Fraude, conjunción de intereses y abuso de funciones: detalles de la denuncia de ASSE sobre la gestión de Cipriani

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) encabezada por Álvaro Danza denunció el viernes pasado penalmente a la gestión liderada por Leonardo Cipriani por presuntas irregularidades en las compras de traslados a ITHG (hoy UTAM) entre 2022 y 2024, en los convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y en la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

Los jerarcas de ASSE concurrieron personalmente a la sede de Fiscalía, donde se reunieron con la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrerro, para denunciar “hechos con apariencia delictiva sucedidos en la anterior gestión de ASSE, cometidos por funcionarios públicos”, según el escrito presentado, al que accedió El País.

La denuncia de ASSE fue tras recibir auditorías que marcaron "excesivos gastos" y otras supuestas irregularidades en estudios y traslados durante la pasada administración. A juicio de las autoridades, las conductas de los exjerarcas “encuadrarían” en los delitos contra la administración pública, en particular en las figuras de “fraude”, “conjunción del interés público con el privado” y “abuso innominado de funciones”, previstos en el Código Penal.

De acuerdo a la información recabada, “no sólo existió un apartamiento del estándar mínimo de comportamiento en la función pública, sino que existieron conductas de diferentes jerarcas que llevaron a debilitar la estructura presupuestal y operativa del organismo en aprovechamiento de terceros o propios”, agregó la denuncia.

En el capítulo de “eventuales responsabilidades penales”, se marcó que según la División Jurídica de ASSE, y luego la Dirección Jurídico Notarial del prestador, el anterior directorio incurrió prima facie en “falta administrativa” por “suscribir” los convenios de complementación con Casmu y Círculo Católico, y que por su cargo jerárquico “no podían desconocer” el “exponencial” gasto de la implementación de los convenios citados y las compras directas realizadas por ITHG hoy UTAM, “sin los procedimientos competitivos correspondientes”.

Los informes jurídicos de ASSE también incluyeron entre quienes incurrieron en “faltas administrativas” al exgerente general de ASSE hasta julio de 2024, Eduardo Henderson, así como el exgerente administrativo de la pasada gestión, Juan Behrend, y al exdirector de SAME 105, José Antonio Rodríguez.

“La contundencia de ambos plexos jurídicos no agotan la instancia en la vía administrativa, sino que es necesaria la realización de una profunda y eficaz investigación en materia penal, con todas las garantías que un estado de derecho debe brindar, a los efectos de comprobar la existencia o no de ilícitos penales en perjuicio de la administración pública”, se añadió.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º Turno, Gilberto Rodríguez, está a cargo de la investigación de la denuncia que radicó ASSE la semana pasada, quien por el momento no realizó citaciones, según supo El País.

La denuncia plantea que la existencia de contratos entre ASSE e ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, “confiriendo el monopolio de los traslados, sin pergaminos comerciales en el rubro para realizarlos podría encartar en la conducta descrita en el artículo 160 del Código Penal”, en referencia al delito de fraude.

“Existen indicios de maniobras engañosas para que se produjera la adjudicación. En efecto, el cambio del objeto del gasto mencionado, el fraccionamiento doloso, las licitaciones observadas por múltiples irregularidades, o eventuales llamado a precios que no existieron podrían considerarse acciones que indican que nos encontramos frente a la conducta tipificada en el artículo 160 del Código Penal”, marcó.

Respecto al delito de conjunción del interés público con el privado, la denuncia apunta especialmente contra Cipriani, quien antes de ser presidente de ASSE fue director técnico de Círculo Católico, y el 16 de agosto pasado volvió a ser contratado por la mutualista como coordinador asistencial.

“Durante su mandato en ASSE pudo beneficiar una empresa privada en la que antes se desempeñó en puestos de relevancia y posteriormente también ya que un año después ocupó un puesto probablemente relevante en la toma de decisiones”, se indicó.

La denuncia planteó que si bien Cipriani no firmó el convenio entre ASSE y Círculo Católico en 2022 -rescindido el año pasado- “ello no excluye la necesidad de investigar los hechos para determinar una eventual responsabilidad penal”.

El escrito deslizó que “no debe perderse de vista” que varias autoridades “tienen emprendimientos juntos, y hace mucho tiempo que se conocen”, y menciona a Cipriani, al director de convenios, Martín Serra, y al exdirector de SAME 105, Rodríguez.

En relación al abuso innominado de funciones, se apuntó a la “supresión” del área de Control, Evolución y Seguimiento de pacientes ingresados a CTI privados, “dispuesta por el Director de SAME 105 al asumir el cargo”, lo que “debilitó” los controles.

También se marcó la “excesiva reiteración de gastos” en condiciones observadas por el Tribunal de Cuentas, “sin acatar una de las tantas recomendaciones”, y la “inversión de la lógica de contratación”, en referencia a las contrataciones a ITHG.

Respecto a otras figuras penales que “no deben descartarse” frente a las investigaciones realizadas, el escrito de ASSE apunta a un “eventual enriquecimiento ilícito patrimonial”, así como “eventuales participaciones de terceros”.

La denuncia de ASSE dio cuenta del “Plan de auditorías” de traslados y estudios entre 2022 y 2024, activado en junio pasado. “De la auditoría puede concluirse que sólo en tres años (desde 2022 a 2024) los gastos en traslados aumentaron a casi $ 1.500.000.000, por año en promedio, sin existir cambios significativos en el flujo de los traslados”, marcó.

La investigación marcó que SAME 105 concentró el 46% de gastos en todos los traslados realizados por ASSE en el período citado. El gasto al final del trienio en la unidad ejecutora ascendió a unos $ 2.154 millones, unos US$ 54 millones.

A su vez, el 96,47% del gasto en traslados de SAME 105 lo recibió ITHG. La firma facturó a ASSE $ 565 millones en 2022, $ 570 millones en 2023 y $ 826 millones en 2024, totalizando $ 1.962 millones. En esos años, SAME 105 superó la pauta anual entre 508% a 693%.

La auditoría reportó además “compras innecesarias” a ITHG, con precios “mayores” que en el mercado, con “debilidades” en el control, así como “omisión” de procedimientos de compras competitivos y órdenes de compra, entre otras supuestas irregularidades.

“Una empresa que no tenía antecedentes en el rubro ya que su objeto principal era, como lo indica su nombre, la proveeduría de servicios marítimos, adquirió en tres años casi el monopolio del servicio de traslados aumentando los gastos de manera exorbitante”, marcó la denuncia sobre ITHG.

En la auditoría sobre estudios, también entre 2022 y 2024, se marcó que los principales prestadores objeto del “aumento” del gasto fueron Círculo Católico y Casmu. En ese período se firmaron convenios con ambas mutualistas por camas de internación que contemplaban los insumos que cada cama tenía, aunque se cobraron “gastos extras que estaban incluidos”. "Se gastó por encima de US$ 24.000.000 de lo estipulado en el convenio con respecto a Círculo Católico”, agregó.

“Las cifras manejadas, con respecto a los gastos en el rubro estudios y camas dan cuenta que ha existido un crecimiento exponencial, no justificado por aumento de la demanda”, concluyó la denuncia, que expuso varios detalles de las auditorías que se fueron conociendo en los últimos meses.

La denuncia marcó como “llamativo” que las contrataciones a Casmu en 2024 fueron “77 veces más” respecto a 2019, año prepandemia. Mientras que las compras al Círculo Católico, que absorbió el Sanatorio Galicia de Casa de Galicia, pasaron de $ 268 millones en 2019 a $ 1.104 millones en 2024.

La denuncia también incluyó la investigación sobre el convenio de Casmu con ASSE para el Hospital de Treinta y Tres. Allí se determinó que el acuerdo “no ha cumplido plenamente con las funciones de contraprestación de servicios previstas”, así como la “ausencia de control de cumplimiento del servicio” e “irregularidades” en la contratación de personal tercerizado y en el block quirúrgico.