Intendente de Lavalleja fue a la Junta para explicar cese de cinco contratos y apuntó a decisiones de antecesores

El martes 21 de octubre, a 102 días de asumir, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, tuvo su primera interpelación en la Junta Departamental local.

Los ediles nacionalistas lo citaron para explicar la no renovación de cinco contratos zafrales en el municipio de Batlle y Ordoñez, —firmados algunos en julio de 2024 y otros en febrero de 2025 y cuya fecha de caducidad era julio 2025.

El motivo que dio el jefe comunal frenteamplista en la Junta Departamental fue que surgió de un pedido hecho por el alcalde colorado, Conrado da Cunha, quien adujo razones de servicio.

“Las bajas fueron con criterios objetivos: necesidad del servicio, vencimiento de plazo, tope presupuestal, rotación razonable”, afirmó Ximénez.

Más allá de estos casos puntuales, el intendente aprovechó la instancia para mostrar cómo, a su entender, se han utilizado las contrataciones zafrales de forma discrecional en las anteriores administraciones del Partido Nacional.

Lavalleja es una intendencia de 1.800 funcionarios, donde sólo 32% son presupuestados, el restante 68% son entre contratados y zafrales, siendo estos últimos la gran mayoría.

Durante la transición entre 2019 y 2020, cuando la nacionalista Adriana Peña traspasó el mando a su correligionario Mario García existían 1.210 contratos zafrales. Cuando asumió García, en el primer año continuaron 435 de esos vínculos, un 36% del total. Mientras que los restantes 775 contratos —64%— no fueron revinculados.

Esta decisión del entonces jefe municipal de Lavalleja implicó que en 2020 la cantidad de zafrales bajara de 1.210 a 574 personas, según los datos que mostró, acompañado de gráficas, Ximénez ante la Junta Departamental.

Sin embargo, esta reducción en la cantidad de contrataciones zafrales, lejos de mantenerse, volvió a incrementarse, alcanzando cerca del millar de vínculos a lo largo del período que García encabezó (y que culminó Herman Vergara).

Ximénez relató ante los ediles que desde que inició su administración García y finalizó su período los zafrales pasaron de 574 a 968 personas, lo que supone un aumento del 68,6 %.

“Lejos de representar una mejora en la eficiencia de la gestión, este aumento evidencia una expansión descontrolada del gasto en personal y una falta de criterios técnicos claros para la administración de los recursos humanos” explicó Ximénez en la Junta Departamental de Lavalleja.

Yesto se dio, según dijo, con una particularidad. En el último año, entre julio de 2024 y julio de 2025 —Ximénez asume el 11 de julio— se incorporó al 43,4% de todas las contrataciones, cerca de unas 300 personas..

“Esta coincidencia temporal sugiere que el crecimiento no respondió a una planificación institucional, sino a factores coyunturales y políticos, reproduciendo una práctica histórica: el uso del empleo zafral como herramienta electoral y no como instrumento de gestión pública”, sostuvo el intendente.

Este fenómeno se acrecentó en los últimos meses previo al 11 de mayo de este año, cuando se celebraron las elecciones departamentales. Del total de nuevos vínculos que hubo durante el período de García, entre los meses de febrero y marzo y los de abril y julio se incorporó a 129 personas mediante la modalidad de contratos zafrales.

Ximénez aseguró ante los ediles que “este crecimiento de 129 trabajadores no se corresponden con la apertura de nuevos programas ni con la ampliación de servicios, sino que coincide temporalmente con el período de mayor actividad de la campaña electoral departamental”.

En dialogo con El País el intendente dijo que su "foco es legalidad, responsabilidad presupuestal y respeto a las personas”. Luego, explicó cómo recibió las arcas de la comuna.

"Recibimos un organismo con una carencia de recursos humanos especializados y técnicos calificados, falta de planificación estratégica y ausencia de objetivos claros para orientar la gestión", dijo y agregó que eso se visualiza en una "débil estructura organizacional con funciones superpuestas o mal definidas".

Además, criticó que haya una "escasa capacitación técnica y administrativa del personal" y denunció la "ausencia de registros formales, informes de situación y documentación de transición".

Asimismo, Ximénez denunció el "deterioro edilicio generalizado y la falta de mantenimiento en los espacios de trabajo", una "escasa digitalización y débil coordinación interna entre las diferentes áreas" y una "deficiencia en la gestión administrativa y en los mecanismos de control".