El plan de acción del gobierno para el combate al lavado de activos, con sectores económicos en la mira

Redacción El País
La Estrategia Nacional para la Lucha conta el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue finalmente aprobada por el gobierno de Yamandú Orsi, días atrás, luego de más de un año que está en vueltas (desde la administración de Luis Lacalle Pou) con un borrador listo, que en su momento había adelantado El País. Este documento, una suerte de hoja de ruta sobre qué hacer en la materia, es clave para no caer en listas internacionales que podrían perjudicar al país. ¿Qué aspectos más relevantes contiene la Estrategia Nacional Antilavado? ¿Cuál es el plan de acción del gobierno en materia de combate al lavado de activos?

El gobierno de Lacalle Pou venía trabajando para contar con esta estrategia desde 2022, año en que se realizó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado (aprobada en 2023), bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el asesor internacional Alejandro Montesdeoca.

La Estrategia Nacional Antilavado 2025-2030 fue presentada el jueves por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien dijo que “Uruguay no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y aseguró que “lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión”.

En 2019, tras ser evaluado, Uruguay fue incluido en el proceso de seguimiento intensificado del Gafilat, por presentar ciertas deficiencias, que de no corregirlas para la próxima evaluación, podría caer en una lista pública del GAFI. La siguiente evaluación se espera que sea en 2029.

Foto: Archivo/El País

¿Qué se planea hacer entonces en materia de combate al lavado de activos según el documento?

Con la Estrategia Nacional Antilavado se esperan alcanzar cuatro objetivos específicos.

Uno de ellos es “fortalecer los mecanismos de prevención en los sectores público y privado para detectar oportunamente la ocurrencia de actividades de lavado de activos y sus delitos determinantes, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El segundo es “promover una adecuada coordinación interinstitucional entre los organismos públicos competentes para el diseño y la implementación de las políticas públicas” en la materia.

El tercer objetivo a lograr es “asignar con mayor racionalidad y eficiencia los recursos humanos, financieros y tecnológicos para la prevención y el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

El último, es el de “mejorar la efectividad del sistema en la persecución penal de los delitos de criminalidad organizada, en cuanto a las investigaciones, el enjuiciamiento de los delincuentes, el desmantelamiento de las organizaciones delictivas y la recuperación de los activos relacionados, fortaleciendo la cooperación internacional”.

Para ello, la Estrategia Nacional Antilavado establece un plan de acción a corto (hasta el 31 de mayo de 2026), mediano (hasta el 31 de mayo de 2028) y largo plazo (hasta el 28 de febrero de 2030).

Este plan, “se desarrollará mediante la ejecución a través de un responsable principal y la identificación de los demás responsables como organismos involucrados, lo que facilitará la rendición de cuentas y el seguimiento del plan”, afirmó el documento.

Dentro del plan de acción respecto al fortalecimiento institucional, se destaca el de “fortalecer los mecanismos tendientes a identificar actividades de lavado de activos vinculado a delitos tributarios y aduaneros”. La evasión de impuestos y el contrabando por ejemplo, son delitos precedentes del lavado, según la ley.

Sobre cómo lograr el segundo objetivo (coordinación y cooperación interinstitucionales), del plan de acción se destaca por un lado, la “colaboración del sector público: Reglamentación del artículo 8 de la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017”.

El artículo 8 de esa ley de 2017 establece que “todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso”. Como no está reglamentado, muchos organismos públicos dicen que eso está fuera de su competencia.

El otro aspecto destacado de medidas para lograr el objetivo de coordinación y cooperación interinstitucionales es el de “generar mecanismos de intercambio de información público/privado y privado / privado”.

En cuanto al tercer objetivo (medidas preventivas), del plan de acción que propone la Estrategia Nacional Antilavado resalta: “evaluar la posibilidad de realizar comunicaciones objetivas de ciertas operaciones para actividades y profesiones no financieras designadas a efectos de que las autoridades competentes (Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y Senaclaft) puedan acceder a información relevante que permita la detección de actividades ilícitas, que no necesariamente sean objeto de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

También se destaca la propuesta de “revisar la normativa con relación a los sujetos obligados (a realizar ROS) que se desempeñan en el ámbito de la actividad inmobiliaria, a efectos de adecuar los controles a la naturaleza de sus actividades específicas”. Este es un sector identificado como uno de los principales para el lavado de activos.

Archivo El País

El otro punto destacado en este objetivo es el de “actualizar la evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los principales sectores de sujetos obligados y realizar un análisis de otros sectores económicos que presenten riesgos de ser utilizados para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

La Estrategia Nacional Antilavado propone un plan de acción en cuanto al combate del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Respecto del primero, se destaca como una de las medidas propuestas la de “detección temprana de procesos de radicalización y control de remesas” y la de “fortalecimiento de las políticas migratorias y control fronterizo”. Respecto del segundo aspecto, el plan de acción propone una “evaluación de riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. Además, para ambos plantea la “aplicación de sanaciones financieras dirigidas”.