Olivera sorprendió con idea de cambiar sitio de planta de hidrógeno cuando gobierno publicó informe ambiental

En un viaje realizado el mes pasado a la región chilena de Magallanes, donde HIF Global tiene una planta de hidrógeno verde muy similar a la que quiere instalar en Uruguay, y al que asistieron representantes del gobierno de Yamandú Orsi, de la propia firma y de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), surgió la idea que comunicó públicamente este miércoles el intendente Nicolás Olivera: que la planta de hidrógeno verde, que se proyecta como la inversión más grande de Uruguay —unos US$ 5.385 millones que se alcanzarían en la etapa final—, podría no instalarse donde está previsto que lo haga, en la localidad de Constancia, a orillas del río Uruguay, sino en otro lado, con más facilidades.

"Es un lugar que puede ofrecer ventajas logísticas", dijo Olivera ayer por la tarde, luego de reunirse con el presidente, con tuvo un encuentro pactado de antemano, y que sirvió para hablar sobre la situación del empleo en Paysandú, pero que terminó teniendo este asunto como el principal de la conversación.

"El gobierno y nosotros creemos que el proyecto tiene viabilidad, que se está haciendo todo para concretarlo, y ahora estamos trabajando en esta nueva postura de poder analizar la relocalización dentro de Paysandú", agregó Olivera, que precisó que este nuevo sitio, que según supo El País está ubicado en un predio de Ancap, ofrece una "ventaja logística" que permitirá cerrar "un círculo virtuoso que sería importante" para su departamento.

"Es una propuesta que se viene manejando —agregó—, que hoy se la trajimos formalmente al presidente, pero que el gobierno la tiene y la viene masticando y estamos todos alineados".

La clave de esta nueva alternativa, dijeron a El País allegados a Olivera, es que al entender del gobierno sanducero no solo no atrasaría los tiempos burocráticos, que se vienen cumpliendo paso a paso, sino que incluso "aceleraría" algunas etapas. "Esto no es empezar de cero, porque el lugar que se encontró tiene categoría para uso industrial, accesibilidad en infraestructura y hasta ferroviaria", dijo el informante.

Otra ventaja relevante, sobre la que incluso hizo referencia Olivera, tiene que ver con los fuertes reclamos que se venían produciendo en Argentina, concretamente de parte del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por el daño ambiental y social que esta planta produciría en la orilla argentina. Este cuestionamiento fue incluso trasladado oficialmente en una reunión que se hizo en el Palacio Santos en noviembre pasado, en donde participaron, además de Olivera y el canciller Mario Lubetkin, Frigerio, el ministro argentino Pablo Quirno y el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser.

En esa ocasión, Olivera hizo valer que la relocalización, que es lo que pedían los argentinos, no era una opción que manejara Uruguay, porque eso supondría retroceder “dos o tres años” en el proceso, lo que implicaba engorrosas audiencias públicas y profundos trabajos de recategorización de suelos.

Pero ahora el panorama cambió y bastante, en su visión. "Está bastante avanzado en cuanto a ver lo positivo de la relocalización —dijo Olivera en la rueda de prensa—, sobre todo con una sensibilidad, que el presidente ha mostrado, de poder contemplar" las críticas de los argentinos, "pero en todo momento reivindicando la soberanía que Uruguay tiene, cuando se trata de decidir las inversiones y dónde hacerlas"

Y concluyó: "Si se ubica en un lugar donde ya existen condiciones preexistentes para la radicación de algún emprendimiento industrial, y si eso desde el punto de vista ambiental" y logístico "encuentra ventajas", no tendría sentido aferrarse al plan inicial. "Sería necio no analizarlo y el gobierno lo ve con buenos ojos", insistió.

El pasado 13 de marzo, HIF presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) su informe de impacto ambiental, que el gobierno hizo público también este miércoles. Allí se específica los procesos de producción de la planta, así como de su construcción. Por ejemplo, es puntualiza que "la demanda de mano de obra seguirá una distribución tipo campana, aumentando de forma progresiva con el arranque de la construcción de los trenes y luego disminuyendo nuevamente al finalizarse de forma gradual, con un promedio para toda la fase de aproximadamente 1.375 personas". "Se estima —agrega— una composición de al menos 70% de mano de obra nacional y 30%".

Sobre la incidencia ambiental propiamente dicha, en el resumen ejecutivo se describe que lo "los impactos" serán "de distintas magnitud, algunos de ellos con efectos negativos potencialmente significativos"." Los aspectos más relevantes identificados —se detalla— son la transformación del uso del suelo, la remoción de cobertura vegetación nativa, la fragmentación de hábitats, la afectación potencial a fauna de interés para la conservación, los cambios inducidos en el paisaje, el incremento de los niveles sonoros asociado a las actividades en sitio y al tránsito por la vía de acceso, la interacción con el río Uruguay y la faja costera y ciertos riesgos sobre el patrimonio cultural y arqueológico extranjera".

El estudio diferencia entre impactos de "baja significancia, como aquellos a priori mitigables mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales estándar", y los que "requieren medidas específicas de prevención, mitigación, restauración o compensación".

La fase de construcción, dice el informe, es "la más exigente en términos ambientales y sociales, dado el porte y la duración de la obra, así como la magnitud de empleo directo asociado". Esto podría tener como consecuencia "la pérdida de tierras con aptitud agropecuaria, la remoción de vegetación, la fragmentación de hábitats y la perturbación de especies prioritarias para la conservación, tanto en el predio industrial como en las obras de ductos que transportaran los combustibles y el CO2 procedente de ALUR, el colector de efluentes, la aducción de agua del río y el acceso fluvial temporal".

También se afirma que, "en particular", la empresa debería no solo mitigar sino también ofrecer "compromisos de compensación" en el caso de "la afectación sobre ecosistemas terrestres por la tala de monte nativo en el área donde se emplazará el desarrollo industrial", que es lo que ahora está en revisión.

"Respecto de la calidad del agua y el riesgo de contaminación, se identifican como impactos potenciales los derrames de sustancias químicas, combustibles, aceites y efluentes, tanto durante la construcción como en la operación. No obstante, concluye que estos riesgos pueden reducirse a niveles de impacto bajos mediante infraestructura adecuada prevista en el proyecto, procedimientos de manejo seguro, sistemas de contención, protocolos de respuesta a
contingencias y tratamiento apropiado de aguas de lavado y escorrentías". Y se añade que "se prevé además el manejo controlado de pluviales potencialmente contaminados mediante canalizaciones, piletas de sedimentación, separadores de hidrocarburos y rutinas de inspección y limpieza".

No hay grandes riesgos visualizados en cuanto a "las emisiones atmosféricas de fuentes fija", pero sí en lo relacionado al "componente acústico" que generará la construcción, lo que producirá un "efecto acumulativo sobre receptores sensibles".

Sobre la incidencia en la vecina orilla, el informe hace referencia a la "dimensión paisajística", ya que este sería, en la ubicación original, "uno de los impactos de mayor sensibilidad, en particular por la localización del proyecto y su posible visibilidad desde la ciudad de Colón, en Argentina". Aunque luego se menciona que hubo rediseños de manera de paliar este efecto.

En definitiva, se establece por último el informe da cuenta de la posibilidad de implementar "un conjunto amplio de medidas de prevención, mitigación, restauración, compensación y seguimiento que permiten reducir sustancialmente la significancia residual de los impactos identificados, siempre que estas medidas se implementen de forma efectiva y sostenida", y que, "a nivel social", lo que predominan son "expectativas positivas asociadas al empleo, la actividad económica y la generación de nuevas capacidades, aunque persisten preocupaciones vinculadas a la pérdida de biodiversidad, el uso y preservación del agua, el incremento de tránsito, ruido, los efectos sobre el paisaje y la potencial conflictividad transfronteriza".