trabajadores más pobres que hagan uso de este retiro anticipado recibirán un subsidio para que su jubilación sea similar a la que les correspondería de continuar activos hasta los 65.

"El resto de personas afiliadas con niveles de aportación más altos, también tendrán la posibilidad de retirarse a partir de los 60 años. En estos casos, el eventual adelantamiento se diseñará contemplando incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años", añade el escrito de recomendaciones al Poder Ejecutivo.

Además, esta causal de retiro anticipado debe crearse con métodos de incentivo para "la permanencia en el mercado laboral" hasta los 65. Esta, causal, por otra parte, no exime de mantener la que ya existe para puestos de trabajo "particularmente exigentes".