Planta de hidrógeno verde en Paysandú: legisladores peronistas piden informes a CARU y Dinacea

La controversia por la instalación de la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global en Paysandú sumó un nuevo capítulo judicial. Legisladores peronistas de la provincia de Entre Ríos, encabezados por el diputado Guillermo Michel, la diputada Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, solicitaron ante la Justicia una batería de medidas de prueba que incluyen citaciones testimoniales a las máximas autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y peritajes biológicos de oficio.

El reclamo apunta a determinar si el Estado uruguayo y la empresa cumplieron con los protocolos de impacto ambiental transfronterizo estipulados en el Estatuto del Río Uruguay.

El centro de la demanda civil de prevención de daños radica en la presunta omisión de los mecanismos de consulta previa entre ambos países. Según los demandantes, el emprendimiento —que prevé una inversión millonaria para la producción de metanol a partir de fuentes renovables— podría generar efectos ambientales en territorio argentino sin que se haya realizado la evaluación conjunta obligatoria.

"La Justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión evita", sentenció Michel, cuestionando la inacción del gobierno provincial entrerriano y exigiendo que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) de Uruguay remita de inmediato los expedientes de autorización ambiental previa.

En el escrito presentado, los legisladores requirieron que Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta, responsables de la CARU, declaren sobre si el proyecto fue informado formalmente al organismo binacional. Asimismo, solicitaron que el Registro Nacional de Comercio de Uruguay y el Banco Central del Uruguay (BCU) identifiquen a los beneficiarios finales y la composición societaria de HIF Uruguay y HIF Global. Esta búsqueda de transparencia apunta a desglosar la estructura legal de la firma que planea operar frente a la localidad argentina de Colón, en un área de alta sensibilidad hídrica.

La ofensiva legal incluye el pedido para designar a un perito biólogo que analice las posibles consecuencias de la planta de combustibles sintéticos en el ecosistema compartido. Los demandantes insisten en que el Estatuto del Río Uruguay obliga a presentar un estudio de impacto ambiental transfronterizo detallado, documento que, según alegan, aún no ha sido compartido de manera oficial.

El proyecto de HIF Global no solo contempla la planta de metanol, sino también el desarrollo de extensos parques de generación de energía solar y eólica en las cercanías de la ciudad sanducera para alimentar el proceso de electrólisis.

Foto: Pedro Dutour

En un salón del Centro Universitario Regional Litoral Norte, en Paysandú, lo que estaba previsto como una instancia abierta de intercambio sobre la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del hidrógeno verde -de la mano de la planta prevista a construir por parte de HIF en el departamento- derivó en un encuentro atravesado por cuestionamientos, interrupciones y reclamos de mayor participación. La convocatoria, impulsada por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, buscaba recoger aportes de la ciudadanía para un proceso que el gobierno pretende cerrar en mayo. Pero el ida y vuelta con el público evidenció una brecha entre el diseño institucional y la percepción de quienes asistieron.

La dinámica se tensó desde el inicio. En medio de las exposiciones, varios asistentes interrumpieron para reclamar cambios en la metodología y más espacio para preguntas. “Es una falta de respeto por la forma que se está planteando este taller”, lanzó una participante. Desde el estrado, el asesor ambiental Agustín Artigas respondió en el mismo tono: calificó ese señalamiento como “una falta de respeto”. La escena sintetizó el clima de la jornada.

Foto: Pedro Dutour

Las críticas apuntaron a la representatividad y al alcance real de estos espacios. “Nada de ahí nos representa”, dijo otra concurrente, mientras una tercera pidió: “¿Me podrías mostrar los resultados de los encuentros con la sociedad civil?”. Entre el público -docentes, activistas, vecinos y técnicos- se reiteró la idea de que la participación es más formal que efectiva. “Son selectivos en los técnicos que eligen”, cuestionó un asistente.

Desde Guichón, un integrante de un colectivo ambiental fue más allá: pidió frenar avances vinculados al hidrógeno verde “hasta tanto se tenga la evaluación de ambiente” y advirtió sobre la falta de presencia estatal en instancias locales donde ya han circulado proyectos privados. En paralelo, surgieron preocupaciones concretas como el impacto en acuíferos, biodiversidad, rutas migratorias de aves y el uso del suelo en zonas cercanas a áreas protegidas.

Foto: Pedro Dutour

Frente a ese escenario, los representantes oficiales defendieron el proceso en curso. El asesor del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Federico Rehermann, explicó que los encuentros forman parte de una serie iniciada en 2025 y que responden, en parte, a pedidos de organizaciones sociales para llevar la discusión al territorio. “La idea es presentar avances y recoger preocupaciones para definir criterios de sostenibilidad”, señaló.

Rehermann insistió en que el hidrógeno verde puede representar “una oportunidad de desarrollo de triple impacto” -económico, social y ambiental-, siempre que se implemente bajo condiciones estrictas. Enmarcó esa apuesta en la necesidad global de reducir emisiones: “El 75% de los gases de efecto invernadero proviene del sector energético”, recordó, y subrayó que Uruguay, pese a su matriz eléctrica mayoritariamente renovable, mantiene una alta dependencia de combustibles fósiles en el transporte.
En base a EFE