Es un viejo debate que vuelve una y otra vez. Una disputa discursiva entre las visiones más liberales y las más estatistas de la sociedad: nuevos impuesto sí, nuevos impuestos no. Gravar a los más ricos para reducir la desigualdad versus desincentivar la inversión, alta carga impositiva o la potencial fuga de capitales entre un montón de etcéteras argumentativos que se repiten cada vez que el tema retorna a la agenda político – mediática.
En el Frente Amplio (FA), más bien en la izquierda en su globalidad, la discusión sobre aumentar la imposición tributaria a los que tienen mayor capacidad contributiva suele ser más vehemente que en el caso de los partidos tradicionales. También más recurrente.
Para encontrar el último gran antecedente hay que remontarse a abril de 2020. Los sectores más a la izquierda del FA reclamaron un mayor gravamen sobre el capital y la riqueza —al igual que ahora, se planteó modificar el Impuesto al Patrimonio—, con el objetivo de obtener más recursos para afrontar la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19.
No hubo modificaciones relevantes en esa dirección durante la gestión de Luis Lacalle Pou, pero la coyuntura política de ese momento dejó una frase del exmandatario que la oposición repetiría como una crítica durante toda su administración: la referencia a los “malla oro” para justificar la decisión de no aumentar el gravamen a las empresas porque invierten y dan trabajo.
Empero, no fue solo Lacalle Pou el que tuvo que responder a presiones desde una parte de la sociedad civil y el FA. En setiembre de 2014, durante plena campaña electoral y antes de ocupar la presidencia por segunda vez, Tabaré Vázquez fundamentó en una línea similar la “política deliberada” de no gravar más a las empresas aunque sin la metáfora deportiva.
“Se dice que se grava poco. Es cierto. Pero es una política deliberada que llevamos adelante, porque el exonerar o darle beneficios a las empresas llevó a que hubiera una mayor inversión en el sector productivo y mayor generación de puestos de trabajo que era lo que más nos pedía la gente en el año 2004”, defendió el expresidente en entrevista en Océano FM.
Más allá de los acentos discursivos, las afirmaciones de Vázquez reflejaban lo que fue en realidad la política tributaria llevada adelante por el Frente Amplio durante sus tres gobiernos en los que prevaleció la visión de los más moderados por sobre la de los más radicales. Y todo parece indicar que seguirá ocurriendo.
La riqueza y el trabajo
Al relevar datos sobre la evolución de la carga impositiva entre 2004 y 2019, se desprende que a partir de la reforma tributaria de 2007 la recaudación por impuestos a la propiedad o a la riqueza patrimonial bajó —en términos relativos sobre el total de lo recaudado—, al igual que la asociada al consumo (IVA —el que más recauda— e Imesi). En tanto, aumentaron los ingresos al Estado por gravámenes al trabajo y al capital a través del IRPF, especialmente en el caso del primero, que es el de mayor peso de ese impuesto.
La carga impositiva al trabajo y a la renta de capital pasó de tener un peso relativo del 14,5% en 2004 a casi el 40% de lo recaudado por la DGI durante el último año de gobierno del FA. Después de la reforma, los gravámenes al patrimonio solo un año se ubicaron por encima del 7%, en 2009 (7,1%). En 2019, el peso relativo de ese impuesto sobre lo recaudado se ubicó en el 6,4%; en 2004 había sido del 10,2% y en 2007 del 7,8%. Otro cambio en 2007 fue la modificación de la ley de Inversiones, con ampliación en exoneraciones de IRAE o devoluciones de impuestos por compras, por ejemplo, de maquinarias.
El impuesto a los ricos
En las últimas semanas, una propuesta del economista del Instituto de Economía de la Udelar Mauricio De Rosa que fue recogida por el Pit-Cnt para implementar una tasa del 1% al patrimonio de los sectores más ricos de la sociedad uruguaya, volvió a dividir la interna del oficialismo. La Base Programática 2025-2030 del FA, en la página 29, expresa: “Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”.
“Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. Se propone como objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a un IVA personalizado”, agrega. Basados en este pasaje del documento, los sectores más radicales del FA —entre ellos el Partido Comunista del Uruguay, el Partido Socialista, Casa Grande, así como dirigentes de La Amplia y de la 711, como Felipe Carballo— se posicionaron a favor de la propuesta y reclaman al Poder Ejecutivo que habilite su discusión.
No obstante, tanto el presidente de la República, Yamandú Orsi, como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, han descartado la posibilidad de generar una carga impositiva mayor para las personas físicas con más patrimonio. Entrevistado por el programa de streaming La Fórmula, el economista brindó sus argumentos filosóficos sobre su visión de política económica.
“La tributación es un instrumento que debe permitir recaudar la mayor cantidad de dinero para que con el gasto se puedan hacer las políticas de distribución. Para ello, hay que tener una estructura tributaria que atienda simultáneamente aspectos de equidad, de suficiencia y de eficiencia. En un país pequeño, con una economía abierta y libre movilidad de capitales, un énfasis excesivo en la equidad dentro de la política tributaria puede poner en riesgo la recaudación. Este trípode tiene que estar permanentemente puesto sobre la mesa”, valoró Oddone.
Por su parte, el presidente reiteró que no se va a impulsar el tributo reclamado y reivindicó la reforma impositiva liderada por Danilo Astori que llevó adelante su fuerza política en 2007, un punto de inflexión en la estructura impositiva del país.