Orsi inicia este lunes una ronda de consulta con ministros para terminar de "afinar" proyecto de presupuesto

El proyecto de ley tal vez más importante del gobierno de Yamandú Orsi —que definirá el presupuesto quinquenal— está, de a poco, entrando en la fase final de su elaboración, ya a pocos días de ser enviado al Parlamento para su tratamiento.

El Poder Ejecutivo está obligado por la Constitución a enviar esta iniciativa antes de que termine el mes de agosto, pero en la Torre Ejecutiva mantienen el objetivo de que el proyecto sea recibido por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, “entre el 20 y 21” de este mes, para que haya más margen de negociación con la oposición —en un contexto complejo puesto que en Diputados el oficialismo no tiene mayorías propias— y para que la ley sea aprobada, en lo posible, en la primera semana de diciembre, dijeron a El País fuentes de Presidencia de la República.

Con esa premura, entonces, el presidente Orsi busca convocar a su gabinete en los próximos días y darle el punto final a la discusión interna, pero antes tendrá un diálogo mano a mano con cada uno de sus ministros, los que han formulado —como es de orden y ocurre en todos los períodos— distintas demandas para sus carteras, y muchas veces requiriendo aumento de recursos.

Esta etapa de encuentros bilaterales y concatenados con los secretarios de Estado inicia este lunes, dijo una fuente del gobierno, y en ellos también participarán otros jerarcas del Poder Ejecutivo. “Es parte de un proceso de trabajo interno para ir afinando las definiciones presupuestales antes del próximo Consejo de Ministros”, dijo otro integrante de Presidencia consultado por El País.

El espacio fiscal que tiene este gobierno para armar su presupuesto es más que acotado, y la definición manejada en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en base a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas que lidera Gabriel Oddone, es que el aumento de gasto no podrá superar los US$ 140 millones.

Para los actuales gobernantes, el déficit fiscal que se recibió del anterior gobierno es “el peor” de la historia, y a él endilgan varios problemas heredados de la administración de Luis Lacalle Pou. Entre ellos, enumeran lo comprometido en la ley referida a la intervención del Casmu; en el pago de US$ 144 millones al Grupo Vía Central tras resolver un diferendo por el Ferrocarril Central; el salvataje de la Caja de Profesionales, que supondrá un aporte del Estado de unos US$ 155 millones anuales; y la situación financiera de ASSE y sus deudas que para las actuales autoridades llegaron a totalizar US$ 280 millones —y para lo que fue necesario aprobar una partida especial de US$ 62 millones en la última Rendición de Cuentas.

Por eso, como indicó El País días atrás, para dar respuesta a las demandas de los ministerios y las diferentes reparticiones del Estado, en muchos casos se priorizará la “reasignación” de recursos”, lo que quiere decir que se verán beneficiados “los que necesitan refuerzos” en detrimento de las áreas y sectores que no tengan tanta urgencia.

Las prioridades que tendrá la iniciativa todavía no se conocen, pero en el oficialismo dan por hecho que se atenderá la seguridad pública, y especialmente la mejora de las condiciones de las cárceles, más un incremento en la “tecnología” con que cuenta la Policía para combatir la delincuencia, además de otros ejes considerados igualmente prioritarios y alineados a las Bases Programáticas del Frente Amplio, como el problema de la pobreza en la primera infancia, la vivienda, aspectos de infraestructura y un mejor sistema de redistribución de la riqueza.