A poco de asumir el Frente Amplio en la Intendencia de Lavalleja por primera vez en su historia, el jefe comunal, Daniel Ximénez, ordenó revisar distintas áreas de la comuna que dirigió en los 35 años anteriores al 2025 el Partido Nacional. Una de ellas fue Recursos Humanos donde las conclusiones llevaron al intendente a resolver que se analice y redefina el sistema de compensaciones.
Entre los hallazgos, de acuerdo a documentos a los que accedió El País, hay casos de personas que, por ejemplo, por sobre su sueldo cobraron compensaciones por $ 480 mil en un único mes. Este caso quedó plasmado en el recibo de sueldo de febrero de 2021 de la directora de Jurídica de ese entonces, Laura Nahabetian, quien además de recibir el salario que le pagó Agesic, de donde llegó a la comuna de Lavalleja como un pase en comisión, percibió dos compensasiones “por eficiencia” -una de $ 160 mil y otra de $320 mil.
Las compensaciones, según consta en distintos recibos de sueldos de la gestión blanca de Mario García, se dieron bajo distintos conceptos: por eficiencia, por tareas, por única vez, viáticos y otras partidas.
En otro de los casos, en el mismo mes -febrero de 2021- Juan Carlos Rosales, quien era director de Hacienda, cobró en total $ 530.415 compuestos por $ 170 mil de su sueldo base, una compensación por eficiencia de $ 40 mil y una segunda compensación por eficiencia de $ 320 mil.
En marzo de 2023 dicho cargo lo ocupaba Ana Eguren, que ingresó mediante un pase en comisión desde la Ursec. Además de su salario percibe desde que llegó a la intendencia una partida por eficiencia de $ 66.667. La información administrativa señala que luego la compensación alcanzó los $ 95.214 y que también recibió una partida de $ 30.000 por viáticos.
Hay más casos. El director de Prevención y Seguridad en marzo de 2021 era Juan Carlos Sportuno y además de su salario pago por INAU -de donde pasó en comisión- recibió $ 37 mil por eficiencia y otros $ 37 mil bajo el concepto de compensación por única vez. A 2025, los datos de Recursos Humanos muestran que percibía $ 44.036 por eficiencia y $ 41.656 por tareas. Neris Villalba, director de Deporte en 2024, también registró, de acuerdo a su recibo de sueldo de enero de ese año, una partida por eficiencia de $ 93.370. Y ejemplos similares se constataron en quienes estaban durante la administración García al frente de las direcciones de Cultura, de Servicios Sociales, de Familia y Género, entre otras.
Existen casos similares, aunque de menor magnitud en los montos, durante la administración de Adriana Peña al frente de la Intendencia de Lavalleja, cargo que ocupó entre 2015 y 2020. Aunque con la particularidad de que parte de los que se beneficiaron fueron familiares. Por ejemplo, su pareja Gastón Elola era el director de Vialidad y Obras, ingresó como personal de confianza y, según el recibo de noviembre de 2015, al sueldo de $ 92.895 se le sumaron $ 2.107 de compensación, $ 27.869 de compensación por eficiencia y $ 434 de compensación por no beneficio.
El hermano de la entonces intendenta, Gerardo Peña, ocupó el cargo de director de Prensa y luego el de director de Servicios Técnicos, desde enero de 2016. Llegó a la comuna de Lavalleja mediante un pase en comisión desde ASSE. Además de su salario, pagado por el organismo de origen, recibía en la intendencia una compensación por tareas de $ 82.880 y otra por eficiencia de $ 24 mil.
En su momento, este caso fue denunciado y tomó estado público luego de que El Observador lo informara en setiembre de 2021. La Junta de Transparencia y Ética Pública también había puesto la lupa sobre el caso de Gerardo Peña, cuestionando su pase en comisión cuando dejó su cargo en ASSE para trabajar bajo la conducción de su hermana en la comuna.
Otro caso que generó polémica fue la contratación de Ariel García -hermano del exintendente Mario García-, quien ingresó como peón y luego pasó a desempeñarse como director de Descentralización con un sueldo de $47 mil y una compensación “por eficiencia” de $ 72 mil.
Ximénez alertó “desorden administrativo”
El intendente de Lavalleja asistió a la Junta Departamental el 31 de agosto citado por la oposición -con la presencia de Peña en el público- para explicar la decisión de no renovar los contratos de aquellos que tenían un vínculo laboral anual. Allí expuso que se encontró con una comuna en la que se destinaba cada año US$ 1,5 millones a compensaciones y otros US$ 900 mil en horas extras. Entre sus primeras medidas estuvo reducir las horas extras a más de la mitad.
Ante los ediles el intendente definió la situación como un “desorden administrativo” en el que, por ejemplo, durante las anteriores administraciones se contrataba sin mayores controles a trabajadores zafrales y a otros sin formación administrativa básica.
Ximénez detalló situaciones en las que se constataron el pago de horas extras previo a que el funcionario hiciera su horario regular, incumplimientos de los horarios y que se abonó horas extras sin que las hicieran. Otro “desorden” que ejemplificó fue que para una oficina de tres personas se había estipulado que dos ocuparan y cobraran acorde a cargos de jefes.
Otro de los casos que llamó la atención de la actual administración frenteamplista es el de personas que ingresan para un cargo y terminan realizando otro tipo de funciones, algo que está prohibido por los artículos 16 y 17 del estatuto del funcionario público. Uno de ellos, según narró Ximénez, ingresó como zafral con un contrato de capataz, pero en 2025 terminó trabajando como electricista sin haber probado la capacidad para hacerlo. Otra persona llegó como zafral con un contrato de auxiliar de servicio y en 2025 hacía tareas de administrativa.