Oposición ante la compra del INC: censura al ministro, denuncia penal o promover trámite destinado al olvido

La oposición política valoró este viernes como un triunfo la decisión del directoriodel Instituto Nacional de Colonización (INC) de, por el momento, no reiterar el gasto, observado recientemente por el Tribunal de Cuentas (TCR), de US$ 32,5 millones para la compra de la Estancia María Dolores, en Florida. De todas formas, en la coalición republicana ya se tienen sobre la mesa varias opciones en caso de que la institución decida, en definitiva, avanzar en el cuestionado proceso.

Por cuatro votos en siete, el TCR decidió el pasado miércoles observar esa compra, por un total de 4.404 hectáreas, en función de cuatro observaciones: que la compra fue aprobada con el voto de tres y no de cuatro de los directores del INC, que existe en vigencia una "prenda" sobre el sistema de riego de predio, que Colonización carece de disponibilidad prespuestal para la compra y que el gasto supera la propia asignación presupuestal de la institución.

La decisión se tomó a partir de una moción presentada por el director en representación del Poder Ejecutivo, Milton Perdomo, y que tiene como objetivo hacer un análisis "en profundidad" de los "argumentos jurídicos" del INC, agregaron los informantes.

Según supo El País la postergación - definida casi sin discusión y promovida por el director Milton Perdomo - será por diez días , tiempo en el que se analizarán "en profundidad" los argumentos jurídicos con los que cuenta Colonización para la compra.

Colonización está así ante un brete, dado que necesariamente deberá reiterar el gasto cuestionado para que la compra se concrete, dado que en su momento fue realizada "ad referéndum" de la intervención del TCR. Si así sucede, la decisión desencadenará una serie de acontecimientos políticos y judiciales por parte de la oposición.

La primera opción en filas de la coalición pasa por interpelar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti. Según pudo saber El País, a los efectos blancos y colorados ya están coordinando acciones, con la intención de de procesar el llamado a sala a través de la Cámara de Diputados. El objetivo es aprovechar que allí el Frente Amplio (FA) carece de mayorías, por lo que aparece como más factible la posiblidad de avanzar, directamente, en un pedido de censura a Fratti. La intención, según dijo el senador nacionalista Sebastián Da Silva, es poder darle allí un "buen revolcón"al ministro, fuerte defensor de la cuestionada compra.

La segunda opción es la presentación de una denuncia penal contra los responsables de la compra. La posibilidad viene siendo mencionada en filas del Partido Colorado, donde varios dirigentes apuntan al senador Pedro Bordaberry. "Nombraron dos colonos directores y así consiguieron tres votos en cinco para aprobar en forma ilegal la compra de un campo", apuntó en redes el líder de Vamos Uruguay marcando uno por uno los cuestionamientos expresados días atrás por el TCR al observar la compra.

"Hemos pedido a nuestros asesores jurídicos que analicen las responsabilidades penales que puedan existir" señaló Bordaberry, con respecto al cuestionado proceso.

La tercera opción para frustrar la compra - no excluyente de las demás está completada en el literal B del artículo 211 de la Constitución. Si se insiste en el gasto, y si el TCR mantiene sus observaciones, lo deberá notificar a la Asamblea General del Poder Legislativo. Una posibilidad, por cierto, bastante lejana, dado que nunca en la historia - por lo menos así lo indican los registros - ese ámbito parlamentario se reunió alguna vez para discutir algún informe del tribunal de contralor.

Desde el inicio de esta la legislatura, el 15 de febrero, el TCR lleva enviadas 466 observaciones, de las que ninguna ha tenido tratamiento hasta el momento. La más reciente llegó el pasado miércoles, observando dos gastos del Banco de Seguros del Estado (BSE) por US$ 2,5 millones.

Vale decir que, si Colonización definiera eventualmente dar marcha atrás con la compra de la Estancia María Dolores, se expondrá a tener que abonar una multa, prevista en US$ 3,2 millones, la décima parte del monto anunciado de compra.

Al respecto, entre los integrantes del directorio del Instituto Nacional de Colonización existe una duda sobre la fecha en que estaría venciendo la opción de compra. Las diferencias radican en la propia redacción de la ley que regula a la institución. La más pesismista para los intereses del organismo indica que ese plazo vence este lunes 30 de junio. La otra tesis es que el plazo vencerá recién a finales de agosto.

Las observaciones realizadas en estos últimos cuatro meses por parte del Tribunal de Cuentas (TCR) abarcan prácticamente a todos los organismos del Estado, y en buena parte son relativas a gastos ordenados por la pasada administración. Allí se cuentan, entre otras, una licitación para la compra de camionetas por el Ministerio del Interior por US$ 611 mil, diversas compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), o contraciones directas a organizaciones civiles por parte del Ministerio de DEsarrollo Social (Mides) por casi US$ 500 mil.

En la primera semana de esta legislatura el TCR envió al Parlamento una decena de escritos relacionados con la decisión de UTE de mantener otras tantas adquisiciones observadas. Entre ellas una relativa a una licitación destinadas a obras de mantenimiento en líneas aéreas y subestaciones de distribución.

Para pronunciarse sobre las obervaciones del tribunal, la Asamblea General necesita de una mayoría de dos tercios del total de sus integrantes, lo que equivale al voto de 87 de los 130 legisladores.

Vale decir que en la pasada legislatura, entre el 15 de febrero de 2020 y el 15 de febrero de este año, la Asamblea General del Poder Legislativo recibió de parte del TCR un total de 2.876 avisos, ante otras tantas reiteraciones de gastos que habían sido observados en ese período por parte del órgano contralor en prácticamente todas las dependencias del Estado. En ningún caso la Asamblea General realizó una sesión en los últimos cinco años para discutir o analizar alguna de estas observaciones.